Sin el arribo de extranjeros, la Región de Antofagasta habría reducido su población, un dato de enorme magnitud que revela el problema que tiene nuestra tierra: su capacidad de atraer y retener talento.

Los análisis del Censo realizado por el INE dieron cuenta de que Antofagasta es la que más habitantes perdió por migración interna (quienes se vinieron a vivir aquí, versus los que se fueron, en el plazo 2012- 2017). Todo indica que ese segmento, fundamentalmente nacional, era de mayores ingresos, trabajadores de la minería, que han sido "reemplazados" por personas de más bajos ingresos, provenientes de otros sitios.

Recientemente, otro estudio del mismo INE ("Migración Interna en Chile") dio cuenta de que Antofagasta también es la región del país menos atractiva para la migración interna.

En el estudio se realizaron dos preguntas: ¿cuáles son las características de la población que migra internamente en el país? y ¿desde y hacia qué regiones migra dicha población? A partir de éstas se concluyó que las regiones con mayor atractivo migratorio son Coquimbo (7,8) migrantes por cada mil de sus habitantes, seguida de Valparaíso (5,2) y la del Maule (3,7).

Mientras que en el otro extremo se ubicaron Antofagasta, donde la migración interna disminuyó (-11,4) con respecto al año 2012, seguida por Tarapacá (-8,6) y Atacama con (-8,4).

Las razones pueden ser muchas y particularmente vinculadas a lo económico, en específico, el fin del súper ciclo de precios del cobre. Pero también hay que hurgar en la imagen que nuestras ciudades proyectan, en especial la capital regional y Calama, definitivamente no la mejor, según queda en evidencia en estudios como "Barómetro Imagen ciudad".

Antofagasta tiene aquí un problema enorme que impacta en la decisión de las personas de seguir en esta tierra. Nuestra ciudad está lejos de tener solo defectos, pero estos son enfatizados y otros tantos son falseados, a pesar de que la realidad, dice lo contrario en salud, educación, contaminación, entre otros.

Y esto debe ser cambiado, porque es crítico y fatal para el desempeño de la comunidad. Si estos números se mantienen la posibilidad de captar alumnos para las universidades decrece, lo mismo que profesionales para las distintas industrias.

Este es un asunto crítico, fundamental para el futuro.

La ONU designó el 28 de enero como un día clave para reflexionar y frenar las emisiones de CO2 con el objetivo de tomar decisiones concretas destinadas a la protección de nuestro planeta. Hoy el reducir dichas emisiones se torna más urgente que nunca, ya que estamos viviendo un punto de inflexión respecto al calentamiento global. Como sabemos, el exceso de este gas es el principal causante del calentamiento de la atmósfera por el efecto invernadero, agravando la falta de acceso al agua e incrementando las sequías, realidad que en Chile se torna crítica.

Según un informe difundido por Global Carbon Project y que fue presentado en la COP25, las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono aumentaron un 0,6 por ciento en 2019 respecto a 2018. Los resultados de los acuerdos de COP25 dejaron en evidencia que sin el compromiso de todos para construir en conjunto fuertes medidas políticas, económicas y sociales tendientes a frenar esta grave situación en el mundo, no podremos aliviar las consecuencias del fenómeno, sobre todo porque de acuerdo con las estimaciones, las emisiones de CO2 crecerán a una tasa de entre el 1 y el 1,5 por ciento cada año, a menos que se tomen medidas decisivas para reducirlas.

Es urgente crear mayor conciencia y sensibilizar a la sociedad entera sobre el cambio climático y los impactos ambientales que está ocasionando. Hoy, la tragedia de los incendios en Australia y los que tuvimos en la Amazonía y Rusia, nos alertan sobre la magnitud de las amenazas y hacen aún más crítica la necesidad de unir esfuerzos para recuperar lo perdido y ganar esta carrera. Debemos acelerar las inversiones en desarrollo de fuentes de energía renovables, cambio a combustibles más limpios, mejoras en la eficiencia de los procesos de combustión y modificar las tendencias de consumo a través de la educación ambiental.

Es así como la COP25 solicitó a las partes en su documento final "Chile-Madrid Tiempo para la Acción", aumentar su ambición climática en materia de reducción de emisiones en 2020, de acuerdo con la recomendación científica de limitar el crecimiento de la temperatura global a 1,5ºC, con el objetivo de luchar contra la "emergencia climática". Por lo tanto, los Estados deberán presentar este año sus nuevos compromisos nacionales de reducción de emisiones.

En ese sentido, reivindica la coherencia de la ambición de los países con lo que pide la ciencia y lo que las personas del planeta exigen y reconoce también la acción climática del resto de actores no gubernamentales a los que anima a incrementar y generalizar estrategias compatibles con el clima.

La reducción de la huella de carbono es un problema que incumbe a todos: empresas, instituciones y ciudadanos pueden, en la medida de sus posibilidades y responsabilidades, contribuir a la protección del planeta, para así cuidar a la humanidad.

A menudo me reúno a charlar con un estimado y respetado amigo y cuando la conversación desemboca en la política, él invariablemente ha opinado que no todo es blanco o negro en ella, ya que hay una serie de tonalidades grises entre sus extremos. Ciertamente es una visión adecuada para quienes pensamos que la mayoría ciudadana no se identifica con los bordes, sino todo lo contrario, se agrupa entre ellos. Ahí se congregarían aquellos personajes ponderados y equilibrados que promueven acuerdos consensuados y no intentan a priori, imponer sus posiciones personales, antes de visualizar el interés común. Esto me hace pensar, tal vez en forma demasiado cándida, en la existencia de un gran listado de temas nacionales en los cuales existirían muchas similitudes, en vez de grandes diferencias.

Vamos viendo. ¿Quién objetaría que todos los jubilados obtuvieran una pensión digna? o que todos los trabajadores recibieran un sueldo ético y que las oportunidades, de todo tipo, no se definieran por el barrio, el apellido o el colegio donde se estudia, sino por los méritos propios de los postulantes.

¿A quién no le gustaría contar con un Estado que garantice el orden público, la certeza jurídica, la propiedad privada y controle con efectividad y penas justas los abusos? ¿Quién se opondría a la recuperación del prestigio institucional del país?

¿Quién no está de acuerdo en que la empresa privada es el motor de la economía? ¿Qué el país debería incorporar mayor valor agregado a sus exportaciones y que se requiere más inversión en I+D? ¿Quién estaría en desacuerdo en instaurar una política económica de beneficios compartidos y con un gasto publico controlado?

¿Quién discrepa en que recibir una educación de calidad, desde los primeros años, dotaría a todos por igual, de mejores armas para un desarrollo integral futuro? ¿Quién objetaría la entrega de servicios de salud adecuados, oportunos y eficientes a toda la población?

¿Quién le negaría al Estado la posibilidad de participar en la explotación de los recursos naturales, ya sea con un royalty o un impuesto específico? ¿A quién no le agradaría apreciar en nuestros parlamentarios un trabajo duro, esforzado y honesto por el bienestar público, dejando de lado sus intereses personales?

Es muy probable que todas las anteriores visiones no representen a todos, sin embargo, tengo la certeza que concitan la anuencia de una gran mayoría. Por cierto, existirán otros temas en donde las diferencias dificultarán los acuerdos, como es el caso de la necesidad de contar con una nueva carta magna. Al respecto, en abril la ciudadanía tendrá la oportunidad de dirimir el tema, como corresponde, democráticamente.