Agencias

El Gobierno de Estados Unidos anunció ayer sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, por una investigación destinada a determinar si las tropas estadounidenses cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto en Afganistán.

"Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó esa corte y no toleraremos ilegítimos intentos de someter a estadounidenses a su jurisdicción", manifestó en una rueda de prensa el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo.

El titular de Exteriores también anunció sanciones contra el jefe de la División de Jurisdicción, Complementación y Cooperación de la Oficina del Fiscal de la misma Corte, Phakiso Mochochoko, por haber trabajado con Bensouda en las pesquisas sobre soldados estadounidenses.

En lista de terroristas

Ambos fueron incluidos en una lista del Departamento del Tesoro llamada "Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) que Washington usa para sancionar a terroristas y narcotraficantes, y no a funcionarios que trabajan en un organismo de derechos humanos.

Bajo las nuevas sanciones, quedan bloqueados los bienes que Bensouda, originaria de Gambia, y Mochochoko, nacido en Lesoto, puedan tener bajo control estadounidense y a partir de ahora no podrán hacer transacciones con ciudadanos de esa nación. En abril de 2019, el Departamento de Estado anunció que había revocado el visado a Bensouda para que no pudiera ingresar en el país; y en junio el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que autorizaba sanciones contra los funcionarios de la CPI que investigasen a tropas estadounidenses o de sus aliados.

Además, el secretario de Estado usó el mismo tono que ha empleado con enemigos de Washington para lanzar una dura advertencia contra quienes respalden a Bensouda y Mochochoko: "Los individuos y entidades que continúen dando apoyo material a esos individuos se arriesgan también a ser sancionados", avisó.

El desencadenante de las sanciones es una investigación sobre la guerra de Afganistán (2001-presente) que pudo ser abierta porque el país asiático sí acepta la jurisdicción de la CPI a diferencia de EE.UU.

En marzo de este año, los jueces autorizaron una investigación que Bensouda les había solicitado en 2017 por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad atribuidos al ejército estadounidense, a grupos talibanes y autoridades afganas. Pero Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda).

El Gobierno argentino reconoció que el sistema de salud ha llegado al límite, luego de que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) alertara de que sus profesionales están exhaustos y sienten que están perdiendo la batalla porque los recursos se están agotando.

"Realmente la expansión del sistema de salud ha llegado al límite, estamos en el máximo de lo que podemos expandir, por eso es momento de volver a trabajar y reforzar el concepto de que cada caso que prevenimos hoy será una internación menos y disminuirá esta tensión en el sistema de salud", subrayó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Argentina registra desde el inicio de la pandemia 428.735 personas contagiadas y 8.971 fallecidos, con una curva de casos en constante alza pese a que en el país tiene una de las cuarentenas más largas del mundo y Buenos Aires se encuentra en confinamiento desde el 20 de marzo.

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió un comunicado en el que alertó la crítica situación.

"Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando", advirtió. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente, fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente", enfatizó la entidad.

Hallazgo de cuerpo

Durante la jornada de ayer también fue noticia en el país vecino que las autoridades judiciales de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, confirmaron que un cuerpo hallado hace dos semanas corresponde al de Facundo Astudillo Castro, un joven desaparecido durante la cuarentena hace 100 días después de un control policial cuando se dirigía "a dedo" hacia Bahía Blanca. Su defensa a punta a la policía como sospechosa.

Agentes policiales (del Sheriff) de Los Ángeles (EE.U.) mataron a tiros a Dijon Kizzee, un hombre negro de 29 años, durante un incidente ocurrido el lunes por la tarde, lo que provocó protestas raciales en el lugar, que se unieron a las ya convocadas por Jacob Blake.

En una declaración del Departamento del Sheriff del estado se asegura que los agentes trataron de detener a Kizzee por andar en bicicleta y "violar el código de vehículos", pero no identificaron la supuesta infracción. Kizzee se bajó de su bicicleta y corrió, y los agentes lo perdieron de vista momentáneamente. Cuando lo alcanzaron, Kizzee habría golpeado a un agente en la cara y dejó caer una chaqueta junto con una pistola semiautomática negra, según el comunicado. Los disparos ocurrieron cuando Kizzee "hizo un movimiento" para sacar el arma, pero los agentes no portaban cámaras que respalden ni contradigan su relato.

La muerte de Kizzee se produce en medio de las protestas que dejó otro ataque, ocurrido el 23 de agosto, contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, y la muerte en mayo de George Floyd en Minneapolis. El abogado Benjamin Crump representa tanto a la familia de Blake como de Kizzee. "Nos unimos a la familia de Dijon para exigir justicia y transparencia en este despreciable y trágico asesinato perpetrado por los oficiales del condado de Los Ángeles", dijo Crump en una declaración.

En este contexto es que el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, viajará a Kenosha (Wisconsin), tras las protestas y disturbios de los últimos días después de la muerte de Blake y Kizzee. La visita se produce un par de días después de que Trump también viajara al lugar, a pesar de la oposición de las autoridades de la ciudad. Esta será la primera visita de Biden como candidato demócrata a Wisconsin, un estado que será clave en los comicios de noviembre.

El Gobierno de EE.UU. confirmó que, debido a su ruptura con la OMS, no planea formar parte de la plataforma creada por ese organismo internacional para garantizar un acceso global y en términos de igualdad a la vacuna o vacunas contra covid-19 que se desarrollen.

La Casa Blanca explicó que no tiene planes de participar en la plataforma, denominada Covax y con la que ya se han comprometido al menos 172 países, debido a sus diferencias con la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo al que Washington acusa de estar sesgado a favor de China. "Estados Unidos seguirá cooperando con nuestros aliados internacionales para asegurarnos de que derrotamos a este virus, pero no nos dejaremos constreñir por organizaciones multilaterales influidas por la corrupta Organización Mundial de la Salud y por China", dijo a Efe Judd Deere, uno de los voceros de la Casa Blanca.

La decisión puede dificultar que se cumpla el objetivo de la plataforma de la OMS, pensada para evitar que los países desarrollados que consigan una vacuna acaparen sus dosis y dejen a otras naciones más pobres sin unidades. Covax busca vacunar primero a la población de alto riesgo en cada país.