Un grupo transversal de parlamentarios presentó un proyecto de ley que busca aumentar las penas para los responsables de violencia de género y potenciar la ayuda a las mujeres que sufren de ataques de distinta índole en el país, promoviendo su protección, a raíz de la connotación que ha tenido el caso de la joven Antonia Barra, quien se suicidó en la Región de La Araucanía tras un episodio de violación.

A juicio de los proponentes, las víctimas de abuso o violación requieren de una mayor y mejor protección de parte de los organismos del Estado, resguardando la privacidad de su identidad, con el fin de que además no sean expuestas ante la sociedad, ya que esto representa una forma de revictimización. Asimismo, se ha solicitado que los delitos de agresión sexual no prescriban antes de diez años y que el imputado sea considerado un peligro para la sociedad y por lo tanto sea sometido a prisión preventiva mientras dure la investigación, cuestión que sin duda generará debate con quienes plantean que hay que garantizar el principio de inocencia, hasta que en el juicio se demuestre la culpabilidad. Del mismo modo, piden que se considere la tipificación del delito en el caso de víctimas que se suicidan como consecuencia de un episodio de agresión o de violación.

Pese a las insistentes campañas que se han desarrollado en el país durante los últimos años, los ataques a mujeres por parte de sus maridos, parejas, convivientes o pololos no han cesado, incluso hasta llegar al femicidio, que es la forma más extrema de violencia. La observación de la mujer como un objeto parece ser la raíz de un asunto inaceptable.

En lo que va del año, se contabilizan 20 casos consumados de femicidios en el país y 66 frustrados. Es necesario conversar estos temas en las familias, con el fin de inculcar en los niños y jóvenes el respeto que debe existir en la relación de pareja. En una sociedad donde el machismo se encuentra tan arraigado, estos son comportamientos difíciles de modificar, lo que de ninguna manera justifica la violencia verbal o física, porque las relaciones deben sostenerse en la confianza y en el respeto de la libertad individual.

Con un oficialismo golpeado por la casi nula conducción política del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, desde antes del estallido social, y con cifras de contagios y muertes por Covid-19 que invitan a dudar del Plan de Desconfinamiento y la estrategia general de Salud, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) propuso por arte de magia, sin mediar un plan de acción, la privatización de Codelco.

¡Vaya! Qué momento para perder el norte el partido que durante la pandemia se ha opuesto a todas las iniciativas que tienen como eje de las políticas públicas a las personas.

La propuesta de vender Codelco, que la derecha viene intentando conseguir desde mediados de la década de los 90, la reflotan nuevamente, pero esta vez en un momento en que las prioridades nacionales están enfocadas en algo que es, literalmente, de vida o muerte: detener la escalada de contagios, establecer medios de contención del coronavirus, y delinear las medidas que permitan a las familias más vulnerables y de clase media no tener que enfrentar la cesantía, el hambre y la pobreza que acompañan una enfermedad que puso en jaque el modelo de desarrollo de nuestro país.

Entonces, esta idea -que parece sacada de un panfleto doctrinario más que planteado por un grupo de personas electas para representar a la ciudadanía- es un desatino tanto en su fondo como en su oportunidad.

Una pregunta: ¿Cuál es el afán ideológico en querer privar a Chile de una de sus cartas de presentación en el mundo? Es más, ¿cuál es la obsesión por dejar a nuestro país sólo como un mero recolector de impuestos en lugar de una nación que crea valor a través de lo público?

Habrá grupos que cuestionarán la gestión y planificación estratégica de Codelco, pero ellos no pueden desconocer que es una empresa pública, grande, robusta, con una fuerza de trabajo pujante; compuesto por un capital humano consciente de su significado y del legado que arrastran en cada jornada laboral. Querer desprenderse de la cuprífera, que literalmente extrae valor para nuestro país desde el fondo de nuestra tierra, es perder además un componente importantísimo de nuestra capacidad productiva.

