Agencias

Estados Unidos ayer apretó un poco más el tenso pulso que mantiene con China por la llegada a Taiwán del secretario estadounidense de Salud, Alex Azar. Se trata de la visita de mayor rango por parte de Washington desde 1979 y que despertó la ira en Pekín.

Azar aterrizó ayer en el aeropuerto Songshan de Taipéi, capital de la isla que es gobernada de manera autónoma desde 1949, pero cuya soberanía se arroga China, que considera que la visita vulnera el principio de "Una sola China" que propugna Pekín.

Sin CUARENTENA

Durante la visita, que se prolongará hasta el miércoles, la delegación encabezada por Azar estará exenta de cuarentenas, pero tendrán que usar mascarilla. Las autoridades taiwanesas, que recibieron a la delegación al pie de la pista de aterrizaje y sin apretones de manos, llevaron a los estadounidenses a que se realizarán un análisis de coronavirus. La comitiva viajará en vehículos especiales y en edificios gubernamentales usarán ascensores exclusivos para reducir los riesgos de contagio.

ENCUENTRO presidencial

En la agenda de hoy está previsto que Azar se reúna con la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen. Durante el día el funcionario también visitará el Centro de Control de Enfermedades de la isla, donde presenciará, en compañía del ministro taiwanés de Salud, Chen Shih-chung, la firma de un memorando de entendimiento entre el Instituto Estadounidense de Taiwán y la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taiwán en Estados Unidos.

CHina en medio

Ambos países no tienen relación diplomática oficial desde 1979, cuando Washington optó por Pekín en detrimento de Taiwán. La visita se produce en un momento de escalada de tensión entre EE.UU. y China, con las recientes clausuras de los consulados de Chengdú y Houston, y en medio de una guerra comercial y tecnológica que Washington recrudeció con la prohibición de negocios o transacciones a las aplicaciones móviles TikTok y WeChat. Pekín considera a la isla una provincia rebelde que debe volver, y ha anunciado en repetidas ocasiones que se reserva el uso de la fuerza para garantizar que así sea. El gobierno de China también le ha pedido a EE.UU. que deje de vender armas a Taiwán para no tensar más las relaciones.

La potente explosión de Beirut cobró sus dos primeras víctimas políticas, los ministros de Información y Medio Ambiente, mientras que cinco días después del devastador suceso hay poca esperanza de encontrar supervivientes debajo de los escombros.

La ministra libanesa de Información, Manal Abdel Samad, dimitió ayer al considerar que sigue habiendo resistencia dentro del gobierno a aceptar los cambios que exige la población tras la tragedia, que dejó de momento 158 muertos y unos 6.000 heridos. "Después del horror del desastre de Beirut, presento mi dimisión del gobierno", anunció Abdel Samad en un comunicado, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, seguida pocas horas después por el titular de Medio Ambiente, Damianos Kattar. En una nota, este último comunicó su dimisión "ante el horror de la catástrofe, en reverencia a las almas de las víctimas inocentes, en solidaridad con los heridos y sus familias, sintiendo el dolor de las familias de los desaparecidos, en simpatía con todos los afectados (...) y en medio de un sistema estéril y afligido". El ministro dijo que está "triste hasta la muerte" por lo ocurrido.

Mientras, en las calles de Beirut, la rabia y la indignación ciudadanas volvieron a alimentar ayer protestas violentas, cuando los manifestantes atacaron las sedes de varios ministerios y se enfrentaran con la Policía, con un saldo de 250 heridos y un agente fallecido. Mientras que las fuerzas de seguridad y los manifestantes se arrojaron gases lacrimógenos, piedras y material incendiario en los alrededores del Parlamento, en el centro de la capital libanesa.

Fin a fase de rescate

El Ejército libanés ayer dio por concluida la primera fase de las labores de búsqueda y rescate, sin que los equipos locales e internacionales hayan encontrado sobrevivientes, lo cual será menos probable a partir de este momento.

El jefe del batallón de ingeniería del ejército, Rojeh Khoury, explicó que después de tres días de búsqueda "la esperanza de encontrar a personas con vida ha disminuido", pero que continúan los trabajos para recuperar los cadáveres de debajo de los escombros. "Los equipos que buscaban gente con vida consideran que su trabajo terminó".

Los intentos de diálogo para acabar con las protestas en Bolivia por el nuevo aplazamiento de las elecciones no están contribuyendo a disminuir la tensión política y social en el país.

Ayer tuvo lugar una mesa de diálogo en el palacio de Gobierno en La Paz, convocada por la presidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, quien dijo que escuchó las distintas opiniones, pero no habló de conclusiones. Dos de los principales aspirantes electorales, como el expresidente Carlos Mesa de la alianza Comunidad Ciudadana, no acudieron a la cita con Áñez. Mientras que Luis Arce, que encabeza la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS), puso como condición para asistir la liberación inmediata de los detenidos en las protestas, lo que no ocurrió.

Tan solo la Iglesia Católica como el candidato presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung, del Frente Para la Victoria, asistieron, pero Arce, Mesa y Áñez, candidata por la alianza Juntos, son por ese orden los favoritos, según las encuestas.

El órgano electoral reiteró que no piensa mover la fecha de los comicios fijada ahora para el 18 de octubre, mientras que la Central Obrera Boliviana, una de las principales organizaciones convocantes, insistió en que, si no se respeta la fecha que estaba antes del seis de septiembre, seguirán las movilizaciones que se prolongan de forma ininterrumpida desde hace una semana.

Las protestas incluyen bloqueos de carreteras, a los que se culpa de obstaculizar el suministro de productos médicos como oxígeno medicinal, con al menos 31 pacientes fallecidos por falta de abastecimiento, según el gobierno interino. Arce respondió a estas acusaciones a través de redes sociales, argumentando negligencia por parte del gobierno en el suministro de oxígeno. "Las organizaciones garantizan el libre tránsito", declaró.

Las elecciones ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, que acumula 3.687 fallecidos y 89.055 casos, de acuerdo con datos oficiales. Los comicios generales están pendientes desde su anulación en octubre de 2019 entre denuncias de fraude, aún bajo investigación judicial, a favor del ex presidente Evo Morales, quien fue declarado vencedor, pero anunció su renuncia y aseguró que era presionado por un presunto golpe de Estado para negarle su triunfo y obligarlo a dejar el poder.