Chile es un país de gente fuerte. Su fisonomía y geografía son duras, muchas veces inhóspitas. Pero las poblaciones se adaptan a sus territorios y se moldean para dominarlos. El aluvión que azotó a nuestra comuna en 1991 dejó como triste resultado 92 muertos y 16 desaparecidos.

Después de tal desastre, se tomaron medidas, hoy Antofagasta cuenta con piscinas y vías aluviales entre otras medidas de prevención y protección. Esa ha sido una forma de controlar los riesgos y desafíos del entorno. Sin embargo, no hemos sido capaces de contar con una Agencia Nacional de Protección Civil que prevenga, coordine y actúe de forma descentralizada.

En 2011 el Gobierno del Presidente Piñera ingresó al Congreso un proyecto de Ley que iba en esa línea dejándolo en segundo trámite al término del periodo gubernamental. Hoy, a un año del Gobierno de la Presidenta Bachelet, el proyecto cuenta con una indicación sustitutiva (que tardó un año para ser preparada) y sigue detenido esperando que ocurra otra tragedia para entender que los proyectos de los cuales depende la protección de los chilenos debemos ponerle urgencia, esto último sólo lo puede hacer el ejecutivo.

Los hechos nos muestran que la cultura de la reacción impera, incluso en nuestro sistema de protección civil. ¿Cuántas muertes se necesitan para poder comprender que nuestra tierra nos impone riesgos? ¿Cuántos aluviones debemos ver para comprender que hay que evaluar acuciosamente nuestras zonas urbanas y rurales a fin de determinar los riesgos que ellas entrañan?

Hoy, el foco debe estar puesto en lo principal: nuestra gente. En encontrar a los desaparecidos, en repartir la ayuda que sea necesaria para asegurar el sustento, en comenzar a levantarnos y recuperar nuestras ciudades afectadas por los aluviones. Pero ello no puede inhibir, en su momento, la labor de fiscalización que nuestra Constitución entrega a la Cámara de Diputados ni permitir que el Gobierno deslinde responsabilidades en las áreas más débiles de la administración del Estado que poco pueden hacer.

Hay, por ello, que extraer la única lección posible: los desastres seguirán ocurriendo en nuestro país, pero debemos estar preparados. No puede ser de otro modo. Y esperamos, que aunque sea en la emergencia misma, el Gobierno ponga urgencia al proyecto ingresado al Congreso y tengamos un Sistema nacional de gestión del riesgo y desastre, porque la Onemi llegó a su fin.

Una semana ha transcurrido desde que la zona norte de Chile, particularmente Antofagasta y Atacama, comenzaran a padecer los efectos de las lluvias. Los ecos de la polémica surgida tras los anuncios y antecedentes meteorológicos que se manejaban antes de la catástrofe y el trabajo de la Onemi de cara a esta emergencia, aún son motivo de debate y, seguramente, darán base para análisis y revisiones profundas.

Los datos dados a conocer por el meteorólogo Anthony Sagliani, de AccuWeather, uno de los proveedores de servicios meteorológicos más importantes del mundo, advertían con más de 48 horas de anticipación las características del evento que se acercaba. Y así surgió la crítica respecto a la supuesta falta de celeridad con la que los organismos oficiales podrían haber actuado, ante tan complicado escenario.

Si bien es cierto que algunas advertencias más concretas y con mayor conocimiento de la realidad geográfica e hídrica habían sido útiles para paliar efectos de los aluviones, hay problemas de fondo de los cuales una previsión a tan de corto plazo jamás podría hacerse cargo.

Y esto tiene que ver con la manera en que se planifican las ciudades. El ejemplo de Diego de Almagro, El Salado y Chañaral es muy gráfico, respecto a los defectos de las construcciones cercanas o incluso, en el mismo lecho seco del antiguo cauce del río Salado.

Lo mismo sucede y ha ocurrido anteriormente en Antofagasta, donde el caso del aluvión de 1991 aún está en la memoria de miles de vecinos, pero aun así, no se ha continuado con las obras faltantes y miles de vecinos siguen construyendo en sitios peligrosos.

También está Copiapó, que se caracteriza por ser una de las comunas del país con mayor proporción de campamentos, muchos de ellos emplazados en quebradas con riesgo aluvial. Incluso, no son pocas las caletas en el norte que se encuentran en una situación similar a la de Chañaral.

Sin duda que la catástrofe debe mover a una revisión de los emplazamientos urbanos y sus condiciones. Es una manera realmente efectiva y a largo plazo para prevenir.