A casi cinco décadas del hito que significó la nacionalización del cobre, pretender enajenar -lisa y llanamente, hacer ajenos- los frutos del esfuerzo de trabajadores de la minería, y la historia de familias que han hecho su vida en torno a la cuprífera nacional, es una afrenta a nuestra historia en un contexto donde el país sufre los embates de una enfermedad sin cura.

Además, en un escenario que nos exigirá poner todas nuestras capacidades al servicio de una recuperación económica sostenible y justa para todos y todas, donde sin duda Codelco jugará un rol crucial.

Codelco es de Chile y de los chilenos y chilenas.

Chile no se vende; Codelco no se vende.

Chilezuela, fue el concepto acuñado por algunos sectores de la derecha durante el segundo mandato de Bachelet para hacer notar que en el Gobierno estaba "el despelote" y que de seguir así, terminaríamos como la Venezuela de Maduro, es decir, una institucionalidad fallida, desgobierno y descontrol. Probablemente varios de los que se encargaron de socializar este concepto estén hoy algo arrepentidos, porque esa idea vaga de terminó encarnándola el actual gobierno de Piñera.

Siguiendo esa línea, estas últimas semanas la capital regional bien pudo haber sido llamada Antofazuela, donde solo faltó que algún entusiasta se declarara "alcalde encargado" mientras la legitimidad -sino derechamente legalidad- de la alcaldesa Rojo caía en picada, producto de una bochornosa incapacidad de las instituciones involucradas de ponerse de acuerdo y ser capaz de ejecutar la salida de la autoridad comunal.

¿Pero de qué se le acusa a Karen Rojo? En términos simples de usar recursos públicos para mejorar su performance como alcaldesa y por ende como candidata a la reelección hace 4 años atrás. ¿Es radicalmente distinto a lo que hacen muchos políticos con cargo?, desde mi perspectiva no mucho; no difiere sustantivamente de lo que hacen de manera más directa o indirecta múltiples autoridades -elegidas o designadas- que entienden que es absolutamente razonable que ellos luzcan en el ejercicio de su función.

En el caso de las y los alcaldes eso es muy sintomático. Llegan al cargo siendo grandes impugnadores del gasto excesivo y despilfarro de la gestión anterior, de la mano de grandes proyectos y sueños colectivos, pero algo pasa, que día a día van mirándose al espejo, encontrándose más bellos e indispensables para el futuro de su comunidad.

Karen Rojo se excedió, eso es indudable, pero la lógica desde la cual necesitó que llegara el asesor desde Santiago para decirle hasta si la falda negra combinaba con la blusa azul, es parte de la manera en que la política se ha ido degradando paulatinamente. Y los ejemplos son variados.

El alcalde Joaquín Lavín hace unos días en el matinal del canal público explicándole a todo Chile como se hace el trámite para retirar el 10% de los fondos de las AFP, es parte de la misma fórmula que entiende el servicio público con el Yo por delante. ¿Y le resulta? Pues claro, la política como sociedad del espectáculo es la nueva era en la que ya vivimos.

Creo que en este momento de caída -ya veremos si es caída o solo un traspiés- de la alcaldesa sería conveniente que la propia ciudadanía recuerde los orígenes de algunos importantes liderazgos regionales: Karen Rojo llegó a la alcaldía por 4 meses de fiscalizaciones con mucha publicidad en su fugaz paso por la seremía de Salud y Paulina Nuñez es diputada -y será senadora en un par de años- por una muñeca Barbie. ¿Es democrático aquello? Por supuesto que lo es, nadie podría discutir su legitimidad, pero no deja de ser llamativo el origen de su conocimiento masivo, el consiguiente apoyo ciudadano en las elecciones y la posterior queja de la gente sobre el nivel de la política y los políticos.

Entonces como dice el dicho, la culpa no es del chancho sino del que le da afrecho.