A fines de agosto -tras duros meses de pandemia- el personal del Hospital Carlos Cisternas de Calama se vio enfrentado a dos situaciones que tensionaron al límite la discusión acerca de los derechos y deberes en el cuidado de pacientes.

El 23 de agosto, tras recibir un diagnóstico de una anemia severa de muy mal pronóstico, J.M. (un hombre de 68 años), decidió -por motivos religiosos- rechazar cualquier procedimiento de transfusión de sangre que necesitaba por su crítica condición.

El hecho produjo la alarma del personal médico a cargo, el cual debido a la serie de patologías de base y la condición del paciente optaron por convocar al comité de ética del establecimiento a fin de resolver la situación y solicitar a la justicia la autorización de la transfusión de sangre.

Fue así como el establecimiento interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de J.M. a fin de brindarle el tratamiento adecuado por cuanto el empeoramiento de su condición lo llevó a ser internado en la unidad de cuidados intensivos del HCC.

Testigo de Jehová

"El señor M. es integrante de la Iglesia "Testigo de Jehová", y fundado en tal doctrina, estando consciente y lúcido, indicó rechazar el procedimiento de transfusión. Incluso firmó la ficha clínica rechazando esta proposición procedimental", señala parte del recurso de protección interpuesto ante la Corte.

De acuerdo a la causa judicial ante el empeoramiento de la condición, el HCC informó a la familia de la necesidad urgente del procedimiento, sin embargo ésta decidió mantener la voluntad inicial expresada por J.M.

Finalmente, y según indica el informe evacuado por el director del HCC, el 26 de agosto el paciente murió mientras se resolvía el recurso de protección.

Tuberculosis

Un final diferente tuvo el caso de una mujer que también se había negado a recibir tratamiento. El 21 de agosto, E.G. (44), que se encontraba internada en el Hospital Carlos Cisternas (HCC), fue diagnosticada con un cuadro clínico atribuible a tuberculosis de acuerdo al resultado de tomografías y luego de una evaluación realizada por un especialista broncopulmonar.

Según da cuenta el informe médico emitido por el doctor Alberto Daginni, internista del HCC, E.G. manifestó por escrito su voluntad de no acceder a ningún tratamiento de carácter invasivo o que implicara la toma de muestras o cultivos para diagnosticar tuberculosis.

Cabe indicar que desde el año 2005 la tuberculosis está dentro del grupo de enfermedades de notificación obligatoria por cuanto pueden resultar altamente contagiante a nivel comunitario. Ello derivó en un recurso de protección que interpuso el HCC ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en orden de someter a tratamiento a la paciente.

Insistencia

Desde la seremi de Salud -responsable del control de la tuberculosis a nivel regional- indicaron que debido a la negativa de realización de exámenes, la paciente no contaba con un diagnóstico formal de la enfermedad lo que dificultó la aplicación de la legislación que faculta a los servicios de Salud a utilizar la fuerza pública en caso de rechazar el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis.

"Primero deben agotarse las instancias internas para proceder al diagnóstico efectivo de la enfermedad, ordenar su tratamiento y agotar las medidas administrativas que correspondan, respecto de la paciente que se niega a ser diagnosticada", subrayó la seremi de Salud, Rossana Díaz.

Pese a ello, según el informe remitido por el director de HCC a la Corte, ante la insistencia de las autoridades de salud, la paciente finalmente accedió a someterse al tratamiento.

Consultado el establecimiento respecto a ambas situaciones, desde el HCC declinaron referirse a ambos temas.

En un fallo unánime la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta -integrada por las ministras Myriam Urbina Perán, Jasna Pavlich Núñez y el abogado (i) Juan Paulo Ovalle Cerpa- acogió con costas un recurso de protección interpuesto por una afiliada que padece un cáncer, contra isapre Cruz Blanca, para que la aseguradora entregue la cobertura de las radioterapias que necesita en la misma ciudad de Antofagasta. Actualmente la paciente debe viajar a Santiago para acceder al tratamiento, debido a que la isapre le designó una institución en esa ciudad.

El tribunal de alzada determinó que la isapre recurrida tuvo un actuar ilegal y arbitrario. "Que la Isapre recurrida al no contar con un prestador en la ciudad de Antofagasta y asignar uno en la ciudad de Santiago ha vulnerado estos pilares, en particular el acceso y la oportunidad, pues se ha designado una institución en otra ciudad, a considerable distancia de la ciudad donde vive la recurrente, debiendo trasladarse para efectos de recibir su tratamiento, lo que pone en riesgo su derecho consagrado en el artículo 19 Nº1 de la Constitución Política, desde que se trata de una persona que, atendida la situación sanitaria actual del país y su condición de paciente oncológico, se encuentra en los denominados grupos de riesgo.", sostiene el fallo.

La resolución agrega: "Que, conforme lo anterior, fluye que la decisión de la recurrida tiene carácter de arbitraria, tanto por la falta de lógica y de realidad que ella presenta, como por el deterioro real que provoca en la recurrente, al tener que trasladarse de ciudad, viéndose expuesta a posibles contagios, en circunstancias que existen instituciones o centros en la ciudad de Antofagasta que realizan el tratamiento requerido, pues tal como lo ha informado lo recurrente, en una primera oportunidad se le designó como prestador la Clínica Antofagasta".

Por tanto, el tribunal acogió con costas, el recurso deducido por la afiliada en contra de la Isapre Cruz Blanca, por lo que la aseguradora de salud deberá entregar cobertura al tratamiento de radioterapias de la recurrente en una institución o centro ubicado en la ciudad de Antofagasta.

Diversas reacciones generó la publicación del informe final de la Contraloría Regional que auditó los proyectos en construcción a cargo del Servicio de Salud y que en principio determinó pagos de más de $1.600 millones en obras no realizadas o que no contaban con el respaldo administrativo, financiero o de avance físico correspondiente.

El informe además advierte el envío de antecedentes ante el Ministerio Público en el caso de avenimiento de pago de facturas por obras no realizadas y que involucran al Gobierno Regional. Además el órgano contralor señala el inicio de una serie de sumarios al interior del SSA ante las irregularidades encontradas en la tramitación de los seis proyectos auditados.

Para el diputado Esteban Velásquez, las diversas informaciones emanadas del SSA requieren de una investigación profunda a fin de determinar responsabilidades en lo observado por la Contraloría

"No pueden tolerarse descuidos, abandono de deberes ni delito alguno: Pagos por obras no hechas, coimas o tráfico de influencia. Cualquier acto que se aparte de la probidad debe ser sancionado con el máximo de rigor, sin importar colores políticos. Basta de mirar hacia el lado o hacer caso a las llamadas de 'los padrinos'. Es tiempo de aplicar justicia de verdad, ha llegado la hora del Servicio de Salud de Antofagasta", sostuvo el parlamentario.

En tanto para Sandra Pastenes, miembro de la Comisión de Salud del Gobierno Regional, la situación en torno a los proyectos de salud requiere de una investigación, sobre todo en aquellos proyectos que contemplaron recursos FNDR.

"Se tienen que perseguir las responsabilidades políticas, técnicas e incluso penales. Esto tiene que servir como una prueba de que no es tan fácil hacer cualquier cosa en la administración pública y no tener finalmente ningún responsable. Obviamente hay que respetar el proceso de investigación y esperar a que si la Fiscalía lo determina, actúe sobre lo informado. Me parece que es lo más sano para todos", indicó Pastenes.