Angel Gurría, secretario general de la Ocde, alertó sobre los efectos de la desigualdad educativa, que puede generar "una escasa movilidad social hacia arriba, reducir la participación democrática, fortalecer el extremismo democrático y el populismo que vemos actualmente", dijo en la presentación en París del último informe Pisa de su organismo, a partir de la aplicación de la prueba en 2018 a 600 mil alumnos de 79 países, incluyendo Chile.

Pisa es el Programa de la Ocde para la Evaluación Internacional de Estudiantes, y examina cada tres años lo que estos, a sus 15 años, saben en lectura, matemáticas y ciencias, y qué pueden hacer con lo que saben. Las pruebas de la edición de este año pusieron su foco en la comprensión lectora y reflejaron que el 10% de los alumnos más favorecidos superaron al 10% de los más desfavorecidos en 141 puntos, equivalentes a tres años de escolarización.

En efecto, tan preocupante como la desigualdad del país, o más bien un reflejo del fenómeno, es la enorme concentración que tiene la elite respecto de dónde estudia, confirmando la enorme endogamia de la sociedad nacional.

Uno de los estudios más relevantes lo hizo hace un par de años, Seth Zimmerman, economista y profesor de la Escuela de Negocios de Yale, quien publicó un estudio que reveló que la probabilidad de llegar a la cima empresarial en Chile e ingresar al grupo del 0,1% más rico del país, depende en gran medida de asistir a una universidad de elite y aún más el haber ido a uno de los ocho colegios privados top, todos ubicados en Santiago.

En concreto, titularse de Derecho, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil de las universidades de Chile o PUC, aumenta en 50% el número de esos alumnos de terminar en un alto cargo ejecutivo o en el directorio y en 45% el de pertenecer al 0,1% más rico de Chile.

Chile lideró el puntaje en América Latina en lectura y ciencias, con 452 y 444 puntos, respectivamente, pero estando bajo los promedios Ocde, de 487 y 489.

El problema es que es que -nuevamente- estamos dejando atrás a los sectores más desposeídos, que es donde requerimos hacer más esfuerzos.

Durante los últimos días, se ha propuesto un nuevo desglose al proyecto de reforma del sistema de pensiones. Antes ya se aprobó en forma separada el aumento del pilar solidario, y ahora se trataría de dividir la mejora del pilar contributivo: avanzar por ahora en la cotización adicional, y dejar para más tarde la administración de los fondos (con tantas etapas, la reforma a las pensiones parece proyecto inmobiliario). Pensar en la administración de los fondos, punto fundamental del pilar contributivo, reabre la discusión sobre la intervención de un "ente" estatal. Existen al menos tres alternativas para materializar esa intervención.

La primera es que un organismo público licite carteras de cotizaciones a empresas privadas: este sería el papel del CASS (respecto de la cotización adicional), incorporado al proyecto de ley por las indicaciones del Ejecutivo enviadas meses antes del 18 de octubre. Es atractivo que los administradores del 5% adicional tengan que competir por una mejor postura, y que una entidad técnica independiente evalúe cuál es la mejor, ya que los cotizantes tienen dificultades para poder realizar este cálculo. Hace más complejo el sistema, pero ¿y qué? Un sistema previsional es una cosa compleja; el punto es no desplazar esos costos a la ciudadanía.

Libertad y Desarrollo afirma que, puestos a incorporar un ente estatal, es preferible que sea una AFP competidora. No haría más complicado el diseño, podría presionar a la baja las comisiones de las AFP privadas, y podría también implementar políticas de fomento al ahorro, del modo en que BancoEstado lo ha hecho con bancarización (Caja Vecina, Cuenta Rut). El riesgo es crear un nuevo TVN: una empresa que exige periódicamente millonarias capitalizaciones con cargo al presupuesto de la Nación, y cuyo aporte al bien común es insignificante, si acaso existe. Pero es una alternativa.

La tercera es confiar la administración de los fondos a un organismo (no empresa) del Estado. Esto presenta los riesgos de mezclar el poder económico y el poder político. ¿Buscará ese organismo lograr mejores pensiones, o se aprovechará para implementar políticas sociales no previsionales, o para hacer favores políticos? Se argumenta que existen órganos públicos que dan confianza, como el Banco Central. Sin embargo, se ha advertido que encomendar al emisor la toma de decisiones de inversión (como sucede hoy con los fondos soberanos), lo sitúa en un conflicto de interés: por un lado, debe diseñar la política monetaria (e influir en las tasas de interés); por otro, debe invertir fondos (y percibir esa tasa de interés que contribuyó a determinar). Hasta ahora, la seriedad del BC ha precavido esta dificultad (suponemos), pero encomendarle ahora la administración de fondos de pensiones es tentar a una de nuestras mejores instituciones.

Ninguna de estas ideas puede descartarse a priori. Sin embargo, debe buscarse otras alternativas que enriquezcan la discusión, como la esbozada esta semana, de separar el cobro y la administración de cuentas, de la administración de los fondos. Esto exigirá otra columna.

Durante la presente semana la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) publicó cifras relativas al financiamiento de proyectos o traspaso de dineros a otras instituciones públicas, los que consideraron un gasto equivalente al 81,42% del presupuesto total del Gobierno Regional. Sin duda, las cifras son poco alentadoras para nuestra Región y es por ello que conviene relevar las declaraciones vertidas por la consejera regional Katherine San Martín (RN), que apuntan al desarrollo de un trabajo articulado y canales de comunicación fluidos entre las Seremis, direcciones de servicios y municipalidades, además de un mayor compromiso de los municipios en la presentación de proyectos, cuyas iniciativas vayan en directo beneficio de la comunidad, ya que es un argumento simplista culpar al Gobierno Regional por dichas cifras.

Cuando hablamos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) contamos con los actores locales y municipios como entes relevantes, quienes deben usufructuar de la existencia de este beneficio. Al no concretarse un mayor compromiso de las municipalidades de participar en los concursos promovidos por dicho Fondo, como también la eventual carencia de equipos con cualificaciones técnicas adecuadas, se produce un fenómeno que es contradictorio con las consignas que abogan por mayor descentralización y recursos para las regiones. Si las unidades locales como los municipios no logran asegurar la eficacia (cumplimiento de objetivos) difícilmente puedan ser eficientes (control y optimización de recursos económicos para el logro de un objetivo) en materia administrativa, lo que decanta en una suerte de desconfianza por sus competencias y con ello el deterioro del discurso de mayor descentralización financiera para las regiones, sumado al "castigo" proveniente del nivel central para el año presupuestario 2020, en donde se registraría una merma equivalente a $3.000 a las regiones que incumplen con el gasto fiscal.

Además de un mayor compromiso de los municipios con el desarrollo local, debemos retomar la idea planteada al inicio respecto a la necesidad de cualificación de los equipos técnicos o un perfeccionamiento permanente en las materias que son de su competencia. En ese contexto, el rol que pudieran cumplir las universidades, a través de sus actividades de extensión; o consultoras locales que orienten su quehacer a la capacitación de equipos de trabajo en nociones básica o de mayor complejidad en lo relativo a formulación de proyectos.

Los retos son múltiples a la hora de subsanar un problema no mayor, que puede repercutir negativamente en los dineros enviados desde el nivel central a las arcas regionales o el truncamiento de proyectos de ley discutidos en el Parlamento que apunten a una mayor descentralización.

Los gobiernos regionales y, especialmente, los municipios, cuentan con un importante desafío.