"No litigamos por la prensa, pero tenemos que salir al paso de datos que a nuestro parecer, desinforman". Luego que la institución decidiera no referirse al caso hasta que concluyan las aristas que aún están abiertas, el abogado y jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP), Ignacio Barrientos, decidió referirse al recurso de protección y la demanda por tutela laboral que presentó un funcionario contra la DPP.
El encargado de recursos humanos, Miguel Cañas, inició acciones legales luego que fuera calificado con nota 2,9 (deficiente), lo que ameritaba su destitución y fuera sumariado.
Cañas decidió contratar dos abogados y realizar una demanda en el tribunal laboral, junto con acudir a la Corte de Apelaciones donde interpuso un recurso de protección. Este último fue acogido por el tribunal de alzada y también ganó la demanda, aunque la Defensoría ya presentó la nulidad del juicio y la apelación en la Corte Suprema.
tutela laboral
Para el jefe de estudios, es vital que la opinión pública conozca en profundidad los detalles que derivaron en las acciones judiciales, como por ejemplo, que la mala calificación del demandante fue por "graves deficiencias administrativas detectadas en su evaluación".
¿Cuál es la postura de la Defensoría frente a la demanda por tutela laboral?
-La tutela laboral es un procedimiento que persigue denuncias de trabajadores a sus empleadores por vulnerar derechos que están consignados en el Código del Trabajo.
Nosotros señalamos que el tribunal laboral es incompetente de manera absoluta, porque escapa de su competencia al ser un funcionario público, a pesar de que exista jurisprudencia de la Corte Suprema en este sentido.
¿Qué es la alegación central?
-El gran cuestionamiento es que fue sometido a una calificación final que lo hizo caer en una lista de destitución y un sumario. Pero éstas son cuestiones de la competencia de los servicios públicos, para perseguir eventuales responsabilidades administrativas o mal desempeño.
Los colegas (abogados del demandante) señalaron que la Defensoría 'se saltó todos los procedimientos' y eso es absolutamente falso, es una acusación de que actuamos al margen de la ley. Lo que hizo la institución es usar los mecanismos legales para ejercer un control efectivo sobre el trabajo de un funcionario.
¿A qué se refiere cuando dice que el funcionario fue calificado de manera deficiente porque detectaron serios errores administrativos?
-Por dar algunos ejemplos, ya que era el encargado de recursos humanos. Hubo retraso grosero en la tramitación de una solicitud de reconocimiento de carga familiar, presentada en abril de 2013 y que cinco meses más tarde no había sido resuelta. En el juicio todos coincidieron que eso no puede demorar más de tres días.
Incluso hay un procedimiento para evitar la duplicidad de cargas, pero hubo un funcionario que ya no está en la institución, obtuvo bonos por una doble inscripción con otro contrato. Incumplimiento de contratación y descuento de pólizas de fianza. Los funcionarios que administran fondos públicos, deben contar con una póliza que es descontada mensualmente. Cuando asume la nueva jefatura de la Defensoría y realizó una revisión administrativa, se comprobó que esto no se había hecho al menos en los últimos cinco años y esto según la Contraloría es una falta grave.
Tampoco había un adecuado registro de licencias médicas y todo esto lo documentamos en el juicio.
Respecto al juicio, qué tipo de pruebas presentó su contraparte?
-No hubo ninguna prueba que demuestre acciones que impliquen un menoscabo de la persona. El trato fue de absoluto respeto, no hay ninguna demostración de lo contrario y se descartó cualquier acción de este tipo. Las medidas adoptadas sólo buscaron potenciar la excelencia en el servicio.
Además, en el juicio no se presentó ningún testigo de esta Defensoría regional apoyando la posición de Miguel Cañas.
Los tres testigos que acudieron son directivos de la asociación de funcionarios de la DPP, que trabajan en Valdivia y Santiago.
El único que se presentó como testigo de esta región, es precisamente quien registró dos veces sus cargas familiares. A este último sólo hicimos preguntas de credibilidad, ya que a alguien involucrado en eso, no se le puede creer.
¿Qué piensa que se persigue con estas acciones judiciales?
-Lo que persigue es evitar su destitución. Pero creo que aquí hay un aprovechamiento de todos los mecanismos y también un aprovechamiento de los medios de comunicación, para decir que la Defensoría Penal ha infringido sus derechos fundamentales. Lo único que la institución ha hecho es ejercer las potestades que el ordenamiento jurídico establece.
¿En qué se encuentra todo el proceso actualmente?
-El 22 de mayo presentamos el recurso de nulidad del juicio laboral y se tiene que fijar el día de la vista de la causa.
El recurso de apelación lo presentamos en la Corte Suprema el viernes 29 de mayo, que será alegado por la unidad de corte en Santiago.
La Defensoría entiende que esta es una situación compleja, pero no nos sentimos en jaque y hemos aportado todos los medios de prueba para corroborar lo que afirmamos en la contestación de la denuncia.
Al conocer los hechos concretos, la percepción de la ciudadanía necesariamente va a cambiar. La Defensoría ni ningún servicio público puede tolerar errores graves y prolongados en el tiempo, sin que eso no implique que quienes deben velar por el correcto desempeño sean pasibles.