En virtud de lo que fueran los alegatos nacionales del lunes en la Corte Internacional de La Haya, el equipo jurídico boliviano tiene una difícil tarea. Para tener éxito, o al menos maximizar sus opciones, los representantes bolivianos deben hoy esforzarse en romper con el peso de las argumentaciones ofrecidas por Chile relativas a la incompetencia que tendría la Corte en función de la "ratione materiae" y la "ratione temporis".

Para ello, Bolivia no debería, y a diferencia de lo que esperan desde nuestra Cancillería, enfocar sus argumentos en cuestionamientos al Tratado de 1904, ni tampoco utilizar los elementos que configuran una eventual obligación de Chile, generada a partir de la existencia de actos unilaterales, ya que esto último iría en contra del Reglamento de la Corte por ser argumentos del fondo de la causa.

Por todo ello, y en virtud de la audacia jurídica con la que han sostenido la demanda, es de esperar que la fórmula que utilizarán los representantes de Bolivia se hará a partir de argumentaciones competenciales que minimicen e incluso invisibilicen la importancia del Tratado de 1904.

Ante esto, Bolivia encuentra en los Acuerdos de Transferencia de Territorio de 1895 al factor que podría sostener su punto. Bolivia debiera argüir, sin que esto signifique que tendrá éxito, que las obligaciones de negociar que tiene Chile hacia Bolivia no provienen del Tratado de 1904, lo que provocaría salvar la incompetencia ratione materiae establecida en el Pacto de Bogotá, sino que nacen a partir de asuntos no resueltos por el Tratado de 1904 y que generaron actos unilaterales por parte de Chile posteriores a 1948, argumento que busca salvar la incompetencia por ratione temporis establecida en el mismo acuerdo regional de solución pacífica de controversias.

Pese a que no existen relaciones diplomáticas y al litigio que la nación altiplánica mantiene con Chile en la Corte Internacional de Justicia en La Haya por una salida soberana al mar, los bolivianos siguen siendo una de las principales corrientes migratorias que llegan a Antofagasta.

Durante el último año más de 5.600 ciudadanos de esa nacionalidad tramitaron visas sólo en la Provincia de Antofagasta, lo que los sitúa como los terceros más numerosos, detrás de colombianos y peruanos.

De ellos, un gran porcentaje corresponde a mujeres con edades entre 25 y 54 años, que buscan mejores oportunidades laborales en una ciudad que hasta antes de la Guerra del Pacífico pertenecía al departamento boliviano de Cobija.

Estos inmigrantes provienen, principalmente, de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y La Paz, y se desempeñan en el sector comercio.

PERFIL

El director de la Oficina Antofagasta del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Rodrigo Poblete, explicó que la gran mayoría de los bolivianos que está arribando a la ciudad son mujeres.

"Vienen con sus estudios medios completos y la razón de su llegada es principalmente trabajo. La mayoría son mujeres solteras, aunque algunas viven con sus hijos", comentó.

Poblete señaló que los bolivianos sienten que el tema marítimo que hoy se discute en La Haya "es un problema de las autoridades" y que en general existe una sensación de buena acogida de parte de los nacionales.

Rodrigo Poblete describió al boliviano que vive en esta zona como "cauto en sus expresiones" y agregó que, a diferencia de lo que ocurre con otras nacionalidades, "es gente bien formada y educada, que no tiene resquemor o desconfianza hacia los chilenos".

RELACIÓN

El sociólogo de la Universidad de Antofagasta (UA), César Trabucco, destacó que la relación de la población boliviana con los chilenos en el norte es de "integración", gracias a que han ocupado un segmento específico de prestaciones, con mucha presencia en el comercio.

Para el profesional, uno de los puntos comunes que comparten con la población local es formación religiosa.

Trabucco explicó que la demanda interpuesta en la corte internacional no ha afectado este ánimo de integración, sin perjuicio que igual pueden surgir algunas "fricciones".

El académico dijo que históricamente ambas naciones no han tenido inconvenientes en su convivencia y que las animadversiones relacionadas con el tema marítimo son más bien generadas desde Santiago y La Paz.

Algunos bolivianos residentes en Antofagasta también restaron relevancia a la disputa que mantienen los equipos jurídicos de ambos países en La Haya.

Daniela Gil, de 26 años, y originaria de Santa Cruz, dijo que el diferendo "es una tontera que viene hace muchos años".

"Es algo que ya perdimos y creo que están buscando un conflicto entre países. Es algo que no tiene que ver con nosotros en esta época", explicó.

Alice Rojas, de 19 años, también cruceña, consideró "imposible" lograr una salida al mar, y destacó que se trata de un tema que algunos bolivianos interesa, pero a otros no.

El diputado Marcos Espinosa (PRSD) presentó dos proyectos de ley que buscan modificar diferentes cuerpos legales para trasladar la competencia sobre causas mineras desde los juzgados de letras a los tribunales ambientales. Esto, con el fin de descongestionar los tribunales ordinarios y así evitar la superposición de concesiones.

"Esta problemática se ha traducido en la existencia de superposición de concesiones, lo que a la larga han traído más de un problema a los titulares dueños de las mismas", contó el congresista radical.

Debido a las lluvias que afectaron a la región en marzo, los vecinos de la Villa Irarrázabal de Antofagasta sufrieron daños o la pérdida de los computadores que mantenían en su sede social, afectando las capacitaciones y el trabajo comunitario.

Sin embargo, gracias a la gestión de la seremi de Gobierno, Stefanía Carvajal, y a través de la Fundación Chilenter, la unidad vecinal recibió cinco equipos para reponer los inservibles. Irina Reyes, directora ejecutiva de Chilenter, dijo que el aporte permitirá acercar la tecnología a las personas.