la sociedad chilena en los últimos 30 años, probablemente los 30 años más exitosos, de más progreso y desarrollo para todos, en la historia de Chile. Pero se generaron muchas expectativas y por lo mismo más exigencias y también debemos mirar de frente a aquellos que quedaron excluidos. Quizás el estallido y la pandemia nos permitieron constatar de nuevo tales precariedades. Si uno piensa en algo que ha venido ocurriendo de a poco, pero que es una fuente de precariedad gigantesca como es la informalidad en el trabajo, bueno, ahí hay un gran pendiente: cómo logramos incorporar a esas personas al trabajo formal remunerado. Las grandes empresas, salvo aquellas que están en sectores muy golpeados por la pandemia en Chile y el mundo, han hecho un esfuerzo enorme y han mantenido los niveles de empleo, han mantenido los niveles de remuneración, han hecho un uso bajo (salvo en sectores muy golpeados) de la Ley de Protección del Empleo y, por tanto, no han suspendido contratos laborales. El desafío está respecto del resto del mundo empresarial: las pyme que están sufriendo, sectores específicos como el comercio, las líneas aéreas y el turismo.

-Recuperación económica y proceso constitucional, ¿son las cuestiones más urgentes para el país?

-Son dos espacios importantes. Están las brechas político-institucionales que se van a discutir en el proceso constitucional y, por otro lado, está la brecha económica y social que ha generado el efecto acumulado del estallido y la pandemia. Son dos espacios trascendentes. No digo que sea todo. Pero sí decimos que quien quiera transformar el proceso constitucional en un fetiche que soluciona mágicamente todos los problemas de Chile está incurriendo en una gran irresponsabilidad. Y quien minimice la importancia del proceso de recuperación económica, en circunstancias que es un imperativo ético porque va a ser el combustible para cerrar brechas sociales de forma sustentable, está también siendo muy irresponsable. ¿Por qué? Porque la asistencia del Estado de hoy, que por supuesto es importante -la intervención del Estado de Chile es una de las más grandes que ha hecho en su historia y de las más grandes que se han hecho en Latinoamérica- es por definición transitoria y debe ser reemplazada por el vigor de una recuperación económica, lo que debe ocurrir más pronto que tarde.

-Entre el empresariado hay opiniones diversas sobre el plebiscito. ¿Habrá cambios inevitablemente ya sea con nueva Constitución o con su reforma?

-El debate constitucional está completamente desplegado, con independencia del resultado del plebiscito. Todos los actores políticos que están en cualquiera de las dos opciones han manifestado voluntad de cambios relevantes a la Constitución, sea en el proceso de una nueva Constitución o bien en el proceso de reforma de la actual. Como Sofofa tomamos la decisión de estar ciento por ciento activos en el debate de contenidos y ser completamente prescindentes en cuanto a las opciones del plebiscito, porque respetamos la legitimidad de ambas.

-En el documento de la Sofofa se centran en las relaciones entre recuperación económica y proceso constituyente.

-En el documento observamos dos grandes fallas en el debate público. Primero, la ausencia de contenidos en el debate constitucional. Y segundo, la presunción de que el debate político-institucional y la recuperación económica van por dos carriles separados. Esas dos fallas queremos colaborar a corregirlas, llenando de contenidos el debate y señalando que son dos procesos trascendentes que tienen vasos comunicantes. Queremos que la palabra "crecimiento", que a algunos les parece tecnocrática o interesada, esté en el centro, porque no es algo que les interese sólo a algunos, pues es lo que permite el desarrollo de los países. Por otro lado, el cierre de brechas sociales debe hacerse de forma sustentable: el Estado puso a disposición de los chilenos un Ingreso Familiar de Emergencia, pero, ¿alguien podría decir responsablemente que ese ingreso se puede sostener en el tiempo y no ser reemplazado por un crecimiento vigoroso? Creemos que el crecimiento es el camino.

-¿Son puntos de contacto entre amos aspectos los que se indican allí, relativos, por ejemplo, a la propiedad privada?, ¿cree que ella está en entredicho?

