El subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Mahmud Aleuy, consideró ayer que el millonario cobro por parte del Cuerpo de Bomberos de Coronel para apagar un incendio es una situación que "se escapa de la regla general".

"Esta es una situación lamentable, que se escapa de la regla general, y eso explica la inmediata reacción de la institución para indagar y denunciar estos hechos a las instancias correspondientes", manifestó el personero de Gobierno a Emol, sobre el caso de esa entidad de la Región del Biobío, que recibió $56 millones de parte de una empresa a la que acudió a extinguir un siniestro en enero pasado.

"En este caso, la intendencia regional del Biobío hizo la denuncia ante el Ministerio de Justicia y la Junta de Bomberos ante el Ministerio Público", explicó Aleuy.

El subsecretario remarcó que los integrantes de esa institución de emergencia "no deben cobrar por prestar servicios que son propios de su actividad, de acuerdo a su normativa, y así lo cumplen regularmente los cuerpos de bomberos del país".

Pasos a seguir

Sobre eventuales acciones o sanciones que pueda emitir su cartera a la entidad de Coronel, Aleuy indicó que el Ministerio del Interior tiene facultades para "controlar la gestión de los recursos públicos que entrega el Gobierno a Bomberos, pero no tenemos respecto de aquellos recursos que puedan ser entregados por privados".

Agregó, sin embargo, que "de acuerdo a la Ley Marco de Bomberos, el Ministro del Interior, el intendente regional o el gobernador puede solicitar informes a la Junta Nacional acerca de lo que se denuncia".

"Afortunadamente, la Junta Nacional, apenas conoció estos antecedentes, inició de oficio la indagación y dio a conocer los resultados. El intendente del Biobío entregó esos antecedentes al Ministerio de Justicia para que adopte las medidas que correspondan, de acuerdo a la normativa", detalló.

Mabel González

El dueño del grupo Arcano, Alberto Chang, quedó ayer en libertad luego que la justicia de Malta rechazara la petición de extradición a Chile y desestimara las medidas cautelares que pesaban sobre el empresario, quien desde abril de 2016 es investigado por presuntas estafas piramidales que bordean los US$100 millones.

En una extensa resolución, el juez titular del tribunal de Malta, Aaron Bugeja, indicó que no es procedente acceder a la entrega de Chang para que este enfrente un proceso penal en Chile.

El magistrado consideró que los antecedentes entregados por el Ministerio Público no tienen la seriedad ni el mérito probatorio para acreditar la solicitud de extradición.

Además, estableció que no es aplicable el Tratado de Palermo invocado por Chile para sustentar su petición, ya que ese acuerdo internacional sólo es apunta a organizaciones criminales internacionales.

Finalmente, el magistrado afirmó que las evidencias expuestas no dan cuenta de la existencia de hechos que sean constitutivos de delitos, tanto en Malta como en Chile, y agregó que no es posible establecer que existan antecedentes sobre una estafa o lavado de activos, como busca acreditar el Ministerio Público.

"un triunfo"

Chang calificó como un "triunfo" el fallo del tribunal y señaló que "ahora lo único que me importa es llegar a un acuerdo reparatorio con las víctimas".

"Estoy muy contento de poder haber demostrado mi inocencia en un tribunal europeo, con un juez imparcial, en un proceso serio y acucioso que desestimó todas las acusaciones, testimonios y evidencia enviada por Chile y me dejó en completa libertad", sostuvo el empresario a Emol.

Agregó que "ahora mi foco es concretar el acuerdo de pago con los acreedores, el cual hemos trabajado por meses y del cual esperamos tener la aprobación de todas las partes para cerrar este capítulo, que ha sido muy complicado para todos".

El fallo podrá ser apelado en un plazo de tres días por parte del organismo persecutor de la isla mediterránea, que representa los intereses de Chile.

De concretarse la apelación, el tribunal maltés deberá escuchar nuevamente tanto los argumentos de la Fiscalía como los de la defensa de Chang. Con ello resolverá si confirma la resolución o la revoca.

Si ocurre esto último, el empresario sería expulsado y entregado a la justicia chilena para enfrentar un juicio oral por el supuesto fraude.

El proceso penal contra la madre del ejecutivo, Verónica Rajii, y los cinco exdirectivos de Arcano imputados en la causa sigue su curso a la espera del fin de la investigación y un eventual juicio oral.