Redacción

No ejecutar las leyes en materia de orden público, infringir la Constitución o las leyes "vulnerando el derecho fundamental de igualdad ante la ley", y dejar de ejecutar las leyes "al no ejercer el control jerárquico" sobre los órganos que dependen de él. De esto responsabilizan al ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, los 13 diputados de oposición que presentaron ayer una acusación constitucional en su contra.

El Gobierno la rechazó de inmediato. "La oposición acaba de presentar la novena acusación constitucional y batir su propio récord, nueve acusaciones constitucionales en dos años y medio. Una acusación injusta, sin ningún fundamento", dijo el ministro vocero, Jaime Bellolio.

"Lamentablemente, nos hemos tenido que acostumbrar a que, cada vez que la oposición tiene un problema interno, hace una acusación constitucional. Les falla su pacto de primarias, acusación constitucional; tienen divergencias sobre las candidaturas presidenciales, acusación constitucional; sus bases les critican haber llegado a un acuerdo sobre la paz y la nueva Constitución, acusaciones constitucionales sin fundamentos. La única manera que tienen ellos mismos de unirse en torno a algo es diciendo una acusación constitucional y pidiendo renuncias", agregó.

Para los acusadores, "el respeto irrestricto a los derechos humanos y el trato igualitario han quedado en entredicho" con la actuación de Pérez. "En el primer caso, por la acción permanente y sistemática de Carabineros (contra tales derechos, dicen)". Esto, por ejemplo, vinculado a la caída de un menor de 16 años en Santiago, por la que hay un carabinero imputado, hecho que "activó" la acusación y ante el cual ha habido "una defensa corporativa, férrea, del ministro del Interior" respecto de Carabineros, considerando que él es "el responsable de mando", apuntó la diputada Alejandra Sepúlveda (regionalista).

Sobre el trato desigual, le reprochan su "acción permisiva ante la toma de carreteras por dueños de camiones" y, en contraste, su gestión ante hechos de violencia en La Araucanía y Arauco. También dicen que Carabineros ha reprimido a partidarios del "Apruebo" en actividades públicas, mientras que a los del "Rechazo" los ha acompañado. El texto afirma que Pérez "ha sido tolerante a las conductas contrarias a las obligaciones que dictan las tareas abocadas al orden público y paz social, desatendiendo su rol de mando, en especial, respecto de Carabineros".

"El respeto irrestricto a los DD.HH. y trato igualitario han quedado en entredicho". Diputados acusadores

El Gobierno anunció una excepción para facilitar que las personas que voten en comunas en cuarentena o transición puedan hacerlo en el plebiscito del 25 de octubre: podrán desplazarse hasta el local de votación sólo portando su cédula de identidad.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dijo que ello será implementado en el horario de apertura de las mesas de votación, es decir, entre las 08.00 y las 20.00 horas.

Martorell explicó que "esto no significa que las comunas dejen de estar en cuarentena, sino que tendrán este permiso especial que no requiere ser sacado por la Comisaría Virtual. "Este permiso no permite hacer otro trámite", aclaró. "Por lo tanto, si vamos a votar, pero queremos ir al supermercado también y estamos en una comuna que está en cuarentena o transición, tengo que sacar mi permiso para poder ir al supermercado o a realizar una actividad distinta", indicó.

Personas que ingresen

La subsecretaria también se refirió a la cuarentena obligatoria de 14 días que se exige para las personas que ingresen al país o a las regiones de Aysén y Magallanes. "En estos casos, las personas también, teniendo un PCR negativo, van a poder ir a votar. El protocolo para eso se va a dar a conocer en conjunto con el Servicio Electoral y el Ministerio de Salud", anticipó la autoridad.

Preocupación hay en la Asociación de Fiscales a raíz de las amenazas contra Ximena Chong, persecutora que lidera la investigación por el incidente en que un adolescente de 16 años cayó al río Mapocho luego de que el carabinero Sebastián Zamora lo hizo perder el equilibrio sobre el Puente Pío Nono.

Chong cuenta actualmente con protección de la PDI en su hogar, hasta donde el martes en la noche llegaron personas para dejarle una carta en la cual amenazarían su integridad sicológica y física. A eso se agrega que, el miércoles, una persona en motocicleta habría merodeado la casa de Chong. Tras ser controlada por la PDI, reveló ser un teniente coronel de Carabineros, identificado como Freddy Vergara, quien después explicó en un video que pasó por el lugar porque tuvo que desviarse del camino debido a que su motocicleta empezó a fallar. "Me vi involucrado sin querer", dijo, aunque en el control previo dio a la PDI otro motivo para su presencia en el lugar.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, llamó el miércoles al ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, para plantearle la inquietud del Ministerio Público por la seguridad de los fiscales.

"Entiendo que se han tomado medidas para protegerla a ella y su entorno familiar, pero fuera de eso esperamos que se investiguen todas las situaciones que le ha tocado vivir", dijo el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, a radio Cooperativa.

"Creemos que esta situación de amenazas no se puede normalizar, no lo podemos mirar como parte de la 'pega'. Son situaciones graves, delicadas, y precisamente lo que hay que hacer es actuar con firmeza para evitar que estas situaciones se repitan y que sigan escalando. No queremos tener el día de mañana fiscales asesinados", dijo. "A mí me cuesta ver el respaldo del Gobierno en esta materia. Me gustaría ver más firmeza en el rechazo a todas las situaciones que ha vivido la fiscal Chong", añadió.

Para el 14 de diciembre se programó la formalización del diputado Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), al que la Fiscalía de Tarapacá acusa de los posibles delitos de "amenazas a funcionarios de la Armada" y "omisión de cooperación pública".

La acusación refiere a un hecho del pasado 8 de agosto, cuando el legislador fue fiscalizado por personal de la Armada cerca de la playa Cavancha, en Iquique, cuando regía una cuarentena. El momento fue viralizado en un video en redes sociales.

"Estoy un poquito perplejo (...) No esperaba un acto tan abiertamente arbitrario de parte de un ente que debe comportarse de manera imparcial y objetiva", dijo Gutiérrez tras enterarse de su formalización.