Hay conceptos que se ponen de moda ya sea porque alguna autoridad política los usó y quedaron en la retina de la opinión pública, o los medios de comunicación y periodistas sintetizan la realidad a través de un constructo determinado. Es el caso del vocablo 'prescindencia política' que está muy en boga estos últimos días a raíz de las posiciones concretas que han manifestado algunos/as personeros/as de gobierno sobre el 'apruebo' o 'rechazo' del próximo plebiscito del 25 de octubre.

Fue justamente el Presidente Sebastián Piñera quien instó a su gabinete a seguir esta estrategia el 14 de febrero del año en curso a través de un instructivo que regulaba "prescindencia, derechos y limitaciones que tendrán los funcionarios públicos ante el Plebiscito del 26 de abril" (El Mostrador, 12/02/2020). Sin embargo, al parecer quedaron dudas sobre un pronunciamiento específico sobre el comportamiento de autoridades de primera línea en ministerios, subsecretarías, intendencias, gobernaciones y seremías. Siguiendo la línea de tiempo, las declaraciones del canciller Andrés Allamand a la televisión pública el pasado fin de semana habrían provocado incomodidad en los ministro de Hacienda y de la Segpres. A raíz de esto, el primer mandatario zanjó la polémica reforzando la idea de la prescindencia en el comité político de esta semana, y pidiendo además a los partidos que no dramatizaran posiciones (La Tercera, 18/08/2020); mientras tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, emplazó al gobierno a hacer lo contrario aunque señaló que entiende que los partidos de la oposición podrían acusar al Ejecutivo de propaganda indebida e instrumentalización política.

La prescindencia es entendible y hasta cierto punto justificable en el ámbito de la gobernanza política. Sin embargo, la prescindencia no es neutralidad nos decía la ex - vocera de gobierno Paula Narváez (T13, 08/05/2017) al referirse a la defensa de las políticas públicas que se hacía durante el gobierno de la exPresidenta Michelle Bachelet en períodos electores. Podríamos incluso pensar en liquidez discursiva, amarillismo, poca transparencia, pero al menos se observa un interés progresivo en avanzar hacia dividir ideología de prácticas políticas, la diferencia muy clara que ve la teoría anglosajona entre Polity (actividades humanas que se relacionan con el gobierno, con las diferentes formas de gobierno y con el concepto de Estado), Politics (descripción más común de política en el sentido de dedicarse a la política, o de hablar de política), y Policy (gestión de las políticas públicas a través de programas específicos). Pero, ¿qué pasa cuando la política se tiñe con el negocio?

Desde un discurso más diplomático para no hablar directamente de corrupción, cohecho, tráfico de influencias y conflictos de intereses, este concepto debiera extenderse al fenómeno de financiación de la política en todo sentido, pensando que ya vienen los períodos de campañas del plebiscito y luego electoral.

La ruta del dinero en el accionar público no es nueva y estalló con una mayor visibilidad a través de los casos Penta, SQM, Caval, Milicogate a partir de 2014, acuñándose la eufemística expresión 'boletas ideológicamente falsas'; pero también no podríamos olvidar situaciones anteriores como el MOP-GATE (2000), Inverlink (2003) y Publicam (2006), entre otros. La 'prescindencia del negocio' cruza nuestra historia política y de gobernanza local. Particularmente no podría poner las manos al fuego inclusive por buenos gobiernos locales y regionales, pues donde hay poder, hay dinero, ambiciones desmedidas y una corrupción a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, lo ocurrido con el gobierno regional en estas últimas semanas nos retrotrae a la 'impresentabilidad' de la mala política. Un intendente que asume tras un piscinazo, luego de la renuncia del exintendente Marco Antonio Díaz en plena crisis social, debía enfrentar otro 'piletazo' en política: la adjudicación de contratos millonarios con el gobierno en período de pandemia por parte de empresas recién creadas o con cambio de rubro instantáneo, como quien muda ropa interior, en desmedro de empresas con experticia en el área, y con el involucramiento de otros actores del poder político de la derecha, amistades de años mozos y el empresariado nocturno local.

Esta prescindencia 'político financiera' no puede ser aceptable bajo ninguna justificación discursiva. Es lisa y llanamente parte de prácticas 'antipolíticas', que sólo pueden ser desmanteladas siguiendo la ruta del dinero. En caso contrario, la política local se convierte en 'bananera' ('macondial' diría García Márquez haciendo alusión a Macondo), pues no tiene importancia el hecho de ser chanchos embarrados en un mismo lodo, total igual se saca una tajada que sigue conectando el negocio con la política.