Mauricio Mondaca

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo que los partidos políticos que están representados en el Congreso le entregaron a la Presidenta un "sólido respaldo" a la decisión del Gobierno de solicitar la incompetencia de la Corte de La Haya para conocer la demanda marítima de Bolivia.

La Presidenta Michelle Bachelet sostuvo ayer en La Moneda una reunión con los representantes de esas colectividades, en que analizaron los escenarios que pueden derivarse del fallo del tribunal, que será conocido mañana.

Isabel Allende (PS), Joaquín Godoy (Amplitud) y Alejandro Navarro (MAS) fueron los únicos presidentes de partido que allegaron al encuentro, pues las demás colectividades enviaron a sus vicepresidentes o secretarios generales.

"Hemos hecho un análisis de lo que podría ocurrir, y lo más importante que quisiera resaltar es que la Presidenta ha recibido un sólido respaldo de todos los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales", dijo el canciller.

Interés nacional

La postura adoptada por el Gobierno de pedir las objeciones preliminares "es una cuestión de interés nacional y una política de Estado, así que ha sido una muy buena reunión. Acá hay una sintonía respecto de los intereses nacionales y a la política de Estado en esta materia de lo que se verá en la Corte", añadió el titular de Relaciones Exteriores.

La presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, dijo que "lo que importan son las instituciones. Estuvieron representados todos los partidos (…) esto en absoluto menoscaba (la posición del Gobierno)", consultada por la ausencia de presidentes de partidos.

Alejandro Navarro (MAS) destacó que "todos los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, están firmes junto al Gobierno".

El secretario de Estado confirmó que la Mandataria sostendrá reuniones con los ex Presidentes de la República y con los ex cancilleres.

Acusaciones bolivianas

Respecto de los dichos del exPresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, quien acusó a Muñoz de intentar echar a andar una campaña presidencial a costa de su país, con un discurso "netamente antiboliviano", el canciller aseveró que "no tengo el más mínimo comentario sobre esas declaraciones".

La Comisión de Probidad del Senado aprobó por tres votos a dos ampliar el periodo de fiscalización de gasto de campañas electorales de 90 a 200 días, pese a que el Gobierno no aceptó dar un plazo mayor para el análisis de las elecciones presidenciales.

Las diferencias

El presidente de la instancia parlamentaria, Ignacio Walker (DC), dijo que existen diferencias con el Ejecutivo respecto del plazo de extensión que debería tener la campaña presidencial. Según Walker, él, y los senadores Felipe Harboe (PPD) y José García Ruminot (RN) eran partidarios de extender ese lapso a un año, lo que no contó con el respaldo del Ejecutivo.

"Algunos hubiésemos querido que en materia de elección presidencial pudiéramos haber tenido un año, que es lo realista, porque ninguna campaña presidencial dura seis o siete meses, menos 90 días. Esa discusión se rechazó", manifestó el ex presidente de la Democracia Cristiana.

"Desde el año 1989 a la última elección presidencial han habido 32 candidatos y candidatas presidenciales y ni uno partió la campaña seis meses antes; todos mínimo un año antes", dijo el senador Harboe citado por radio Cooperativa.

"Lo que es peor, nadie sabe quién los financiaba, cómo recorrían el país. Entonces lo que la ciudadanía nos está reclamando es que nos hagamos cargo de esa realidad y construyamos una nueva realidad", agregó.

Rechazo del gobierno

A través del ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Nicolás Eyzaguirre, el Ejecutivo rechazó la propuesta parlamentaria.

"Extender a un año el periodo de precampaña de candidatos presidenciales nos llevaría virtualmente a que a la altura del segundo año y medio del Presidente en ejercicio ya se comenzaran a producir precampañas de futuros aspirantes, lo que no creemos que sea adecuado", dijo recientemente el secretario de Estado.

El plazo incluye el proceso de recaudación y presentación de las campañas, ya que la publicidad está acotada a 30 y 60 días, dependiendo del tipo de elección.

El Gobierno defendió ayer la agenda corta antidelincuencia, que se discute en el Congreso, frente a los cuestionamientos del pleno de la Corte Suprema, que declaró la semana pasada que el control preventivo de identidad -que se incluye dentro de las medidas- "es difícilmente aceptable desde la perspectiva de un estado democrático de Derecho".

El ministro del Interior, Jorge Burgos, valoró la opinión de la Corte Suprema, que también acusa supuestas penas desproporcionadas en delitos contra la propiedad.

"Me parece bien que la Suprema haga consideraciones del punto de vista del Estado de Derecho, algunas dudas hay que tener presente; cumple su rol la Corte Suprema, es lo que nosotros esperamos. Si hubiéramos tenido una Suprema así hace 30 años en este país, se habrían evitado muchas cosas", dijo Burgos.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, explicó que la iniciativa está en el Poder Legislativo y es ahí donde se deben analizar los distintos puntos de vista.

El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, se sumó a las respuestas oficialistas a la postura de la Corte Suprema y afirmó que si hay algún problema constitucional "se discutirá y mejorará".

"Si tiene un problema constitucional lo vamos a discutir y lo vamos a mejorar, porque aquí estamos frente a propuestas que son siempre mejorables", aseguró.

Para Frey, las críticas del pleno del máximo tribunal "son bienvenidas, porque necesitamos tener acuerdos transversales para solucionar un problema de todos".