Cristian Castro Orozco
En disputa con la administración de su edificio se encuentran 12 vecinos del condominio Punta de Diamante, ubicado en calle Manuel Verbal (sector centro sur de Antofagasta), quienes han pagado reiteradas multas con la finalidad de seguir viviendo con sus mascotas en los departamentos.
El reglamento del condominio prohíbe mantener animales en los inmuebles, por ello los propietarios de los perros son sancionados con el pago de tres UTM (cerca de $138 mil).
Una de las vecinas que enfrenta esta situación es Irina Salgado (exdirectora de Onemi) y vocera del grupo.
"Ocurre que sólo le cursan multas a ciertos propietarios, además, hemos solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el comité administrador para llegar a una solución, pero nunca nos han aceptado la petición", aseguró la periodista, quien es propietaria de un bulldog inglés.
Corte de luz
Salgado sostuvo que los 12 afectados pagaban las multas que cursaba la administración. Sin embargo, dejaron de hacerlo cuando "nos notificaron que teníamos una demanda interpuesta por el comité de administración en el Tercer Juzgado de Policía Local".
Agregó que dejaron de pagar la multa, no los gastos comunes, "porque ahora estamos en un proceso judicial".
La justificación, manifestó la exdirectora de Onemi, es que ahora esperan que sea un juez quien decida si deben continuar pagando la multa o tendrán que llevarse a sus mascotas del condominio.
El cese del pago de la multa gatilló que la administración advirtiera a los propietarios de las mascotas que iniciaría cortes de electricidad en sus departamentos.
Precedente
Pero el caso de los vecinos de calle Manuel Verbal no es inédito en Antofagasta e incluso hay jurisprudencia al respecto.
En octubre de 2006, la Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó una sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local, que resolvió multa de media UTM y el retiro de sus perros a siete familias en el edificio Foresta, ubicado en el sector del Parque Brasil.
La Corte prohibió la tenencia de mascotas ya que eso infringía el artículo 8 del reglamento de copropiedad del edificio, que prohibía expresamente "tener animales domésticos, permitir su circulación por espacios o bienes comunes, aunque ello sólo fuere de forma ocasional o transitoria".
En esa oportunidad, la denuncia fue realizada por otros residentes, quienes manifestaron que los animales generaban trastornos con sus ladridos y ensuciaban espacios comunes.
Durante el desarrollo del juicio la comunidad se reunió y aprobó la opción de tener mascotas en el edificio. Sin embargo, el acuerdo no fue legalizado por lo que no fue considerado por los tribunales.
Recursos
Para el abogado Jorge Lawrence, en estas instancias lo primero es estar en conocimiento del reglamento de copropiedad y determinar desde un principio si la tenencia de mascotas estaba regulada.
"Si hay discrepancias en la forma que el comité de administración está aplicando el reglamento, esto puede llegar al Juzgado de Policía Local para ver si las normas que se aplican o las modificaciones que se hicieron se ajustan a derecho", sostuvo Lawrence.
En caso de que exista alguna medida de carácter arbitraria o que vulnere derechos constitucionales -continuó- las personas pueden acudir a la Corte de Apelaciones con un recurso de protección para que "se vuelva al imperio del Derecho".
En cuanto a la forma para resolver estas diferencias "uno normalmente espera que estas cosas se apliquen con criterio, que los derechos no sean vulnerados, pero tampoco terminen afectando a otros vecinos. Lo más lógico es que las comunidades lleguen a acuerdos de convivencia", reseñó el abogado.
de multa pagaban los vecinos afectados para mantener a sus mascota en el céntrico de edificio. $138 mil
