Las recientes declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, en las que reveló que recibió presiones por parte del Ministerio del Interior para aparentemente ocultar un caso político, no dejan de ser escandalosas, aunque ya fueran conocidas por medio de trascendidos.
Según el exdirectivo, mientras Rodrigo Peñailillo era ministro del ramo, se le solicitó "enterrar" el caso SQM, empresa que estaba vinculada a pagos irregulares a políticos de todos los sectores.
"Que no nos siguiéramos metiendo con ellos. Que ojalá nosotros nos lleváramos la documentación antes que el Ministerio Público", confesó en entrevista a TVN.
Los dichos trajeron consigo que el fiscal nacional, Jorge Abbott, precisara que las palabras de Jorratt eran "particularmente graves".
"Es decir, si efectivamente hubo conductas destinadas a entorpecer la acción del Ministerio Público, nuestro deber es investigar la eventual comisión de un delito de obstrucción a la investigación", sostuvo el máximo jefe persecutor.
Por esto se adelantó que es muy probable que Jorratt sea citado a declarar.
Indudablemente el caso viene a sumarse a la polémica suscitada por la decisión del SII de no presentar más querellas en casos de fraude al fisco, impidiendo así que el Ministerio Público pueda iniciar las acciones legales.
El líder de los persecutores ha abogado porque el órgano constitucional autónomo -que está llamado a dirigir la acción penal- pueda desarrollar plenamente su labor, lo que en la práctica no ha ocurrido.
Parece evidente que Jorratt no tiene necesidad de falsear los hechos, o esconderlos, de modo que su acusación es bastante compleja.
Por el bien del país es evidente que todo debe indagarse y sancionarse si así lo estimaren los tribunales, porque es lo que corresponde en una sociedad democrática donde las instituciones tienen todo para funcionar.
No hay nada para que no impere esa lógica, sin que esto nos obligue a caer en la tentación de politizar las acciones que de aquí se desprendan.