UUno de los dilemas del Chile contemporáneo -en cuyo desenlace algunos abrigan grandes esperanzas y otros grandes temores- lo constituye "la cuestión constitucional". A propósito de esta surgen varias preguntas. ¿En virtud de qué razones debe cambiarse la constitución? ¿Para alcanzar qué objetivos? ¿Será verdad que una nueva constitución debería ser trazada sobre un papel en blanco, sin nada que la restrinja o la anteceda? ¿Tenemos derechos que la constitución debe recoger o los derechos que tengamos dependerán de lo que los constituyentes decidan sin que contemos con ningún criterio independiente para juzgar sus decisiones? ¿Las demandas de igualdad serán satisfechas con un nuevo texto constitucional? ¿Serán promesas que arriesgan ser defraudadas o constituirán el dibujo de un horizonte hacia el que poco a poco la sociedad podría dirigirse? ¿La comunidad política que la constitución expresará será la nación -el sueño de todos unidos por un pasado común- o será un ámbito multicultural -formas de vida distintas unidas por el futuro? ¿Habrá que defender la constitución mediante un tribunal no electo -el Tribunal Constitucional- o esa sería una traición a las mayorías? ¿Diseñar una constitución es constituir a un sujeto colectivo -el pueblo- o establecer reglas para que individuos y grupos diversos compitan por el poder y coexistan pacíficamente? ¿Una constitución es una decisión acerca del tipo de comunidad que queremos ser, o un puñado de reglas para la convivencia? ¿Una decisión de constituirnos en comunidad o un simple modus vivendi?

Al ocuparse de ese tipo de cuestiones es conveniente poner atención a lo que pudiéramos llamar los problemas o las preguntas de base, esas interrogantes que, una vez respondidas, ayudan a resolver todas las demás. En su famoso texto de ética, Spinoza identificó los problemas centrales, procuró definirlos, y de ahí derivó los demás que de ellos se deducían. La cuestión constitucional es, también, una cuestión de índole práctica -intenta responder la pregunta de cómo debemos organizar la vida en común- y por eso no es descaminado abordarla de esa manera, identificando los asuntos centrales que la configuran.

Ahora bien, cuando se observa el diseño constitucional y se identifican las dimensiones de las que se ocupa, aparecen notoriamente dos. De una parte, la constitución ha de organizar el poder del gobierno y definir la estructura del Estado; de la otra, ha de establecer los límites de ese poder tanto en el sentido de poner cortapisas a su ejercicio, como de establecer líneas para orientarlo. Se trata de dos cuestiones distintas, una es relativa a quién ha de mandar o ejercer el poder; la otra es cuánto deba o no mandarnos. Una cosa es decir quién manda y otra cosa es decir cuáles son los límites que deberá respetar.

Media una diferencia fundamental entre esos dos problemas.

El de los límites y orientación del poder es sustantivo (puesto que define en qué medida el individuo debe quedar indemne) y fija, por decirlo así, el fin de una comunidad política respecto del cual el diseño del gobierno y la forma del Estado son instrumentos. Una vez que usted reconoce que la comunidad política debe favorecer la autonomía de los ciudadanos (para que cada uno, como expresa la carta de Bonn, desarrolle libremente su personalidad), el problema de la forma del Estado (si federal, unitario o provisto de autonomías) y del régimen de gobierno (parlamentario o presidencialista) consiste en decidir cuál, a la luz de las circunstancias de cada caso, maximizan ese bien.

Así, entonces, para asomarse al debate constitucional y los problemas que deberá resolver es imprescindible comenzar por el segundo de ellos: ¿cuáles serán las esferas de inmunidad que el poder no podrá transgredir y el sentido que su ejercicio habrá de poseer? La respuesta a esa pregunta constituye la cuestión central de un debate de esta índole. Y para participar de él hay que familiarizarse con los aspectos principales de las posiciones que admite.

Pero para eso es imprescindible evitar dos peligros.

Uno de esos peligros es la actitud hipócrita ante el diálogo constitucional. Esta consiste en creer que el diálogo es simplemente un disfraz, una máscara para un asunto de poder que sería su verdadero y único rostro. El hipócrita constitucional participaría del diálogo con una actitud puramente estratégica, animado por el propósito de solo imponer su voluntad dando este argumento o el otro, formulando este planteamiento o aquel como si fueran fichas en un tablero -el tablero del poder- y no como razones destinadas a persuadir, razones que se exponen para saber cuán fuertes son. El hipócrita constitucional participa del debate como un observador externo que no se compromete de verdad en él.

El otro peligro es la ingenuidad. Esta actitud, exactamente opuesta a la anterior, consiste en creer que el debate constitucional es un diálogo sin restricciones, una especie de debate entre juristas ante un foro imparcial que sería la ciudadanía, un foro del que estarían excluidas la fuerza, la amenaza o el comportamiento estratégico. El ingenuo constitucional piensa que cuanto se necesita es un buen argumento, una razón que encadenándose con otra conduzca al texto final.

Desgraciadamente, y como todo lo humano, el debate constitucional es una mezcla de ambas actitudes y de ambas cosas: una lucha por imponer la propia voluntad y, al mismo tiempo, el intento de convencer al otro dando buenas razones. El debate sobre la constitución siempre principia como una cuestión de poder (y en esto el hipócrita tiene razón). Por múltiples causas de pronto las instituciones sociales se desnudan, pierden autoridad o legitimidad, y entonces el poder se difumina y se traslada a la acción o a la protesta hasta que las fuerzas en pugna convienen un nuevo procedimiento y una nueva distribución de competencias para la vida en común.

"El desafío constitucional" es parte del libro anterior de Peña "Pensar el malestar".

Por Carlos Peña

"¿En virtud de qué razones debe cambiarse la constitución? ¿Para alcanzar qué objetivos?"

©Wellcome Images