Jonathan Mondaca Escobar
A 55 llega la cifra de extranjeros que han sido expulsados en la provincia de Antofagasta durante este 2015, número que se incrementará debido a medidas como la "visa de condenado", que permite realizar seguimiento de quienes cumplen sanciones para deportarlos en cuanto éstas finalicen.
Las expulsiones migratorias fueron un tema que sembró varias interrogantes la semana pasada, luego de dos casos delictuales de connotación pública. Se trata de lo ocurrido con un colombiano de 23 años, quien había cumplido una condena de cinco años por robo, pero un mes después de abandonar la cárcel, asesinó a un peluquero en la población Lautaro (agosto). En el otro hecho, otro colombiano que ingresó ilegalmente al país, planeó un asaltó a un comerciante chino en pleno centro de la ciudad.
Condenas
La intendenta (s), Fabiola Rivero, precisó que existen dos vías de expulsión, una administrativa y la otra judicial. Esta última la decretan los tribunales cuando la pena indica que el condenado debe dejar el país. Las órdenes de este tipo en lo que va del año llegan a 15, mientras que las administrativas son 40.
"La expulsión administrativa es por incumplimiento al Decreto Ley de Extranjería y la comisión de delitos 'pequeños'. La única persona que puede iniciar este procedimiento administrativo es el intendente", dijo Rivero.
El afectado puede reclamar a la resolución, la que se decide en el Departamento de Extranjería y Migración. Los únicos facultados para notificar la expulsión son los funcionarios de la Policía de Investigaciones y "la orden está vigente hasta que se encuentre a la persona", manifestó la intendente (s).
La personera de gobierno sostuvo que el principal problema que detectaron está en los extranjeros que cumplen condena en medio libre. Por ello están trabajando con la visa de condenado, documento que les permitirá estar en el país mientras cumplen la sanción en libertad, para expulsarlos administrativamente cuando ésta termine.
"Esto no es para que la persona se quede, es para hacer un seguimiento. Este protocolo lo tenemos a nivel provincial y vamos a sugerir que sea para toda la región", puntualizó la gobernadora. Con esta medida pretenden detectar los casos como el del joven de 21 años que asaltó al comerciante chino y su hijo, quien tenía una orden de expulsión en Santiago y pero luego fue detenido cuatro veces por distintos delitos en Calama.
Infracciones
Otra medida con la que ahora trabaja la Gobernación es que cada vez que un extranjero sea detenido, ya sea por infracciones menores o delitos, su información ingresará a una base de datos del gobierno.
Rivero aclaró que si bien las expulsiones las maneja la Intendencia, estos son casos que tensionan la seguridad pública, por lo que les remitirán esta información a ellos y la PDI.
Con estos datos puede iniciarse el proceso sancionatorio, que puede ir desde una amonestación, multa o lo más grave, la expulsión.
El presidente de la Colectividad de Residentes Colombianos, Benjamín Cruz, dijo que las medidas que se están tomando son una muestra de que el llamado que hicieron (acelerar los procesos de expulsión) tenía "razón de ser".
"Los protocolos de acción no eran los más adecuados e igual es preocupante que tengan que pasar casos como el asalto a los asiáticos o el homicidio del peluquero, para que las autoridades tomen cartas en el asunto", aseguró Cruz.
Estas medidas, agregó el periodista, son parte de lo que solicitaron en una carta a la Presidenta Michelle Bachelet y lo toman como una respuesta a sus peticiones y llaman al gobierno a trabajar en todo lo que se desprende del fenómeno migratorio.
expulsados hubo en Antofagasta durante 2014. De ellos, 79 fueron por la Intendencia y 25 por órdenes judicial.
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