El Gobierno Regional estimó en aproximadamente $2.300 millones el daño por la destrucción a la propiedad pública, un monto que será superado largamente si se considera el perjuicio a privados.

Supermercados saqueados, pequeñas y medianas empresas afectadas, el lucro cesante, estaciones de Metro, buses y automóviles incendiados, todo provocado por una minoría, a veces alentada por personas de más edad que derechamente buscan la destrucción del orden que conocemos, y ve en esta crisis una oportunidad para desestabilizar al país.

A esos pocos no les interesa avanzar en la discusión de fondo, sino mantener una sensación de caos.

Lo anterior, sumado al silencio cómplice de una parte importante de la clase política, están haciendo una gran mella, porque son las personas las que hoy están sufriendo la destrucción de sus puestos de empleo, del capital que han construido, sin que puedan comenzar a levantarse por el momento crítico.

Calles cortadas por barricadas, servicios funcionando a medias, amenazas, clases suspendidas, miedo de la población, son situaciones inaceptables.

Muchos que hoy predican la violencia, la justifican, en redes sociales, la avalan en sus conversaciones, deberán, en algún momento, dar explicaciones del profundo daño que le están produciendo al país y a una convivencia que ya está afectada y que costará muchísimo remediar.

Debe insistirse, esos grupos no buscan la solución, solo están empeñados en enfatizar las grietas y la diferencia. Antes hemos dicho que nuestro país debe discutir su futuro y un tipo de desarrollo distinto que satisfaga lo que reclaman las clases medias y lo que es posible de resolver en el corto y mediano plazo.

Pero tal construcción debe darse en tranquilidad, con diálogo democrático, con urgencia, entendiendo hacia dónde va el mundo y con las instituciones correspondientes de la República.

La violencia verbal y física que muy pocos alientan y ejecutan, causa daño económico al país, pero mucho más a la esperanza de abordar los gigantescos desafíos que hay por delante.

No puede ganar la orgía de destrucción y el odio, sino el encuentro, la paz y la búsqueda de soluciones.

Ahora más que nunca tenemos que destinar recursos a la implementación de políticas públicas que objetivamente ayuden a mejorar las condiciones sociales de nuestro país. Hemos convivido y aceptado mucho tiempo el status quo, incluso cuando se obvian propuestas que tienen apoyo transversal, tanto técnico como político.

Un ejemplo concreto para explicar el punto, desde hace años que diferentes actores, públicos y privados, han demostrado abiertamente la incapacidad de los Gobiernos para redefinir o eliminar programas sociales que sistemáticamente han demostrado lograr resultados mediocres o deficientes (Fundación San Carlos de Maipo 2018, Observatorio del Gasto Fiscal 2019, Dipres 2019). La consecuencia de esto es grave, porque al mantener funcionando programas sin efectividad, se continúan mal utilizando recursos públicos para financiarlos, los que evidentemente deberían ser destinados a otras necesidades más urgentes. La situación es crítica si se considera que el 2018 se destinaron al menos 536 mil millones de pesos en programas evaluados con un desempeño medio, bajo o malo y sólo se destinaron mil millones para programas de desempeño alto (Observatorio del Gasto Fiscal, 2019). Un desaprovechamiento de recursos públicos con el que inexplicablemente hemos podido convivir.

Hoy, en un contexto de aumento en el presupuesto público, cada peso mal utilizado es un lujo que no podemos darnos como país. Un mal programa, además, no sólo es mal gasto que no logra un resultado hoy, es también una mala inversión, porque hay algo en el futuro que no se desarrolla o que empeora. Por ejemplo, no lograr disminuir hoy la deserción escolar es hoy un problema asociado a la educación, pero, en el futuro, será un problema de precariedad laboral y, en algún porcentaje, de seguridad pública. Si se mal gasta hoy, se traducirá en una necesidad de mayor gasto en el futuro y, obviamente, en un aumento en los problemas sociales.

Para apoyar en la solución del malgasto público y en la mejora de las condiciones sociales, la Fundación San Carlos de Maipo junto a la Fundación Mustakis y al Observatorio del Gasto Fiscal estamos estudiando cuál es el costo futuro que tendrá para el país el que no solucionemos hoy ciertos problemas sociales que están aparejados al desarrollo de más problemas sociales en el mediano y largo plazo. Comenzaremos con la deserción escolar, el consumo de drogas en adolescentes y el ejercicio de violencia intrafamiliar. Gracias a esto, esperamos poder estimar los rangos de inversión necesarios que se deberían realizar hoy para disminuir la prevalencia de estas problemáticas, lo que a su vez tendría como consecuencia un mayor ahorro en el gasto público del futuro.

Claro que estos estudios sólo van a ser necesarios en la medida que los recursos estatales se utilicen en programas que sean efectivos, de lo contrario, será un esfuerzo inútil. Es urgente que nos tomemos enserio las evaluaciones sobre la efectividad del gasto público. En ninguna de nuestras casas u organizaciones malgastamos los recursos, menos en épocas de mayor necesidad. Por lo mismo, no debemos aceptar que el Estado lo haga, no hay razón alguna para seguir conviviendo con ello.

Es importante reflexionar respecto del impacto emocional que la contingencia puede tener en cada ciudadano. Me atrevo a decir que la gran mayoría ha experimentado la necesidad de unirse en marchas y manifestaciones sociales como una forma de manifestar su descontento y hacer escuchar sus necesidades, lo que podríamos llamar una "catarsis social", que por cierto quienes nos dedicamos al área clínica de la Psicología sabemos lo terapéutico que es en los consultantes poder hablar sin censura de aquello que les duele, molesta o preocupa. Desde esta mirada me permito postular que ha sido un proceso de apertura emocional, de desahogo, de unión y conexión con otros.

Hemos visto alteradas nuestras rutinas laborales, familiares, personales, lo ha promovido una experiencia comunitaria, que desde el terremoto de 2010 no experimentábamos. Si entre vecinos no había ningún tipo de acercamiento, seguramente hoy sí lo hay, se encontraron en pasajes, calles, plazas etc. Paseando a los niños/as, haciendo ejercicios o en los llamados de cacerolazos en los barrios, poblaciones, condominios. Hay un regreso a lo colectivo por sobre lo individual, que sin duda, nos dejará un camino y un avance en materia de compromiso ciudadano.

Pero también nos encontramos con personas que, lejos de poder disfrutar de espacios de reflexión, de participación ciudadana, se encuentran con vivencias aterradoras, ya sea desde sus recuerdos que vuelven a surgir con la misma angustia experimentada hace más de 30 años o con experiencias recientes de violencia. Seguramente algún amigo, vecino o familiar puede estar experimentando sensaciones de inseguridad, miedo, incertidumbre, angustia etc. Ante ello creo que debemos apoyar a través de la contención, escuchando sin juzgar, no minimizar lo que la persona está sintiendo, permitir al otro la expresión de lo que siente, transmitir aceptación, proporcionar información válida y objetiva que pueda contrarrestar los pensamientos catastróficos y en caso de que los síntomas experimentados sean muy agudos buscar apoyo psicológico.

Finalmente sugiero tomar los resguardos necesarios respecto a la información que tienen acceso los niños respecto a los hechos de violencia que se han presentado y para ello es necesario no exponerlos a imágenes provenientes de la televisión, redes sociales o cualquier medio de comunicación que exhiban hechos violentos o personas heridas, ya que ello puede atentar en contra de la salud mental de niños que en esta etapa necesitan de cuidados y protección de adultos responsables.