Concejales divididos por respuesta del TER sobre inhabilidad de Rojo
CASO MAIN. Cuatro ediles presentaron oficio en Contraloría. Defensa niega que alcaldesa esté suspendida.
La decisión del Tribunal Electoral Regional (TER) en orden a declararse incompetente, pero al mismo tiempo establecer que no se requiere un pronunciamiento judicial para que la alcaldesa Karen Rojo quede inhabilitada de su cargo por estar acusada por fraude al fisco y negociación incompatible en el caso Main, generó distintas reacciones en el Concejo Municipal.
Recordemos que el 19 de junio los concejales Doris Navarro (Indep.), Luis Aguilera (RN), Camilo Kong (Indep.) y Jonathan Velásquez (Indep.), solicitaron al TER resolver la continuidad de Rojo en el cargo mientras se encuentre sujeta a acusación, consulta que fue resuelta el 22 de junio.
En su pronunciamiento, el TER expresa que la situación de la alcaldesa es la descrita en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Municipalidades (suspensión del cargo por pérdida del derecho a sufragio), "sin que se requiera declaración judicial".
La respuesta derivó en que ayer el mismo grupo de concejales presentara un oficio en Contraloría Regional pidiendo un pronunciamiento formal del órgano fiscalizador, respecto a si la alcaldesa debe continuar en el cargo y si sus actos administrativos desde que fue acusada por la Fiscalía (12 de junio) son válidos.
Posturas
El concejal Camilo Kong dijo que están esperando un pronunciamiento desde las instituciones correspondientes para sustentar la suspensión del derecho a sufragio y la consiguiente inhabilidad.
"Vamos a esperar que se genere esta notificación al municipio durante los primeros días de julio y en caso que se concrete, que el secretario municipal convoque al Concejo Municipal a elegir quién reemplazará a la alcaldesa en este periodo de vacancia, entendiendo que se han dado distintos pronunciamientos de los tribunales", indicó.
El concejal Jonathan Velásquez dijo que se debe esperar que la justicia actúe y que los tribunales dictaminen.
"Pero también queremos demostrar como concejales que estamos haciendo el rol fiscalizador y no como algunos colegas que hacen vista gorda. Nosotros fuimos elegidos para denunciar estas cosas, impedir que sigan sucediendo y para de ahora en adelante tratar de tomar medidas", indicó.
Los pronunciamientos ya conocidos generan opiniones distintas en el Concejo Comunal, donde varios destacan la importancia de que la justicia avance. Es el caso del concejal Gonzalo Santolaya (UDI), quien cree que se debe ser respetuoso del sistema jurídico y esperar que los tribunales se manifiesten sobre el caso.
"Hay algunos preceptos como que todas las personas, independiente de los cargos que ostenten, tienen derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia e igualdad ante la ley. Incluso hay convenios y tratados internacionales que tienen un rango a veces superior a lo establecido en la Constitución que expresan que tiene que haber una condena ejecutoriada para poder sancionar a una persona", indicó.
Santolaya explicó que hay juristas que sostienen que mientras la alcaldesa esté sometida a un juicio y no exista una condena ejecutoriada, es totalmente inviable sancionarla.
El concejal Ignacio Pozo (PR) dijo que esperará que les llegue la notificación, para luego tomar acciones.
"Qué saco con adelantarme a hacer algo, si ya está todo hecho (...) Yo no tengo ansias de ser alcalde, a lo mejor los colegas sí y por eso presionan tanto. Yo estoy esperando que me notifiquen y ahí tomaré las acciones que corresponde por el bien de la ciudadanía", indicó.
En tanto, el abogado de la alcaldesa, Fidel Castro, a través de un comunicado indicó que el TER no ha ordenado suspensión de Rojo, sino que se declaró "incompetente", y por tanto, se encuentra en la imposibilidad de resolver u ordenar dicha medida.
"Al día de hoy, doña Karen Rojo sigue con su derecho a sufragio vigente, como se puede constatar ante el Servel", dijo.
También precisó que "este asunto se encuentra radicado ante un Tribunal de la Justicia Ordinaria (juez civil), y por tanto, ningún otro órgano judicial o municipal podría sustituir al necesario o pronunciamiento jurisdiccional y pretender torcer el rol de la justicia".
Para aclarar estos puntos, el abogado ayer compareció en representación de Rojo ante el TER, e impugnó tales consideraciones por ser incompatibles con lo resuelto.