Tamara Miranda Varela
Un ácido debate ha tenido la reforma a la educación superior que ingresó al Parlamento durante esta semana.
Las críticas principalmente vienen de parte de los estudiantes y de los propios rectores de las universidades, tanto las públicas no estatales y las estatales.
En esta entrevista, el rector de la Universidad Católica del Norte (UCN), Jorge Tabilo, habla respecto a estos cambios.
¿Cree que la reforma a la educación superior fortalecerá a las 'Ues' pertenecientes al G9?
-Una reforma como ésta debiera fortalecer la educación pública de nuestro país, pero el proyecto presentado por el Ejecutivo para su discusión en el Congreso contiene aspectos preocupantes que apuntan en sentido contrario, como el hecho de que a mediano plazo van a desaparecer los aportes basales para las universidades públicas no estatales que hoy nos agrupamos en la Red G9. Es un trato injusto que no merecen estas nueve instituciones que contribuyen con alrededor del 50% de la productividad científica y formación de recursos humanos que realizan las 27 universidades que conforman el CRUCh.
¿Cree que el Gobierno está haciendo diferencias entre las 'Ues' estatales y las privadas con financiamiento del Estado?
-Por supuesto que sí. Lo que plantea el proyecto es que mientras los aportes basales de las universidades públicas no estatales tenderán a desaparecer, los de las estatales se incrementarán, lo que en la práctica será mejorar a unas en desmedro de otras, cuando se trata de instituciones que aportamos al desarrollo del país de la misma forma. Lamentablemente, la reforma no reconoce ese aporte, lo que es tremendamente frustrante.
Descontento
¿Es cierto que existe descontento por la cantidad de recursos que entrega a las 'Ues' estatales en comparación con las del G9?
-Aquí el problema de fondo sería que con este trato injusto hacia las universidades del G9 se resienta la calidad del sistema público de educación superior en su conjunto. Lo que debería hacer la reforma es aprovechar las capacidades que se han desarrollado tanto en las universidades no estatales como en las pertenecientes al Estado, promoviendo la colaboración entre ellas en beneficio del país en general y de las distintas zonas en particular.
En una entrevista, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aseguró que los rectores estaban más preocupados de debatir sobre los recursos y no sobre la calidad de la educación. ¿ Qué opina de esta declaración?
-No hay que olvidar que la promesa de este Gobierno fue que la reforma aumentaría la calidad, lo que queda en entredicho con la desaparición de los aportes basales para las universidades públicas no estatales. La asignación de recursos por parte del Estado tiene relación directa con la calidad de la educación, porque con ellos se financian temas como la infraestructura y el equipamiento, así como la contratación de académicos e investigadores de alto nivel.
¿Cuánto recibirá la UCN por concepto de gratuidad y a cuántos alumnos va a beneficiar? ¿Les alcanza?
-Nuestros alumnos beneficiados con la gratuidad son 2.763 en total, de los cuales 915 son alumnos nuevos y 1.848 son antiguos. Esta cifra constituye el 24% del conjunto de nuestros estudiantes. Las universidades que entramos en la gratuidad vamos a tener el mismo tratamiento desde el punto de vista del financiamiento de lo estrictamente docente, pero el problema nuevamente sería que, al no disponer de aportes basales, no se tendrán recursos para poder mantener los niveles de calidad, que es un concepto integral.
¿Considera que es factible un arancel regulado?
-El establecimiento de un arancel regulado es un tema difícil, que requiere un mayor análisis, porque tiene que estar asociado a distintos niveles de calidad, y la calidad de una institución es un concepto integral. A la hora de hacer los cálculos no se puede separar tan fácilmente la docencia de la investigación y de la vinculación con el medio, y a un académico se le contrata para realizar estas tres funciones. Lo otro preocupante es que con un arancel regulado se estará entregando recursos a las instituciones dependiendo de la cantidad de estudiantes, pero no son fondos basales asociados al cumplimiento de las metas establecidas en su plan estratégico.
Uno de los planteamientos de la reforma es que la 'Ues' deberán cobrar diferentes aranceles según el nivel socioeconómico del alumno, ¿qué le parece este planteamiento?
-Mientras no exista gratuidad universal, los estudiantes que no tengan ese beneficio y que estudien en una institución adscrita a la gratuidad, deberán pagar un arancel diferenciado, dependiendo de su nivel socioeconómico. El problema es que el modelo de gestión para su implementación no es tan sencillo, porque tiene que existir toda una organización que valide la información para hacer los cobros.
¿Qué corregiría esta reforma?
-Varias cosas, pero lo más malo de la reforma es la discriminación en contra de las universidades públicas no estatales que pertenecemos al CRUCh y que nos agrupamos en la Red G9. No puede haber un trato diferenciado para instituciones que han contribuido al desarrollo del país.
"Nuestros alumnos beneficiados con la gratuidad son 2.763 en total, de los cuales 915 son alumnos nuevos y 1.848 son antiguos. Esta cifra constituye el 24% de nuestros alumnos".