-En el documento planteamos siete temas constitucionales. No es una lista comprensiva, no son todos los temas, ni siquiera están ordenados por prioridad, pero son temas importantes y consideramos que era necesario ponerlos sobre la mesa y activar esos debates. Los podríamos agrupar en tres tipos. Primero, hay asuntos que están en la Constitución actual, pero que también están en muchas constituciones en el mundo y son principios básicos para el emprendimiento y la actividad económica. En ellos es donde más podemos aportar, pero desde la mirada empresarial, que es muy práctica, porque surge de la interacción diaria de la empresa con el Estado, sus regulaciones e instituciones. Me refiero a la libertad de emprendimiento, junto con la libertad de asociación y el respeto de la propiedad privada que nos parecen fundamentales. Se podría sostener que nadie ha dicho que la propiedad privada va a quedar fuera de la Constitución, pero parecen haber matices o diferencias sobre el alcance del concepto de propiedad privada. Es posible que se esté de acuerdo en que el Estado no puede simplemente hacerse de un bien o una patente de un innovador sin esgrimir una razón de interés público y sin indemnizar al expropiado, pero ¿qué pasa cuando la regulación que limita el uso de ese bien deviene expropiatoria? Se puede preservar la propiedad de la patente o la fábrica, pero producir una limitación de su uso a través de regulaciones desproporcionadas de manera prácticamente expropiatoria. Esa es una discusión más moderna, que es la llamada expropiación regulatoria, que no es tan burda como quitar simplemente el bien sin pagar indemnización, sino que opera a través de una regulación desproporcionada o discriminatoria. Es un tema a debatir.

-¿Y en cuanto a la responsabilidad fiscal o la autonomía del Banco Central que son mencionadas?

-La responsabilidad fiscal podría ser otro principio fundamental y hay varios instrumentos para lograrlo, como la iniciativa exclusiva del Presidente de la República o que el Estado se endeude por ley o que los impuestos sean generales y no específicos a un sector, hay muchas reglas de responsabilidad fiscal que nos parece importante preguntarle a la política si está de acuerdo con ellas y si deben seguir estando presentes en la Constitución. Sobre la autonomía del Banco Central, todos dicen que se va a mantener, pero luego algunos señalan que sus consejeros pueden ser objeto de acusación constitucional, lo que obviamente rompe por completo la autonomía. Una cosa es decir en términos abstractos que se está de acuerdo en mantener un principio y otra cosa es que cuando se proponen las reglas concretas y precisas eso sea consistente. Ese sería el primer grupo de cuestiones que están en muchas constituciones del mundo y que no por obvias o por declaraciones generales, se debe concluir que están completamente resguardadas.

-¿Cuáles son los otros dos tipos de temas?

-Los otros dos tipos de temas los podríamos agrupar en los de modernización y aquellos de reconocimiento. En los primeros, si vamos a entrar en un proceso constitucional se puede tomar como una oportunidad para hacer cosas que la política no ha hecho y que la Constitución sea, con más claridad y precisión, un habilitador o iniciador de la esquiva modernización del Estado en distintas dimensiones. Por ejemplo, en algo que a las regiones les interesa mucho: que haya un proceso de descentralización inteligente, que en nuestra opinión, debe ser coherente con nuestra condición de Estado unitario. O bien que la Constitución establezca estándares más elevados para el proceso por el cual formamos leyes en Chile: cómo lograr que en él converja el análisis técnico, la evidencia, la participación ciudadana y la legítima deliberación política. Hoy en día se ha roto la convergencia entre esos cuatro factores fundamentales del proceso legislativo. También, en el ámbito de la modernización, la Constitución puede establecer un estatuto de autonomía de ciertos espacios del Estado como son los organismos reguladores, fiscalizadores y prestadores de servicio como son el INE, la DGA, el SEIA, el Sename, las superintendencias, la CNE, entre otros. Finalmente, un tercer grupo de temas se refiere a aquellos que se han levantado desde la ciudadanía y como Sofofa pensamos que hay que sumarse a esa conversación: temas como el reconocimiento de los pueblos originarios o cómo lograr que haya una igualdad real de derechos entre hombres y mujeres.

-Ya que refiere el reconocimiento de pueblos originarios. ¿Sería una revaloración puramente cultural o con ámbitos de autonomía?

