El ministro de Economía, José Ramón Valente, anunció ayer que el Gobierno convocará a una mesa de trabajo para tratar de buscar una solución al conflicto desatado en torno a la llamada "Ley de la jibia".

El secretario de Estado aseveró que "nos encontramos frente a un problema que no ha sido generado por el Gobierno, porque esta no es una ley del Gobierno, ni que haya sido patrocinada por el Gobierno", e indicó que la instancia de diálogo será integrada tanto por representantes de la pesca artesanal como por aquellos de la industrial.

"Nos hemos puesto a disposición para ayudar a las partes en conflicto a resolverlo", dijo Valente, y añadió que "estamos contentos de que las partes hayan aceptado la invitación del Gobierno".

El anuncio ministro llegó durante una jornada en la que se esperaba que el Ejecutivo ingresara al Congreso un veto para modificar la norma en trámite.

Según Valente, el objetivo de esta instancia de trabajo será buscar " un perfeccionamiento integral" de la norma de captura de la jibia. No obstante, recalcó que "lo anterior, no significa que estemos renunciado a las atribuciones que la ley le confiere al Presidente de la República, sino más bien queremos crear las condiciones necesarias para encontrar una solución entre todos los involucrados".

El conflicto

Los pescadores artesanales de la Región del Biobío habían pedido al Gobierno no presentar el veto. Ayer se realizó una reunión en la intendencia del Biobío entre el subsecretario de Pesca, Eduardo Riquelme, y dirigentes de pescadores artesanales del país, donde no hubo consensos para llegar a un acuerdo preliminar sobre la nueva legislación, cuya aprobación hace algunos días originó diversas protestas en ciudades costeras del país.

Los pescadores artesanales se oponen a que el sector industrial pesquero retome sus labores de la captura de la jibia para la producción de harina a través de incorporar la técnica del "cerco como arte de pesca".

Los dirigentes de los pescadores artesanales de siete regiones habían anunciado una movilización nacional el próximo 28 de enero en Santiago, hasta donde llegarían acompañados por sus familias.

Paralelamente los trabajadores de la pesca industrial sostuvieron una reunión con el subsecretario Riquelme, en un encuentro que tampoco culminó con avances claros. Los trabajadores industriales reiteraron que tampoco estaban de acuerdo con el veto presidencial a la ley, y agregaron que si se aplica la normativa con desventajas para el área industrial, se debe generar una compensación económica por la pérdida de fuentes laborales.

El avance del proyecto generó la molestia de los pescadores industriales, que iniciaron movilizaciones exigiendo al Ejecutivo intervenir ante el Tribunal Constitucional para detener la normativa.

El Gobierno había anunciado un veto para incluir la pesca por cerco como método de extracción del molusco, como una forma de integrar a los industriales.

Por la mañana, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, no descartó que el Gobierno no presentara el veto a la ley de la jibia, pero tampoco quiso confirmar alguna decisión. "El Gobierno no se hace cargo de trascendidos", sostuvo el secretario de Estado ante versiones al respecto que surgieron ayer en la mañana, y agregó que la decisión de presentar o no el veto "la va a tomar el Presidente en su momento con el objetivo de velar por el interés general y el bien común".

"Lo que está haciendo el ministro de Economía (José Ramón Valente) y el subsecretario de Pesca es trabajar con los distintos actores de pescadores artesanales e industriales, para poder conformar un acuerdo y a partir de eso ver cual es favorecedor camino legislativo para resolverlo", resaltó el titular de la Segpres.

Regiones anunciaron que se movilizarían el 28 de enero si el Gobierno no entrega una solución. 7

Ingresó el proyecto de ley como iniciativa de los parlamentarios Torres (DC) y Nuñez (PC). 2014

Votos a favor desde la Cámara se promulgó la ley de la jibia el 8 de enero del presente año. 155

La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictó ayer dos resoluciones asociadas al llamado caso Penta. Los ministros Alejandro Rivera Muñoz, Jorge Zepeda y Carolina Paredes decidieron suspender el procedimiento judicial definitivamente al exadministrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera en 2009 y exgerente de Bancard Santiago Valdés. Asimismo, el tribunal confirmó el procedimiento abreviado acordado entre la fiscalía oriente y la defensa del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, sobre el cual se habían presentado cuatro recursos de apelación.

En el caso de Valdés, se puso fin al proceso en su contra por la emisión de facturas "ideológicamente falsas" en relación de la investigación por financiamiento irregular de la política. Igualmente se recalcó que -en cuanto a las cinco facturas de Vox Populi S.A. emitidas desde el 14 de junio al 4 de octubre de 2010-, Valdés ya no se encontraba prestando servicios a Bancorp, ya que había emitido un finiquito el 20 de mayo.

El fallo de la Corte recalcó que la decisión se adoptó "por aparecer claramente establecida la inocencia del imputado Valdés Gutiérrez en relación a (...) a las cinco facturas, (...) por falta de participación en la imputación de facilitación en calidad de representante de Sociedad Administradora Bancorp S.A. a la Sociedad SQM S.A.".

La misma Sala revisó cuatro apelaciones presentadas, alguna de ellas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), sobre el procedimiento abreviado resuelto entre la Fiscalía Metropolitana Oriente y la defensa del exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, a inicios de julio de 2018, donde se descartó el ilícito de cohecho, y a raíz de lo cual se lo condenó por enriquecimiento ilícito y delitos tributarios reiterados, lo que significa firmar ante Gendarmería por dos años y pagar $42 millones, entre otros.

De esta forma, y con el voto en contra del ministro Zepeda, el tribunal confirmó la discusión apelada. El anuncio causó molestia en algunos de los intervinientes de la causa.

En la primera acusación presentada, por el exfiscal Carlos Gajardo, se pedía una pena de 10 años de cárcel, al igual que para los controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, a quienes también se les acogió el juicio abreviado y se les condenó por delitos tributarios.