En una hectárea y media, aproximadamente aumentó la superficie de los campamentos en la capital regional durante el último año, a base del análisis realizado por el Instituto de Políticas Públicas de la UCN.

La conclusión está construida sobre las imágenes satelitales disponibles, las que explicitan el avance de estos asentamientos, en especial en el borde cerro de la ciudad, sectores de alto riesgo para la vida humana por la posible ocurrencia de aludes en días de fuertes precipitaciones.

Pero debe decirse que lo mismo ocurre en Calama, Taltal y San Pedro de Atacama, entre otras comunas y localidades.

Debe recordarse que si en 2011 había 29 campamentos en la Región de Antofagasta, la cifra se empina hoy por sobre los 73, confirmando la magnitud del problema en la zona norte. Antofagasta, Mejillones, Calama, San Pedro de Atacama y Taltal, parecen tener las situaciones más complicadas.

Y debe entenderse que este es un problema nacional. Existen al menos 802 asentamientos actualmente en Chile, de los cuales 60 se ubican en zonas de riesgo de incendio, derrumbe o inundaciones, según los resultados preliminares del catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Muy seguramente, todos estos sitios presentan fragilidades tremendas para enfrentar la actual pandemia.

La primera impresión es que se trata de un efecto más de una crisis económica enorme, pero también debe decirse que es un fenómeno que lleva años en nuestras ciudades del Norte y que solo ha empeorado producto de la ausencia de una política pública que aborde el acceso a la vivienda de los sectores más postergados.

Tampoco hemos tenido la fuerza para impedir que ello ocurra, tanto en este gobierno, como en el anterior tuvimos incluso autoridades que incumplieron sus obligaciones al respecto.

La Región de Antofagasta tiene aquí uno de sus principales desafíos de cara al futuro. Un ineludible que exigirá esfuerzo y planificación urgente.

En estos días cuando avanza esta «era» compleja y de cambios radicales en el modo de vivir, se despliega una ola mundial de desinfección de algunas anomalías socio-patógenas como el racismo, el machismo, la homofobia y un elenco importante de expresiones culturales que infectan el mundo y lo hacen altamente tóxico de acuerdo a los parámetros morales contemporáneos. Por lo tanto, es esperable una inevitable desinfección para sanar el cuerpo social. No obstante, en nombre de aquella lucha cultural de limpieza que se despliega con intensidad por el mundo, en mi opinión, cae en una forma extrema asociada al combate de los juegos del lenguaje donde se invalida desde un discurso totalitario, todas aquellas expresiones lingüísticas de las que no se logren ventajas unilaterales, que es algo así como romper en «pedazos todos los espejos que no aseguren que ella es la más bella del reino» en palabras de Sloterdijk.

Estos movimientos culturales justificados por sus llamados a la justicia y un mundo mejor -qué dudas caben-, actúan de acuerdo a la lógica que rompe todos los espejos que no aseguren su belleza y confirmen el enamoramiento de su propio rostro. Así, no sólo cuestionan aquellas palabras «políticamente incorrectas» fiscalizadas por el santo oficio del lenguaje, sino también con acciones que ponen en movimiento la cancelación de la cultura que no responda al axioma de lo que es considerado correcto ya sea en los espacios universitarios, en los museos, en la literatura, en el cine y la TV.

Ejemplos de aquellas prácticas de limpieza cultural son enormes y variadas, como la carta de los miembros de Linguistic Society of America, en la que han exigido la eliminación de Steven Pinker, psicólogo experimental de Harvard, de la lista de académicos distinguidos y de expertos en medios porque sus opiniones (por internet en 2017) fomentarían el racismo y el machismo. Dicho lo anterior, también está el contrapunto de una carta reciente de 150 intelectuales norteamericanos por el "derecho a discrepar".

Pero al parecer en un futuro próximo, podríamos asistir a la cancelación de series de televisión o filmes -parece que ya hay censuras en estos dominios- o de libros nocivos para mentes que se quieren mantener impolutas, como las obras de Sade o de Bukowski, algunos textos de Schopenhauer y Nietzsche, o unos puntuales poemas de Neruda y ciertas expresiones impropias de Nicanor Parra.

Así, algunos libros que no califiquen en este deseado quirófano social, serían lanzados a la hoguera a 451 grados Farenheith y, probablemente, también al vaciamiento parcial de aquellos Museos de Arte con instalaciones de «estética incorrecta» bajo el manto de una Inquisición 2.0 que corrige, penaliza y promueve algo así como una solución final.

En los últimos días hemos sido testigos de un amplio debate respecto a las penurias que sufren los chilenos en el marco de la pandemia covid - 19 que ha traído consigo una crisis económica y social de consecuencias insospechadas, en la cual la necesidad básica de "capacidad económica" se percibe como crítica de parte de la población. Dicha necesidad básica es una de las cuatro que permite identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza, y que es utilizada por la Cepal desde la década de los 60.

No cabe duda que la actual pandemia incrementará los niveles de pobreza e indigencia de la población. Es por ello que en tiempos como los actuales resulta clave el rol del Estado en el enfrentamiento de la crisis.

Los anuncios realizados por el Gobierno contemplaron una serie de medidas para la clase media, los cuales experimentaron una leve mejoría respecto a los comunicados la semana anterior. Sin embargo, sigue como tarea pendiente aumentar la entrega del bono por $500.000 a la clase media con ingresos inferiores a dicho monto. Por otra parte, medidas como la postergación de dividendos hipotecarios, la suspensión del pago de contribuciones para el segundo semestre y la petición para reducir el valor de la mensualidad en colegios particulares subvencionados, son medidas valorables. Pero así y todo, en general se percibe una postura crítica con la entrega de préstamos blandos, por lo demás, del todo cierta, que una vez más la clase media debe solicitar un préstamo o endeudarse para superar sus dificultades, en lugar de recibir una ayuda que no necesariamente equivalga a una devolución posterior a la contraparte estatal. Pese a que los préstamos blandos contemplan la figura de la condonación, el mensaje de empatía no logra ser percibido en la ciudadanía y aquello es preocupante.

Pues bien, en el contexto de la libertad individual y el sobreendeudamiento de la clase media chilena (que de acuerdo a cifras entregadas por el Banco Central durante 2019, el endeudamiento de familias chilenas alcanza el 74,5% de los ingresos, atribuibles principalmente a la existencia de créditos de consumo e hipotecarios) resulta legítimo pensar y apoyar la idea del retiro del 10% de los ahorros de AFP, que está concebida como una medida puntual, por única vez. Probablemente, ningún ciudadano quiso llegar a este punto, pero es válido ofrecer distintas alternativas, aunque sabemos que por razones obvias ésta última es la más popular lo que tiene su razón de ser en la mala reputación de las AFPs. Esta responsabilidad es transversal y estructural a la clase política en los últimos 30 años. Por ello, no es descabellado que los nuevos "indignados chilenos", decidan ejercer su libertad individual inculcada por nuestro sistema sociopolítico imperante. Así, esta alternativa debe ser considerada y a su vez trabajar en una reforma en serio al sistema de pensiones, potenciando el imperio de un sistema mixto, configurado con la tributación del Estado, familia y empresa y con una fuerte fiscalización y protagonismo del primero. A modo de reflexión: tenemos la oportunidad histórica de "relevar lo positivo del individualismo" en la toma de decisiones de las personas, evitando la coerción del Estado en el acceso, por única vez, al 10% de los ahorros previsionales, empatizando con penurias sociales inmediatas y evidentes que deben ser resueltas.