Desde el 18 de octubre hasta febrero de este año, Chile extravió su Paz Social; parte de la ciudadanía decidió expresar su malestar por diversas situaciones que provienen de leyes que afectan negativamente derechos sociales, y el Gobierno reaccionó, limitando derechos y libertades.

Las protestas, disturbios, evasiones, saqueos y incendios dieron forma a un fenómeno que identificamos como "Estallido social". Esa energía, encuentra hoy, su esperanza de encauce en el proceso constituyente, herramienta para la construcción de un futuro común y mejor. En paralelo, más de 5.000 personas formalizadas y algo más de 600 privadas de libertad dentro del contexto estallido, y otros 75, por violación a los Derechos Humanos. Los primeros, luchadores sociales compartiendo expediente con delincuentes comunes y los otros, agentes del Estado. Todos hoy trabajando en su respectiva Teoría del Caso, para eximir o atenuar su responsabilidad. Los luchadores sociales, seguramente, argumentarán legítima defensa y los agentes del Estado, obediencia debida. En el plano de la legítima defensa, podrá invocar el contenido de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1798), o Declaración de Independencia de EE.UU. (1776), para dar cuerpo a la desobediencia civil, como un derecho humano inalienable, que justifica su protesta social para provocar un cambio necesario ante un sistema que no cumple con las promesas de igualdad de oportunidades y un futuro mejor. En el plano político y recordando nuestra historia Constitucional, el indulto puede constituir una fuente para zanjar condenas gravosas y una Amnistía que es el olvido del delito y su vigencia, en tiempos de democracia directa, podría entregarse a la ciudadanía mediante Plebiscito. No obstante todo ello, lo eficiente es incentivar a los operadores del sistema penal para que den velocidad al juzgamiento de los formalizados, con un orientación institucional (no individual) que les permita discriminar rápidamente entre conductas delictivas, de aquellas que descansan en legítima defensa u obediencia debida, prefiriendo salidas alternativas a la condena. Indultos, amnistías y plebiscitos resultan, por ahora, innecesarios. Los operadores del sistema constituyen la solución institucional.

Antonio Rojas, Abogado

Es fundamental, para el Estado de Derecho, el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales. Entre ellas el derecho a un justo y debido proceso y, por cierto, la igualdad ante la ley. Hay casos de detenidos, después de un año, que requieren solución urgente.

Concuerdo con Felipe Berríos, que debiera existir una reflexión profunda sobre la situación particular de los jóvenes y también, con algunos parlamentarios que han presentado proyectos de ley que precisamente permitirían este debate en el Congreso. Más aún cuando hemos conocido situaciones de adulteración de pruebas, y también con fallos absolutorios -por falta de pruebas- después de un año en que hubo personas privadas de libertad por ese largo periodo.

¿Quién se hace cargo de ese año en la cárcel, del sufrimiento propio y de los familiares, de la estigmatización social? El sistema procesal entero ha fallado al mantener medidas cautelares gravosas por tan largo tiempo que se asimilan a una condena. Un día de un inocente en la cárcel es grave; un año es irreparable. Cuando se implementó la reforma procesal penal, se hizo precisamente para cautelar los derechos de las partes de un proceso; después de 20 años se hace necesario revisar, a la luz de lo ocurrido, si ello se está cumpliendo.

Al mismo tiempo… ¿Qué hacer con los casos de las fuerzas policiales imputadas de faltas y delitos?

Carabineros es una institución que de ser de las más queridas por la ciudadanía hoy es de las más cuestionadas. Ello, lamentablemente, no es casual.

Primero fue el fraude económico. Luego, el actuar desmedido en el estallido social del cual dan cuenta todos los informes internacionales de derechos humanos. También el INDH, que coinciden en señalar graves y permanentes violaciones a los DD.HH por parte de sus funcionarios; uso excesivo de la fuerza, sin respetar los protocolos internos. El uso indiscriminado de elementos "menos letales", con miles de heridos y cientos de mutilados. A ello hay que agregar graves hechos como el del joven del Puente pío Nono en Santiago y las denunciadas tergiversaciones de esos hechos, eventuales encubrimientos, etc.

Es decir, una institución carente de credibilidad. Así, es imposible que pueda cumplir con su mandato en relación a la prevención de delitos y mantención del orden público.

La solución es una reforma de Carabineros profunda y urgente. Lamentablemente para el Gobierno ello no es prioridad. Después de un año recién, hace un par de días, se nombró a quien dirigirá la comisión creada al efecto, sin tampoco tratarse de un experto en temas policiales ni de derechos humanos. Aquí la reforma no es sólo de gestión institucional, que, por cierto, es relevante. Se trata de reformular para el siglo 21 una institución militarizada que no se adecuó al respeto, promoción y defensa de los DD.HH. Se trata de crear una policía para la democracia. Y eso el gobierno no lo ha entendido.

Paulina Vodanovic, Abogada consejera del Colegio de Abogados, presidiendo su Comisión de Derechos Humanos