Estos últimos días se ha conocido de varios colegios de nuestra ciudad que han definido pasar desde el sistema subvencionado, al particular pagado, esto en el marco de los cambios propuestos en la reforma educacional aprobada recientemente.
La misma establece - a grosso modo y en una parte específica- que las instituciones que tengan en sus estatutos la posibilidad de lucro, aunque no lo realicen en la práctica, quedan fuera del beneficio de la subvención estatal.
En medio de la discusión, citamos en su oportunidad que la medida era empujada por la sorprendente "satanización" que se había hecho del concepto y la acción del "lucro".
Una cuestión sorprendente en pleno siglo XXI.
Hoy, los efectos de la medida se están viendo en la práctica con la migración de colegios y el fin de una alternativa que está enfocada principalmente en la clase media.
Será difícil para una familia que pagaba $60 mil o $100 mil mensuales, cancelar un 50 o 100% más, considerando lo que ese peso económico significa.
Es cierto, existen las alternativas de instrucción públicas, pero es conocido que las familias hacen precisamente un enorme esfuerzo económico para optar por instituciones que les den mejores garantías que los colegios municipales.
Ciertamente a todos nos gustaría una educación pública potente, pero es bien evidente que hoy esa no es ninguna realidad, debido al deterioro que sufre este segmento por causas injustas, creadas y mantenidas a través de los años.
El problema que ya comienza a advertirse es cuál será el efecto de aquellos menores que no podrán seguir estudiando en sus respectivos establecimientos, muchos de los cuales, los han acompañado por toda su vida escolar.
Por otro lado, ¿está listo el sistema público antofagastino para recibir el próximo año a 5 o 10 mil alumnos? Evidentemente no y el asunto no parece estar previsto por las autoridades encargadas de ello.
Es difícil decir que esto fue una decisión apresurada, pero los hechos así lo están dejando en claro.