Redacción
Según las encuestas, cuatro de cada diez chilenos aprueba la labor del Ejército y Carabineros, una cifra demasiado baja para dos instituciones que hasta hace poco gozaban de un alto grado de confianza ciudadana.
La explicación radica en los escándalos que han afectado a ambas ramas, asociados a mal manejo de recursos públicos, ocultamiento de información y montajes en el desarrollo de investigaciones.
Pedro Araya Guerrero, integrante de la Comisión de Defensa del Senado, explicó que esta realidad obliga a revisar el rol de las Fuerzas Armadas y de Orden, su vinculación con el poder civil, e incluso la formación que entregan sus escuelas matrices
¿Qué conclusiones saca de los casos que han venido sacudiendo a las Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿cómo debemos leerlos?
- Los casos que hemos conocido y que han afectado principalmente al Ejército y a Carabineros, generan preocupación. En el primero de ellos porque se han perdido recursos públicos que estaban destinados al cumplimiento de las tareas que tiene la institución, y respecto a Carabineros es una situación compleja, porque los fraudes que se han conocido han puesto en tela de juicio el actuar de la policía, lo que a su vez pone en duda el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal.
Hay que recordar que Carabineros es ministro de fe y es quien lleva adelante muchas de las investigaciones que encarga el Ministerio Público.
A partir de esto, mi reflexión es que las normas de control para las Fuerzas Armadas y Carabineros no han sido suficientes para evitar que este tipo de cosas ocurran. Ha faltado mayor control civil con estas instituciones.
¿Qué cambios se hacen necesarios, los más urgentes?
- Una de las lecciones es que los distintos controles que se establecieron para controlar en el uso de los recursos que se entregan a estas instituciones son débiles, y ese es un tema bastante delicado.
Pensemos que en el caso del Ejército, el fraude se arrastra hace varios años, y entonces la pregunta que uno se hace es por qué razón no se activaron los controles internos y externos. Eso da cuenta que las herramientas de control están superadas y deben aumentar.
¿Es sólo eso?
- Lo principal es que tiene que haber una redefinición respecto a qué queremos para el Ejército y Carabineros. Mi impresión es que tenemos una institucionalidad que no responde a lo que son los requerimientos del Siglo XXI.
En esa línea, lo primero es definir qué queremos, cuáles son sus desafíos y tareas, esto teniendo presente que las Fuerzas Armadas y Carabineros cada vez tienen una mayor participación en temas que no les son propios, pensemos en las catástrofes por ejemplo.
Y respecto a las policías en particular, es hora de preguntarse si se justifica seguir teniendo una Policía de Investigaciones, dedicada al trabajo científico, y una policía uniformada dividida en dos grandes tareas, orden y la seguridad y a la investigación de delitos como policía científica también. Yo al menos soy un convencido que llegó el minuto de definir esos nuevos roles.
Y lo otro es revisar la formación que se está dando en las escuelas matrices.
¿A qué se refiere?
- Tiene que ver con que si bien se ha ido actualizando la formación, a la luz de los últimos hechos, hay que revisar algunos aspectos de la formación ética y moral, no solo formar buenos oficiales, formar servidores públicos.
¿Qué opina del proyecto de modernización anunciando por el Presidente y cuyo eje principal es el aumento de la carrera militar a 35 años y 41 años?
- El anuncio del Presidente no es la solución que estamos esperando. Se hace cargo de una parte del problema, pero no apunta a lo central, que sigue siendo definir el rol de las instituciones en el Siglo XXI. Más que alargar la carrera, hace falta una definición estratégica de las fuerzas armadas.
Catrillanca
Sobre el caso Catrillanca, ¿la responsabilidad política ha sido debidamente asumida?, y sobre lo mismo, ¿se justifica la renuncia del ministro Chadwick?
- La situación del ministro es extremadamente compleja, yo creo que él quedó debilitado. Porque la impresión que queda es que, o tenemos un ministro que supo desde un primer minuto lo que ocurrió y le ocultó información a la ciudadanía, situación que sería bastante grave; o tenemos un ministro que no es capaz de controlar a Carabineros, porque la institución le mintió y le ocultó información, lo que de por sí sería delicado porque el ministro del Interior es quien lleva adelante las política de seguridad en el país.
¿Debe renunciar?
- En el caso de Camilo Catrillanca tienen que asumirse las responsabilidades políticas y eso corresponde al ministro del Interior. No hay que olvidar que el gobierno diseñó todo un plan de seguridad en La Araucanía, nos hizo una presentación al respecto, presentó este comando Jungla y hoy quieren deshacerse de esta responsabilidad. Entonces aquí hay una responsabilidad más allá de la penal que está pendiente. Me parece insostenible su permanencia.
¿La DC, su ex partido, ha dicho que no apoyará una acusación constitucional, está de acuerdo?
-Las acusaciones constitucionales tienen que votarse en su mérito, y en esto hay que ser respetuosos de la posición de cada parlamentario.
Creo que cada parlamentario debe formarse una convicción respecto de los hechos, y esa es una decisión absolutamente personal, más que de los partidos.
"Si bien se ha ido actualizando la formación, a la luz de los últimos hechos, hay que revisar algunos aspectos de la formación ética y moral, no solo formar buenos oficiales, formar servidores públicos"."
