"Hacemos una distinción entre las familias que necesitan para vivir y quienes lucran con terrenos fiscales"
El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, se refirió a la situación que enfrenta la región ante el aumento en el número de ocupaciones ilegales, siendo Antofagasta la que lidera esta cifra a nivel nacional, concentrando el 45% del total.
Para eso, dijo que están trabajando en un plan de fiscalización de tal forma de disminuir este número. Isamit fue claro al indicar que aquellos que estén utilizando estos terrenos con fines "inescrupulosos", serán desalojados.
Mientras que en los casos de familias que estén viviendo en estos territorios, se les buscará otorgar una solución integral.
También destacó el plan de licitaciones en el que están trabajando, el que dará énfasis a la entrega de terrenos para inversión, de tal forma de generar empleos. Algo que ya realizaron hace algunos días, al adjudicar nueve paños en la región que serán destinados a proyectos de energía renovable.
Antofagasta lidera el número de ocupaciones ilegales.
-Nosotros hemos hecho un catastro actualizado de ocupaciones ilegales a lo largo de todo Chile. Y hemos identificado hasta fines de mayo 14.256 ocupaciones ilegales en todo el país. La Región de Antofagasta se lleva el 45% con 6.476 ocupaciones entre ilegales e irregulares.
Es importante la distinción porque las ocupaciones ilegales son aquellas que no tienen ningún título, están completamente bajo ninguna norma. Esas son 5.356 a diferencia de las 1.201 que son ocupaciones irregulares. Es decir, pueden corresponder a personas que tenían un contrato en concesión con Bienes Nacionales, y que éste se extinguió.
¿A qué corresponde mayoritariamente la toma de terrenos en forma ilegal en la región?
-Hemos identificado una suma de cosas distintas en estas ocupaciones ilegales. Algunas son familias que se han instalado por necesidad en campamentos, otras son por ejemplo extracción ilegal de áridos que también hemos ido desarrollando un plan de fiscalización más intenso para poder controlarlo, especialmente en Sierra Gorda y Calama.
Y por último, también una serie de inescrupulosos que terrenos fiscales pretenden venderlos como si fueran terrenos privados. Y por eso, dado la diversidad de situaciones que hemos identificado, hemos dispuesto un criterio como ministerio para hacer frente a estas ocupaciones que es: a las familias que están viviendo necesidades y momentos complejos darle una respuesta integral como Estado, pero a los inescrupulosos que se están tomando terrenos fiscales para hacer extracción ilegal de áridos, vender como si fueran privados terrenos públicos estafando a miles de familias, ahí la respuesta será una sola y es el desalojo.
Por tanto, ¿las personas que están en campamentos no serán desalojadas?
-Las personas que están en campamentos hoy trabajaremos a través de una mesa intersectorial entre los ministerios de Vivienda, Desarrollo Social, Bienes Nacionales, Gobernación e Intendencia para dar una respuesta integral porque en muchas de estas ocupaciones que llevan largos años, la pelota iba de ministerio en ministerio.
Y yo creo que nosotros tenemos que dar una respuesta integral, con sentido de urgencia. Que se haga cargo de las necesidades de muchas familias que se instalan ahí, porque ninguna de estas familias están ahí por gusto, sino por necesidad y obviamente también nos contribuye a prevenir esto porque no queremos que en el futuro las tomas sigan creciendo más aun en los complejos momentos que estamos viviendo en términos económicos, sociales y sanitarios.
¿Estas tomas corresponden a nuevos campamentos o se han sumado a los que ya existen?
-Entre el 31 de diciembre y fines de mayo crecieron en 25 nuevas ocupaciones que están instaladas en terrenos fiscales y lo que estamos haciendo es un plan distinto. Una mesa intersectorial de coordinación, con una respuesta integral y desde Bienes Nacionales con distintas actitudes porque para problemas distintos se deben tener soluciones distintas.
Entonces, aquellos que quieren ser propietarios estamos con un plan de normalización vía venta. Si quieren regularizar la situación estamos con las posibilidades de contrato de arriendo. Si son empresas que están haciendo extracción de áridos estamos disponiendo de un contrato de arriendo exprés para que puedan desarrollar su faena con apego a la ley y no como muchos lo están haciendo hoy y están siendo fiscalizadas, estamos tomando todas las medidas administrativas para una mejor gestión del territorio fiscal.
Sobre las personas que están utilizando estos terrenos fiscales para actividades inescrupulosas, como venta ¿cuándo empezarán los desalojos?
-Nosotros estamos primero en un plan de fiscalización. Hemos instruido a nuestro jefe de fiscalización nacional que se haga cargo de un plan especialmente en la Región de Antofagasta. Tuvimos una reunión también junto al subsecretario y la seremi Tamara Aguilar, para tomar todas las medidas de resguardo frente a la extracción ilegal de áridos, porque estos no solamente son ocupaciones ilegales también están lucrando con terrenos fiscales que le pertenecen a todos los chilenos sin cumplir con ninguna de las normas administrativas, medioambientales ni mucho menos sanitarias.
No vamos a permitir que esto pase. Hemos presentado distintas querellas en el Ministerio Público y hasta denuncias en este, y lo seguiremos haciendo porque la distinción que hemos establecido entre familias con necesidades y de aquellos casos de inescrupulosos es lo que nos mueve a tomar medidas muy drásticas con aquellos que están haciendo extracciones ilegales de áridos.
Licitaciones
El ministerio a la vez ha desarrollado un plan de licitaciones para diversos rubros productivos, lo cual permitirá nuevos ingresos a las arcas fiscales nacionales y regionales.
¿Estas adjudicaciones a qué rubro corresponden?
-Los que acabamos de licitar que son 11 terrenos, son para energía renovable en el norte grande, nueve de los cuales fueron en Antofagasta y en nuestro plan nacional de licitación que vamos a presentar en las próximas semanas junto al Presidente Sebastián Piñera, varios terrenos son para proyectos inmobiliarios porque sabemos que la región tiene un déficit habitacional muy potente, y que debemos abordarlo con todo el quehacer del trabajo público del Ministerio de Vivienda especialmente, pero también del aporte de los privados, y por eso hemos estado eligiendo los mejores terrenos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que beneficien a las familias más vulnerables y de clase media.
En algunas regiones como Atacama se están haciendo gestiones para entregar, por ejemplo, parte de los terrenos del borde costero. ¿Esto va en la línea de lo que esperan realizar también en la zona?
-Le pedí a todos lo seremis que busquen distintas soluciones para responder a estos problemas. Por ejemplo, en todo el borde costero de Atacama se ha procedido a la normalización vía venta por macrolote para personas que quieren ser propietarios de sus terrenos. Como por ejemplo, los campamentos de la Varilla en la Región de Coquimbo que los hemos ido normalizando vía contrato de arriendo y nosotros queremos poner todos los instrumentos que la ley nos permite para poder hacer frente a este número de ocupaciones ilegales, pero con pleno respeto a las personas que llevan tiempo esperando. Nosotros no podemos saltarnos la fila y tenemos que darle la prioridad que merecen a las personas que llevan años esperando su subsidio habitacional, de arriendo y por eso el trabajo coordinado de esta mesa intersectorial nos permitirá trazar una hoja de ruta compartida para que los distintos ministerios estemos coordinados y demos una respuesta a esta situación.