Redacción

El Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM) tomó finalmente la decisión de desprenderse de sus dos inversiones en Chile, el parque eólico Los Cururos, en la Región de Coquimbo, y la sanitaria Aguas Antofagasta.

Esto, como parte de un plan de generación de activos para hacer frente a los atrasos y mayores costos que registra el gigantesco proyecto hidroeléctrico Ituango, que se construye en Colombia, el cual ha sufrido derrumbes y deslizamiento que afectaron gravemente su desarrollo.

La decisión de venta fue adoptada ayer por el Directorio de la compañía en Colombia y comunicada durante la tarde a los representantes locales de la empresa y a sus sindicatos de trabajadores.

Sanitaria

La decisión de venta de aguas Antofagasta era una posibilidad concreta para EPM. De hecho, hace dos meses la firma incluyó a la sanitaria en un listado de activos que podían ser enajenados para hacer frente a la emergencia en Colombia.

La sanitaria local fue adquirida por EMP al grupo chileno Antofagasta plc a mediados de 2015, a un valor de 965 millones de dólares.

El pago quintuplicó lo cancelado en 2003 por el grupo nacional al Estado para tomar el control de la entonces Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta, Essan, 186 millones de dólares.

Debe consignarse que EPM toma de decisión de venta cuando aún restan 15 años de explotación de la sanitaria (la concesión vence en 2033) y en momentos que se cuestionaban los retornos obtenidos por la compañía en sus primeros tres años de explotación.

Tras el anuncio, se inicia un camino que podría tardar incluso más de un año, hasta que la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Ministerio de Economía visen una nueva venta de la concesión y EPM concrete la licitación privada internacional de la misma.

Diputados

La noticia puso en alerta a los parlamentarios de la zona, que pidieron garantías para que los consumidores no se vean afectados por un cambio.

"Vamos a estar pendientes de que ese proceso no perjudique la prestación del servicio a la comunidad y tampoco a los trabajadores de la empresa", dijo la diputada Paulina Núñez.

A su vez, el diputado Esteban Velásquez explicó que el agua es un recurso apetecido por muchos y planteó que debe volver a manos del Estado.

"Fue un error gravísimo haber concesionado el agua de la empresa estatal Essan. En ese tiempo, la Región de Antofagasta era la única que no presentaba pérdidas, era la única que presentaba ganancias, pero como privatizar ya era un modelo en todo el país, también se hizo en Antofagasta", dijo.

Por su parte, el diputado José Miguel Castro afirmó que lo importante es que la empresa que llegue se haga cargo de mantener y mejorar el servicio y cuidar a los trabajadores.

Sindicato

Ovamar González, tesorero Sindicato N°1 de Aguas Antofagasta, dijo que la decisión les fue comunicada a las 16 horas, y que el responsable de hacerlo fue el nuevo gerente general, Carlos Méndez.

"Lo hizo para que no pasara lo mismo que cuando el Grupo Luksic (Antofagasta plc) vendió la empresa a EPM, que nos fuimos enterando por la prensa", argumentó.

El dirigente explicó que la noticia los sorprende por la rapidez con que se adopta, más que por la decisión en sí misma, pues habían fuertes rumores internos que apuntaban a una inminente enajenación.

"Habían hartos rumores por el problema que tuvo EPM en Colombia con la hidroeléctrica, que se les inundó y necesitaban capital para hacer reparaciones. Yo creo que esa es la justificación, tienen que juntar capital para cubrir lo de allá", argumentó.

Anoche el intendente Marco Antonio Díaz aún no era informado de la venta de Aguas Antofagasta, hecho por el cual se manifestó contrariado.

"No he sido notificado formalmente por parte de la empresa de un proceso tan trascendental no sólo para ellos, sino que para los habitantes de nuestra ciudad. Por lo tanto, voy a esperar que se genere la instancia por parte de la empresa. A nosotros como antofagastinos, no nos da lo mismo este proceso", afirmó.

Díaz espera reunirse a la brevedad con los ejecutivos de EPM para conocer detalles de venta y la consiguiente salida de Chile del grupo de inversiones colombiano.

El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Garantía una diligencia para determinar si el exadministrador del Cementerio General realizó transferencias bancarias al resto de los imputados por la malversación de caudales públicos que investiga en el camposanto antofagastino.

El persecutor Cristian Aguilar pidió autorización para ejecutar la pesquisa la semana pasada, días después de la audiencia en la que formalizó la investigación contra los supuestos involucrados.

Se trata del exadministrador del cementerio, Misael Cortés Olivares, C.J.N.C., M.A.R.G. y R. P.S.R. (el juzgado prohibió informar sus nombres a petición de la defensa). En el caso R. P.S.R., será formalizado de manera individual el 20 de noviembre debido a que el tribunal no pudo notificarlo para que se presentara a la audiencia.

El persecutor jefe de Antofagasta solicita que el banco de Cortés informe si entre los años 2015 y 2017, existieron transferencias electrónicas hacia el resto de los imputados.

Con la diligencia Aguilar busca precisar, en caso de que existan, la fecha de las transferencias, los montos y bancos que recibieron los dineros, junto con los números de cuenta corriente.

El fiscal detalla que investiga a Cortés por recursos superiores a los $300 millones.

La causa partió con una denuncia presentada por un concejal, quien acusó que el pago de unos terrenos del cementerio realizado por la Sociedad Helénica, fue cobrado en la cuenta personal del exadministrador del camposanto.

Tras ello hubo una investigación de la Contraloría, en la que determinó que había comprobantes de pago con ingresos por $269 millones que no figuraban en las arcas municipales. Sin embargo, la cifra final pesquisada por la PDI llegó a los $317 millones.

En entrevista con este Medio, previa a su declaración con el fiscal Aguilar, Misael Cortés reconoció el fraude aunque insistió que sólo era responsable de $90 millones.