El abogado del diputado UDI Gustavo Hasbún, Juan Carlos Manríquez, explicó ayer que de la lectura del fallo de la Corte Suprema que rechazó el desafuero del parlamentario -por una querella de la familia de Rodrigo Avilés- se extrae que no había antecedentes "suficientes" para atribuirle el delito de calumnia o injurias. Según el profesional, las críticas del parlamentario hacia la reunión entre la Presidenta Bachelet y el padre del estudiante fueron "políticas".

La decisión del máximo tribunal se relaciona con la querella por injurias y calumnias presentada por la familia del estudiante, quien resultó herido tras recibir la descarga de un carro lanzaaguas el 21 de mayo pasado, en Valparaíso.

En la oportunidad, Hasbún criticó una cita entre la Presidenta Bachelet y el padre de Rodrigo.

Al respecto, Manríquez comentó a CNN Chile que "la injuria supone que las expresiones sean claramente destinadas a deshonrar, desacreditar o menospreciar a otra persona, y estas expresiones del parlamentario se vertieron en un contexto de una crítica política a lo que él estima, que serían a su vez políticas públicas erróneas en relación con la seguridad pública y ciudadana".

Para el profesional, no hay ofendidos directos o indirectos. "Bajo ese punto de vista, creo que la corte cubrió todas las hipótesis", agregó el representante de Hasbún.

En primera instancia, la Corte de Apelaciones determinó desaforar al diputado, pero la medida fue revertida por la Corte Suprema.

21 de mayo resultó herido Rodrigo Avilés, en la marcha que terminó en violencia en Valparaíso.

22 votos contra 3 fue la votación de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el desafuero de Hasbún.

Mauricio Mondaca

El ministro del Interior (s), Marcelo Díaz, dijo ayer que "serán los tribunales los que determinarán si hubo o no irregularidades", a propósito de los 80 contratos del Estado con la empresa Saydex, que son investigados por la Fiscalía en el caso Caval.

Según publicó ayer La Tercera, la Fiscalía de O'Higgins pidió a la PDI realizar pericias contables y de análisis de contenido de los 80 contratos que la empresa Saydex firmó con distintos servicios de salud estatales.

La empresa de servicios informáticos a instituciones de salud fue uno de los primeros clientes de la empresa Caval, una de cuyos dueños es la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.

El secretario de Estado agregó que "son contratos suscritos en la administración anterior (del exPresidente Sebastián Piñera), fueron indagados por el Ministerio de Salud y todos los elementos fueron entregados a la justicia. Estamos sujetos a lo que determine la investigación y los tribunales".

Consultado sobre si el Gobierno del exPresidente Piñera entregó licitaciones bajo mecanismos irregulares, Díaz dijo que "nosotros no somos los que tenemos que calificar".

Los trabajos

Saydex estuvo a cargo del desarrollo del Proyecto de Información de las Redes Asistenciales (SIDRA), mientras era cliente de Caval, a la que habría pagado $170 millones por asesorías.

Según radio Cooperativa, Patricio Cordero, intermediario de negocios de la empresa Caval y exadministrador municipal de Joaquín Lavín, dijo en su declaración ante la Fiscalía que Mauricio Valero, el otro dueño de Caval, le habría pagado $20 millones al exdirector del Servicio de Salud Metropolitano Central durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Nibaldo Mora, para incidir en las licitaciones a favor de Saydex, que involucran unos $23 mil millones.

Esta arista -que analiza posible soborno, cohecho y tráfico de influencias por un pago a un ex director de servicio- la lleva adelante el fiscal adjunto de Rancagua, Carlos Fuentes, quien solicitó al Laboratorio de Criminalística de la PDI que analizara las licitaciones, junto con las propuestas de Saydex, para determinar si correspondía o no que fueran otorgadas.

El actual titular del Servicio de Salud Metropolitano, Jorge Martínez, dijo que "ese es uno de los temas que se está discutiendo, fundamentalmente en la licitación que el Ministerio de Salud adjudicó con Sidra y Sidra 2, (que) significa indudablemente una nueva licitación con nuevas modalidades de contratación de este sistema".

"Nosotros realizamos una auditoría, la cual arrojó ciertos datos que indudablemente nos alarmaron", agregó.

"Todos los elementos fueron entregados a la justicia. Estamos sujetos a lo que determine la investigación y los tribunales".

Marcelo Díaz, Ministro del Interior (s)

"Nosotros realizamos una auditoría, la cual arrojó ciertos datos que indudablemente nos alarmaron".

Jorge Martínez, Jefe del SSM

El senador de RN, Alberto Espina, dijo que la comunicación a través de correos electrónicos entre Pablo Longueira y un ejecutivo SQM "no es lo usual", y que para evitar hechos de esa naturaleza se adoptó la Ley del Lobby.

"Creo que Longueira tiene derecho a defenderse como estime conveniente. Si él cree que la mejor forma es a través de una columna, qué voy a decir yo sobre cuales son sus motivaciones", aseguró el parlamentario.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al Ministerio Público los antecedentes de la carpeta de investigaciones del caso SQM para indagar los correos que intercambiaron el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y el exgerente de la compañía minera no metálica, Patricio Contesse.

Las comunicaciones, publicadas por la revista Qué Pasa, según el CDE podrían determinar las figuras de cohecho y soborno, ya que fueron intercambiados mientras se definía en el Congreso la fórmula para el proyecto de royalty minero cuando Longueira era senador.

"Cualquier autoridad que tenga contacto con empresas que tengan intereses de cualquier materia tiene que registrarlo de inmediato y o sino comete una gran infracción legal", agregó Espina.

"Todos los actos de corrupción en la política deben ser investigados y castigados", argumentó el senador por La Araucanía.

Críticas oficialistas

Desde el Partido Socialista, su presidenta, la senadora Isabel Allende, afirmó que la información que intercambió el excandidato presidencial "era un documento para cambiarse entre parlamentarios. No se entiende que se lo haya entregado a Patricio Contesse, de Soquimich. Es una explicación que él tendrá que dar".

En una columna en El Mercurio, Longueira respondió a las críticas al decir que le preocupa la situación del país, donde la actividad política se encuentra "desacreditada" y "desvalorizada".