Un buen punto advierte la defensora regional, Loreto Flores cuando dice que existe "una sensación que no se respeta la presunción de inocencia" en el caso del general Víctor Acosta, exjefe de la II Zona de Carabineros, quien fue llamado a retiro tras ser acusado de un supuesto abuso sexual en contra de una carabinera en formación.
La abogada apunta sobre todo al ejercicio del periodismo y el daño irreversible que habría sufrido el uniformado con las informaciones sobre su salida de Carabineros, ya que según sus declaraciones, primero debe mediar un investigación judicial, para ver si tiene o no responsabilidades en los cargos expuestos.
Aquí está el punto donde resultan discutibles, por lo menos, las apreciaciones de la defensora regional. El derecho a la libertad de información, garantizado en casi todas las constituciones del orbe, además de refrendado en fallos de distintas cortes, aparece por sobre las garantías individuales, salvo en casos puntuales.
El bien mayor es el colectivo, o sea en este caso, el conocer los detalles de la acusación contra el general Acosta, porque su cargo e influencia en la comunidad lo ubican en otra jerarquía de transparencia. En definitiva, un general de la República debe guardar conductas y actuaciones conforme a su investidura, incluso en su vida privada.
La comunidad tiene el derecho a saber las razones de la salida del exjefe policial y también a conocer sus descargos, aunque al parecer, su situación procesal no permitiría este tipo de defensa ante los medios de comunicación, ya que sus declaraciones podrían ser usadas en su contra, como lo advirtió la defensora.
Otro punto que refuerza el tema de la jerarquía y transparencia es la resolución del alto mando de Carabineros. La institución llamó a retiro al alto oficial y su baja sólo será tramitada cuando termine todo el proceso en su contra, lo que también entrega cierto equilibro entre la denuncia y posibles sanciones, si resultan válidas las acusaciones de la carabinera.
Pero como bien dice la abogada, las informaciones publicadas, en ningún caso implican la culpabilidad del uniformado.