Acuartelados desde antenoche estaban -hasta el cierre de esta edición- los casi mil funcionarios de Gendarmería que prestan labores en los cinco penales existentes en la región y que se sumaron a la paralización nacional que inició el lunes. La movilización es por demandas de mejoras en la carrera funcionaria.

El presidente de la Asociación de Suboficiales y Gendarmes de Antofagasta, sargento 1° Héctor García, explicó que todo el personal está acuartelado en los recintos penitenciarios.

"Todos los funcionarios dejaron a sus familias para irse a las unidades penales esperando lo que digan los dirigentes de Santiago. Ayer fue un día tenso porque la autoridad intentó enfrentar a Gendarmería con Carabineros en el Centro de Justicia", dijo.

Al explicar la paralización y la carrera funcionaria dijo que ellos quieren "ascender" como las demás instituciones, ya sea por años de servicio o por el tiempo máximo en cada grado, porque los gendarmes ascienden solo por vacantes.

"Esto significa que si no se va un suboficial mayor nadie puede ascender. Es como contratar mano de obra barata, porque hay funcionarios que pueden pasar 15 a 20 años en los grados del 20 hacia arriba o 10 o 15 años en un solo grado, eso significa que no hay ningún aumento de sueldo durante todos esos años", precisó.

Al hablar de montos dijo que un gendarme que comienza recién a trabajar, dependiendo de la zona, puede ganar unos $450 mil y $550 mil. Un funcionario con 10 años de labor puede ganar lo mismo porque se ha mantenido en el grado sin poder ascender.

Un funcionario con 20 años de servicio, dependiendo del grado en que esté, por ejemplo, si es un cabo 1° puede ganar como $700 mil.

"La única forma de ascender es por vacante, incluso hay funcionarios que han esperado 20 años para ascender. Tenemos 10 grados en el escalafón, empezando por un gendarme hasta un suboficial mayor. Estos son los sueldos más baratos de la administración pública", dijo García. "Somos los hermanos pobres de las instituciones que configuran el eslabón del país. Durante un año pueden egresar 80 suboficiales mayores pero hay 3 mil esperando por ascender", acotó.

Redacción

Fue investigado el 2001 luego que una apoderada del colegio María Auxiliadora de Porvenir lo acusó de haber abusado sexualmente de su hija, quien en ese entonces tenía 9 años.

El sacerdote salesiano Carlos Larraín Pérez-Cotapos se convirtió entonces en el primer cura querellado en el país por parte del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Fue condenado cuatro años después de la acusación por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, pero el 2007 y luego de que su defensa recurriera a la Corte Suprema, fue absuelto de los cargos.

Se argumentó la existencia de problema "de forma" en el fallo que dictó la corte de la austral ciudad.

El sacerdote se encuentra actualmente colaborando con la comunidad del Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta, según consignó The Clinic en una publicación donde dejaba entrever la preocupación manifestada por algunos docentes de ese recinto educacional ubicado en el sector norte.

El sacerdote de 79 años reside actualmente en el colegio.

Consultados por este Diario, la Congregación Salesiana respondió que "en 2007 el padre Antonio fue absuelto por la Corte Suprema de la acusación por supuestos delitos de connotación sexual. El tiempo en que se desarrolló esta causa, 2001 a 2007, estuvo con medidas cautelares de restricción del ejercicio del ministerio sacerdotal".

Explicaron además que "tras el dictamen de su inocencia por parte de la máxima instancia judicial del país, retomó el ejercicio del ministerio a partir de 2008. Este año 2018 está colaborando en la obra salesiana de Antofagasta, comunidad educativa que conoció de su situación durante el primer semestre, cuando las autoridades del colegio pusieron al tanto a educadores, padres y apoderados".

Enfatizaron que el padre Larraín no posee inhabilitación alguna de orden penal o canónica para el ejercicio de sus funciones.

Publicación

De acuerdo a los antecedentes citados por The Clinic luego de ser absuelto, Larraín permaneció en una casa de retiro en Santiago, hasta este año cuando se trasladó a Antofagasta.

El medio precisó que según profesores, al llegar al establecimiento, el sacerdote se reunió con el cuerpo docente y les comentó que no podían hacer comentarios públicos sobre las denuncias y la investigación que lo afectó el 2001 en Porvenir, porque el caso estaba cerrado y fue absuelto.

En el caso de 2001 un grupo de madres y apoderados del colegio María Auxiliadora acusaron al sacerdote, que era director del recinto educacional.

Relato

Una de las denunciantes, la apoderada Carmen Castro, declaró en esos tiempos a la prensa que su hija, de entonces de 9 años, llegó a la casa con los ojos llorosos y cubriéndose su zona genital, señalando que el "padre me toca, me hace doler".

Los hechos, como explica The Clinic, "dividieron" al pueblo ya que había gente a favor y otros en contra. Fue uno de los primeros casos de denuncias contra sacerdotes con alta connotación nacional.

Además el párroco del pueblo, Héctor Berenguele, otro sacerdote salesiano, apoyó a las familias y llevó los antecedentes a la justicia. Pero de las seis familias, solo dos siguieron con la acción penal.

Tras cuatro años de investigación, el Juzgado del Crimen de Tierra del Fuego absolvió de los cargos a Larraín Pérez-Cotapos, ya que según el tribunal, no fue posible acreditar los abusos en contra de la menor de 9 años.

La parte querellante llevó el caso hasta la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tribunal que al año siguiente revocó el fallo de primera instancia, y condenó -por tres votos contra uno- al sacerdote a cumplir una pena de 300 días de presidio, como autor de abusos deshonestos.

Pero en 2007 la Corte Suprema acogió un recurso de casación interpuesto por la defensa de Larraín y anuló la condena de la Corte de Punta Arenas. En cambio, mantuvo la decisión del juez de primera instancia, absolviendo de cargos a Larraín.