Todo hace indicar que el proyecto para el retiro de hasta el 10% de los fondos administrados por las AFP seguirá avanzando en el Senado, considerando los anuncios hechos por varios representantes.

Difícil traducir lo ocurrido: esta discusión es objetivamente una sorpresa solo explicable por la magnitud de la crisis económica derivada de la pandemia, el pobre manejo político del gobierno y la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Es cierto que este mismo debate se lleva adelante en otras naciones, pero todas son más ricas, hay que añadir. También es efectivo que un retiro programado, compartiendo información entre los estamentos correspondientes, no debiera causar tantos problemas como se presume.

El problema es otro y está enfocado en los sectores más desposeídos.

Los datos son más o menos los siguientes: de aprobarse el proyecto, 3 millones de personas podrían retirar la totalidad de sus ahorros, ya que tienen acumulado un monto inferior a 35 UF. Además, otras 4,6 millones de personas podrían girar solo 35 UF, ya que el 10% de sus fondos no supera dicho piso.

¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué asumimos como viable que las personas sean las que carguen con el costo de salir adelante usando los recursos de su futura pensión? Aquella es una pregunta algo más difícil y se confunde entre las torpezas y reacciones tardías del ejecutivo con otras respuestas, con la mala imagen de las AFP y la objetiva desesperanza que tienen miles de familias golpeadas por el desempleo y el hambre.

Lo esperable e ideal es que el gobierno, el Estado, salga en ayuda de la gente, mal que mal tiene importantes recursos ahorrados, además de poder tomar créditos.

El apoyo transversal a una medida objetivamente mala y perjudicial es otro de los síntomas de cierto hartazgo y desencanto de la sociedad nacional con varias instituciones, las malas pensiones y lo público: que demora en sus ayuda o son insuficientes, es decir, un descrédito generalizado, que solo explicita la orfandad de los chilenos en materias de seguridad social.

"Paren el mundo, que me quiero bajar". La frase de Mafalda, el querido personaje de Quino, calza perfecto para estos tiempos. Sin embargo, tenemos la capacidad de modificarla a "Paremos el mundo, que nos podemos bajar".

Mientras sube el desempleo, quienes mantienen sus trabajos se enfrentan a otro efecto de la pandemia: el mostrarse activos y operativos lo más posible, sumando a ello el clásico "hacer más con menos", ya sea desde sus oficinas o a través de teletrabajo, que no son tantos como uno cree.

El agobio de mostrarse 100% operativos, o por optimizar sus tiempos entre diversos roles, o sencillamente dar respuesta a pedidos imposibles, ha resultado en una sobrecarga de pega, una generación de ansiedad, de desconfianza y de miedo.

En Humind, en estos meses de pandemia hemos conversado con más de 4.000 personas en nuestros encuentros virtuales con empresas, a lo largo de Latinoamérica, sobre lo que están viviendo en el ámbito laboral, obteniendo un resultado revelador: incertidumbre, tristeza, ansiedad, angustia, miedo, rabia, frustración, preocupación, poco tiempo y cansancio, son los conceptos más comunes. Muy pocas dijeron sentir alegría, optimismo o esperanza.

¿Qué hacemos? Mejor paremos, bajemos la velocidad a este desenfreno catalizado por la pandemia, pero que nosotros -como personas o, en realidad, como Recursos Humanos- potenciamos y validamos. Propongo: ¡Hagamos un acuerdo colectivo! Donde todos juguemos un rol. Debemos entender que no se puede hacer todo y de todo. Los líderes de grupo no pueden continuar trabajando en base a la desconfianza y al control de cada paso de los miembros de su equipo. Se deben fijar metas en directa relación con lo que está pasando y a corto plazo.

¿Qué estamos haciendo como colectivo para superar esto? Cosas sencillas. Debemos organizar mejor los tiempos, planifiquemos más y dejemos de pedir todo para ayer. Fijemos metas para dos o tres semanas, y en caso que no sea posible cumplir se debe decir NO, pues dejemos de ver la negativa como un acto violento de rechazo, sino más bien como la apertura de un espacio de negociación.

Bajar la velocidad individualmente, sería irresponsable, ingenuo y una autodestrucción en el mercado. Por eso, no es un llamado inocente o simplista del tipo "parte por cambiar tú"; sino que es un llamado a no esperar a la "mano invisible" que regule los mercados y nuestras vidas. Somos nosotros, somos nosotras, personas de carne y hueso, con manos muy visibles, los que podemos acordar nuevas reglas del juego.

Esta semana la Universidad Adolfo Ibáñez dio a conocer un estudio que revela que iniciativas mineras como el proyecto Dominga, la ampliación de Los Bronces y Centinela son considerados como emprendimientos claves para la recuperación de Chile, y especialmente sus regiones mineras, tras el actual contexto de crisis. El estudio sólo viene a ratificar un hecho indesmentible: Chile podrá recuperarse de la mano de grandes proyectos, principalmente mineros, que sean movilizadores de altos volúmenes de inversión y generadores masivos de oportunidades para las empresas proveedoras y empleos de calidad, especialmente para las regiones mineras.

Es preocupante, sin embargo, que algunos de estos proyectos se hayan entrampado por factores ajenos a su calidad técnica, social y ambiental. En particular, el caso del proyecto Dominga, que en la actualidad conoce el Primer Tribunal Ambiental, es emblemático. Está diseñado bajo modernos estándares técnicos, usará agua desalada para todos sus procesos, podría pasar a representar un tercio del PIB de la Región de Coquimbo y, además, cuenta con el mayoritario respaldo de la comunidad para levarse a cabo, con la que además se ha comprometido en un acuerdo marco que, como mínimo, asegura duplicar el actual presupuesto fiscal del municipio de La Higuera.

Pese a todos estos atributos, el proyecto ha sufrido una tortuosa tramitación, por razones que se apartan del plano técnico. Tras obtener un Informe Consolidado de Calificación (ICE) favorable por parte del Sistema de Evaluación Ambiental, fue votado en contra en la Comisión Regional de Evaluación de Coquimbo. Autoridades denunciaron presiones políticas y posteriormente, el Comité de Ministros declaró nula esa votación por la falta de fundamentos en los votos de varios integrantes.

Pese a lo anterior, sobre la base de cuestionables informes posteriores que no se hicieron cargo de los antecedentes contenidos en el expediente ambiental, se decidió rechazar el proyecto, lo que, nuevamente, generó un gran escándalo por la falta de rigor en el proceso, provocando incluso renuncia de ministros.

¿Cómo es posible que un proyecto con todos estos atributos haya tenido tantos problemas en su tramitación? Quien ha judicializado la tramitación de Dominga es una ONG extranjera, que afirma que Dominga podría impactar en la Reserva del Pingüino de Humboldt, pese a que no han entregado estudios que respalden esa afirmación. Dominga, en cambio, ha propuesto financiar un centro de investigación independiente para la investigación y protección de la flora y fauna marina y, también, renunciar a su puerto.

Si Dominga no lograra sortear con éxito su tramitación ambiental sería una señal devastadora para el sector minero, una pésima noticia para la reactivación económica, social y territorial de la macrozona minera de Chile y, peor aún, una puñalada a la esperanza de las pequeñas y medianas empresas proveedoras del sector minero y miles de trabajadores y trabajadoras que hoy están sin empleo.