Ley Penal Adolescente: 21.686 jóvenes enfrentaron a la justicia en diez años
BALANCE. Reinserción social y sanciones son los aspectos más cuestionados por expertos.
A diez años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N° 20.084) distintos actores piden realizar un balance de su impacto en la seguridad pública y, sobre todo, en la reinserción social de los jóvenes que cometen delitos.
Esta ley rebajó la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años y eliminó el controvertido trámite de discernimiento al que eran sometidos los mayores de 16 años y menores de 18 años para evaluar si eran imputables penalmente.
Dentro de los objetivos de esta reforma figuraba evitar la carrera criminal de los jóvenes infractores, esto, por la vía de establecer para ellos penas menos severas y disponer que cuando correspondiera privación de libertad, dicha sanción la cumplieran separados de la población penal adulta.
Desde su puesta en marcha, en junio de 2007, hasta el primer trimestre de este año, el Ministerio Público registra el ingreso de 21.686 casos por ley penal adolescente en la región.
Respecto a la reinserción social de éstos, un informe elaborado en 2015 por el Servicio Nacional de Menores (Sename), estableció que el 38% de los jóvenes infractores reincide antes de los 12 meses de obtener la libertad, cifra que aumenta a 52% a los dos años de cumplir su pena.
Análisis
La defensora regional, Loreto Flores, manifestó que si bien en sus primeros años hubo un mayor número de ingresos, los casos han tendido a bajar.
"Hemos pasado desde un promedio de 10% del ingreso general que tiene la Defensoría en la región (...) a un 6,6% en los dos últimos años", expresó la abogada.
La reinserción social de los adolescentes que cometen delitos es uno de los aspectos más cuestionados cuando se analizada la normativa.
Al respecto, Loreto Flores manifestó que se requieren mayores recursos en todo lo relacionado con la reinserción, por ejemplo, más y mejores programas de prevención en consumo de droga, además de cambios en los planes educacionales y de fortalezas laborales.
"La mayoría de los jóvenes que pasa por un proceso penal tiene a su vez una fuerte deserción escolar, falta de redes o un sistema familiar muy precario. También suele haber abuso de sustancias sicotrópicas", declaró la defensora.
En cuanto a los niveles de reincidencia en delitos, la abogada indicó que "los jóvenes que cumplen penas en libertad naturalmente tienen un menor porcentaje de reincidencia que aquellos que lo hacen privados de libertad".
Fiscalía
El fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, tiene una visión distinta sobre esto.
Aguilar indicó que atendido el catálogo de sanciones que la ley estableció para los adolescentes, la norma no ha producido el efecto de evitar la reincidencia delictual.
"Nosotros hemos podido percibir que hay reincidencia respecto de los adolescentes infractores de ley en todos aquellos casos en que las penas no son de cumplimiento en privación de libertad", declaró.
El fiscal afirmó que esto podría resolverse realizando una modificación de penas al catálogo de la Ley 20.084.
Según el fiscal, los delitos más comunes entre los adolescentes se cometen contra el patrimonio, como hurto o robo en lugar no habitado.
Sanciones
El senador Pedro Araya manifestó que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente fue un muy buen sistema en el diseño, pero que a diez años de su implementación, son necesarios algunos ajustes, principalmente relacionados con las sanciones que se imponen y el cumplimiento de éstas.
"Hay una serie de sanciones que a mi juicio están mal diseñadas y debemos revisar si cumplen el objetivo que tuvieron, por ejemplo, las sanciones de trabajo con la comunidad", indicó.
Respecto a la reincidencia, Araya expresó que, según las cifras, los jóvenes que cometen delitos no tan graves, tras pasar por el sistema, generalmente no vuelven a delinquir.
"El problema se produce con los que cometen delitos violentos y que son reincidentes", argumentó.
Mejoras
El legislador agregó que la ley requiere dos cambios fundamentales. El primero es revisar el régimen de sanciones y, dentro de éste, especialmente cómo se aborda la reincidencia para los delitos más graves.
Un segundo punto dice relación con los sistemas de internación existentes, pues los centros creados no cumplen los objetivos de la ley.
"El tema más complejo se produce con los menores que han cometido delitos más violentos y que son condenados a la internación definitiva, porque no existen programas adecuados de seguimiento para saber qué ha pasado con ellos", declaró el legislador.
Araya dijo que el proyecto de ley que divide en dos organismos distintos al Sename (protección de menores vulnerados e infractores de ley) creará una nuevo servicio destinado a esto último, lo que producirá una mejora en la normativa penal que desde 2007 se aplica a los jóvenes.
Ingresos a la Fiscalía por Ley 20.084
de los ingresos recibidos por la Defensoría los 6,6%