-Así como mencioné que la descentralización debe ser coherente con nuestra condición de Estado unitario, creemos que también el reconocimiento de los pueblos originarios debe estar en coherencia con ello. Es perfectamente posible, y deseable creo yo (obviamente hay que escuchar más a los pueblos originarios que lo que yo pueda decir), que ese reconocimiento de su cultura, de su historia, de su lengua, sea compatible con su integración al Estado unitario de Chile. Hay sectores que piensan que el reconocimiento va hacia la plurinacionalidad y ciertas autonomías. Nosotros creemos que es posible lograr ese reconocimiento real, tangible, profundizando su integración con su cultura e historia a nuestro Estado unitario y a nuestro desarrollo.

-¿Cómo ve la situación del empleo debido a la crisis: es el desempleo real mayor que el que señalan los indicadores?

-El desempleo sin duda es más alto del que las cifras indican, porque a las personas desempleadas, que está en torno al 13%, hay que sumar aquellas personas que normalmente estarían buscando trabajo y dejaron de hacerlo porque asumen con resignación que en la realidad de pandemia no pueden: son los "nuevos inactivos", que son alrededor de un millón de personas; y tercero, están los que están con contrato suspendido. Esos tres grupos suman casi tres millones de personas, es decir, 30%. Esa es la cifra real. Y hay que agregar ese mundo de trabajo informal que crece. Porque el desafío del empleo no es solamente cerrar la brecha de desempleo e inactividad, sino también darle oportunidad al empleo informal. Para ello debemos poner en el centro de la política a las empresas en crecimiento, porque el proceso dinámico de crecimiento de las empresas activa el círculo virtuoso de más y mejores empleos formales. Por eso hemos sido muy insistentes en que las políticas segmentadas por tamaño desincentivan el proceso de crecimiento.

-Le quedan unos pocos meses en la presidencia de la Sofofa. ¿Cómo le gustaría que continuara su acción, enfocada tanto en lo nacional como en lo gremial?

-No hay contradicción entre lo gremial y lo nacional, o entre el interés empresarial y general. La Sofofa, y cualquier actor que aspire a influir en el debate público, tiene que ser creíble y coherente. Debe pararse desde lo que es y no disfrazarse en otro grupo de la sociedad. Sofofa representa a grandes empresas chilenas, a 22 gremios profesionales y a 48 gremios sectoriales de toda la economía. Es el gremio más transversal de Chile, son nuestros socios desde Mercado Libre, la empresa más grande la Latinoamérica, hasta industrias manufactureras que están en Sofofa desde su constitución. No es solamente un gremio industrial: están las grandes empresas manufactureras, las pyme productoras de pan, las clínicas, empresas de telefonía, tecnológicas como Sonda y Coasin, en fin, representamos una gran diversidad de mundos empresariales. Desde ahí nos paramos, no presumimos no representar el interés de la empresa. Si no somos capaces de explicarles a las personas cómo las beneficia un mayor protagonismo del mundo empresarial en el desarrollo de Chile, algo ha fallado en nuestra labor. Por eso no hay contradicción entre el interés general y el interés de la empresa, creo yo. Obviamente el interés general pasa por que el Estado regule para limitar las externalidades negativas que pueda provocar la actividad económica, o prevenir o sancionar las malas prácticas, pero no pasa por acotar el ámbito de acción de la empresa y reemplazarlo por el del Estado, como algunos postulan.

-Hablando de sanciones, ¿qué opina del posible juicio político al ex ministro Mañalich por su actuación en la pandemia?

-El mecanismo de la acusación constitucional se ha tergiversado completamente y la acusación contra el ministro Mañalich en un momento sanitario tan extremadamente complejo es infundada y raya en un oportunismo lamentable.

-De ganar el Apruebo y ya no siendo presidente de la Sofofa, ¿le interesaría ser candidato a la Convención Constituyente?

-El rol público que pueden ejercer los empresarios es fundamental. Yo pertenezco al mundo empresarial, mi vocación es empresarial. Desde la empresa, una vez que deje Sofofa, voy a seguir promoviendo con mucha sistematicidad que los empresarios se activen en el debate público no solamente a través de los gremios que lo representan, que es esencial, sino que también directamente: es un rol ineludible participar de lo público. Esa va a ser mi vocación futura, la misma que he venido desarrollando en los últimos 20 ó 30 años.

larraín-matte en una de sus varias comparecencias a la moneda en tiempos de pandemia.