Corte deja sin efecto suspensión de sumarios contra La Chimba
SEREMI. Tribunal de alzada revocó la resolución del Segundo Juzgado Civil, que suspendió las resoluciones de Salud por multas y prohibición de funcionamiento.
En un fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, dejó sin efecto la suspensión de tres sumarios sanitarios, en los que la Seremi de Salud prohibía continuar con el depósito de residuos domiciliarios en el basural La Chimba.
Se trata de la resolución emitida el 15 de mayo por el Segundo Juzgado Civil de Antofagasta, luego que el municipio recurriera para dejar sin efecto las resoluciones exentas de la secretaría regional, relativas al cierre del vertedero ubicado en el extremo norte de la ciudad.
En esa oportunidad el juzgado resolvió suspender la ejecución de resoluciones y sumarios, ya que el cierre del basural "conlleva en sí mismo un daño irreparable a la comunidad, al exponerla a serios menoscabos a la salud y la higiene".
Por ello suspendió dos resoluciones del 20 de diciembre de 2018 y del 18 de enero de este año, que correspondían al cierre del basural y el traslado de residuos al relleno sanitario Chaqueta Blanca. En la misma instancia, el tribunal anuló los sumarios sanitarios levantados por la Seremi, que inició acciones para revertir la decisión.
Pero la Corte de Apelaciones informó ayer que revocó ese fallo que permitió al municipio seguir disponiendo de la basura domiciliaria en La Chimba.
Funcionamiento
La segunda sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Óscar Clavería, Myriam Urbina y el fiscal judicial Rodrigo Padilla, de manera unánime dejó sin efecto la suspensión de los sumarios.
El fallo sostiene que no hay relación directa con el funcionamiento de la recepción de residuos de Chaqueta Blanca, quien no tiene prohibición sanitaria o ambiental. "Por lo tanto, no es posible siquiera elucubrar alguna razón ambiental o de salud pública para disponer el cese de los efectos de estos decretos de la autoridad de Salud, por lo que se dispondrá revocar la resolución apelada dejando sin efecto la medida cautelar de suspensión del cumplimiento de los decretos", dice el documento.
Las medidas de la autoridad sanitaria y las acciones del municipio se desarrollaron debido a que el exintendente Marco Antonio Díaz, en diciembre del 2018 puso una fecha límite a la operación de La Chimba.
La idea del exjefe regional era la apertura del relleno sanitario Chaqueta Blanca, ya que Salud había decretado la prohibición de funcionamiento del vertedero La Chimba.
Por su parte, la empresa a cargo del proyecto, Santa Marta, insistía que la obra está completa y lista para recibir desechos domiciliarios.
Sin embargo, desde la municipalidad rebatieron que el relleno sanitario no estaba administrativamente finalizado, que aún contaba con observaciones pendientes, por lo que la Dirección de Obras Municipales no podía otorgar el permiso que deriva en la obtención de la patente municipal.
Comisión
Esto generó una serie de reuniones y la situación llegó a tal nivel que la Cámara de Diputados aprobó una comisión investigadora, el funcionamiento de la Chimba y Chaqueta Blanca.
La comisión sesionó en Antofagasta y el objetivo es detectar eventuales irregularidades en la postergación de la puesta en operación del relleno sanitario. Durante la primera sesión en Antofagasta, los parlamentarios visitaron La Chimba y conversaron con los recolectores del lugar.
En el segundo encuentro, escucharon a los exintendentes Marco Antonio Díaz y Arturo Molina y además visitaron Chaqueta Blanca.
Sumario de Contraloría
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados ofició al contralor general, Jorge Bermúdez, para que expusiera todas las gestiones de su organismo en Chaqueta Blanca y La Chimba. El contralor explicó en Antofagasta que está en curso un sumario por eventuales responsabilidades en el proyecto Chaqueta Blanca. Bermúdez expuso que durante los últimos tres años, el municipio no hizo revisiones o auditorías a los procesos de ejecución de las obras. Además, indicó otras irregularidades, como aumento en el plazo de los trabajos que no estuvieron debidamente justificados.
$96 millones en multas por dos sumarios confirmó la Seremi de Salud en abril de este año.