Qué duda cabe que con el advenimiento de la pandemia nos hemos vuelto más temerosos, más ermitaños, menos sociables, y por necesidad nos hemos debido refugiar en el espacio más íntimo: el hogar. Si bien ello ha traído una serie de ventajas -previstas por cierto por los organismos de salud- como ha sido la disminución de los contagios, también ha traído aparejadas otras insospechadas: hoy querámoslo o no, las personas pasamos mucho más tiempo expuestas a los medios de prensa escritos, televisivos y a las redes sociales.

El tipo de noticias a las que hoy nos exponemos, salvo por los temas relacionados al COVID19, tampoco han variado mucho: la parrilla televisiva y noticiosa que resulta con mayor rating asociados siguen siendo los mismos: el deporte y la delincuencia.

Tradicionalmente hemos visto cómo campaña tras campaña electoral, salvo unas pocas excepciones, se han inclinado por el bien conocido populismo penal cuando se trata de levantar propuestas frente a los temas de seguridad ciudadana: más policías y más fiscales, penas más altas, más cárceles, más recursos para las instituciones a cargo de la persecución, disminuir la edad imputabilidad penal, etc.

El concepto de populismo penal fue acuñado 25 años atrás por el autor Antony Bottoms, en su texto "Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing" donde hacía alusión a la utilización del Derecho Penal por parte de políticos que buscaban réditos electorales defendiendo ideas como la de que el incremento en las penas conllevaría automáticamente a una reducción de las tasas de delito.

El justificado temor hoy radica en que poco y nada se ha aprendido de las experiencias pasadas en este ámbito. Los gobiernos han enarbolado estas banderas de lucha, las que se han aplicado y han traído dos potenciales efectos: o bien no disminuyen los delitos, o cuando lo hicieron nadie fue capaz de explicar a qué se debía o era posible atribuirlo.

En este escenario de encierro y pandemia en que como ya se dijo, la gente se encuentra más aislada, eventualmente temerosa de verse expuesta a una serie de problemas no solo delictivos sino también de salud, de perder el trabajo o ya haberlo perdido, y con una mayor exposición a medios, la ecuación puede ser fatal: un populismo exacerbado que ahora incluso va tras nuevos eslóganes de campaña: cárcel sin beneficios, o pena de muerte.

Así las cosas el gobierno del Presidente Piñera una vez más recurre al populismo penal para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana, ya que con ocasión del horrible crimen que le costo la vida al camionero Juan Barrios (Q.E.P.D.) ingresa un proyecto de ley donde se anuncia aumento de penas al delito de incendio, nueva tipificación del delito de incendio aduciendo que hay problemas interpretativos que impiden perseguir dicho delito.

En la discusión de dicho proyecto, en la Comisión de Constitución del Senado, sostuve que es un proyecto innecesario y que parte de supuestos errados y que no existen problemas de tipicidad, sino que los problemas tienen que ver con la persecución penal, dado que el Ministerio Público y las policías no son capaces de esclarecer este tipo de delitos, por lo que el aumento de penas no resuelve el problema, teniendo presente además que las penas del delito de incendio de por si ya son altas.

Esta afirmación encuentra sustento en información empírica obtenida de los datos estadístico aportados por el propio Ministerio Público que nos informa que a nivel nacional entre enero de 2015 y agosto de 2020 se denunciaron 51.979 casos y solo se lograron aclarar 936 casos; en nuestra región se denunciaron en igual periodo de tiempo 991 casos, logrando sentencia condenatoria solo en 30 casos y respecto de la gran mayoría de los casos, 841 para ser exactos terminaron en "archivo provisional", es decir el Ministerio Público no siguió adelante con la investigación por no poder determinar quien era el responsable de la comisión del delito.

Y probablemente si repitiéramos este ejercicio con delitos de mayor ocurrencia, como por ejemplo los delitos contra la propiedad, las cifras no serian muy distintas.

Por eso creo conveniente recordar lo que señalaron varios especialistas en la columna escrita hace siete años denominada "Por un año electoral sin populismo penal": "el cúmulo de evidencia que existe hoy demuestra que la realidad muchas veces funciona de manera muy distinta a lo que se supone, e incluso de forma contra-intuitiva: más iluminación genera mayores reducciones del delito de día que de noche; el patrullaje policial aleatorio y acortar los tiempos de respuesta no reduce el delito; el endurecimiento de penas no es una respuesta costo-efectiva, pues se ha comprobado que los costos de aumentar la duración de las penas es ampliamente superior a su beneficio en términos disuasivos; los perfiles de mayor riesgo socio-delictivo, y no los de más bajo, son los que mejor responden a programas de reinserción; y, por sobre todo, la delincuencia no es una amenaza latente que se expresa de forma homogénea y aleatoria en tiempo y espacio, ni equivale a una emergencia".

Quizás entonces el desafío resulte ser cómo educar e informar a la ciudadanía en que la toma decisiones correcta para las políticas públicas de seguridad ciudadana no siempre son intuitivas y que conviene de una vez por todas iniciar una transformación en la forma como hemos enfrentado los desafíos en materia de seguridad ciudadana, partiendo por la necesidad de una evaluación del funcionamiento de la Reforma Procesal Penal, hacernos cargo de las deficiencias en las investigaciones penales, así como también reformular instituciones como Carabineros la PDI a fin de poder enfrentar adecuadamente las nuevas formas de criminalidad, por que al final del día, como alguna vez le escuche a un profesor de Derecho Penal "No hay crimen perfecto… solo malas investigaciones".

Pedro Araya Guerrero