Constanza Caldera Pfeiffer

Dudas generó entre los diputados de la Región de Antofagasta el ingreso por parte del gobierno del proyecto de aborto legal. Los parlamentarios cuestionaron la intención del ejecutivo de presentar esta iniciativa a pocos días de la cuenta pública, apuntando a un fin más bien político -electoral.

Se trata de un proyecto de ley que contempla que el plazo legal se extienda a las 14 semanas, cuya iniciativa es parte de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric y uno de sus principales anuncios que realizó en la Cuenta Pública del año pasado.

En conversación con CNN Chile, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que "el plazo que vamos a proponer para iniciar la discusión, estamos mirando el modelo alemán, y ese modelo establece 14 semanas. Vamos a partir el debate con un proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo de 14 semanas a través de ofrecer también su prestación en el sistema de salud", publicó Emol.

Rechazo unánime

Sobre el tema, el presidente de la Cámara de Diputados José Miguel Castro (RN) dijo que se debe ver la forma y el momento en que es presentado. "Y absolutamente es un tema político. Si realmente quisieran haberlo discutido seriamente, como es un proyecto así de serio, deberían haberlo discutido en años anteriores y no ahora justo ante la cuenta pública para decir simplemente que cumplieron", indicó.

"Yo en forma personal obviamente estoy en contra de este proyecto como se está vislumbrando hasta ahora que se va a presentar. Creo que hay absolutamente otras prioridades que deberían estar en urgencia y hacerse con bombos y platillos, como lo están haciendo para este proyecto, como por ejemplo, que el ingreso clandestino a nuestro país sea declarado como un delito", indicó.

Castro destacó que no se pondrá en contra de la Constitución ni de sus atribuciones así que no dejará de tramitarlo, si es que el gobierno le pone urgencia. "Si no le pone urgencia. Esto quedará en el puesto que le corresponde, que no es el primero", enfatizó.

La diputada Yovana Ahumada (PSC) señaló que el proyecto de ley de aborto legal, no es una urgencia ni algo que la ciudadanía tenga en general como una prioridad. Asimismo, señala que esto habla de la desconexión del gobierno, y que en este instante se ve como una "jugada política", agregando estar en contra de este proyecto de ley.

Ahumada dijo lamentar que cuando se empieza a hablar de un aborto libre, se busque justificar por una diferencia de clase económica, planteando se que algunas mujeres teniendo recursos se realizan abortos en clínicas privadas, y que existe otro grupo de personas que se pone en riesgo o no tiene acceso a un aborto porque no tiene recursos.

"Acá lo que hay que buscar es que esas personas queden en la cárcel que realmente haya una exigencia del cumplimiento de la ley y no tratar de decir que porque acá hay una diferencia, entonces yo igualo hacia abajo. Esa es una de las primeras cosas y lo otro es como que fuera prácticamente un método anticonceptivo. Acá yo creo que los recursos debieran estar en otra área, en el apoyo al cuidado de las adolescentes", declaró.

Estrategia electoral

Por su parte, el diputado Jaime Araya (Indep. -PPD) cree que el haberse ingresado el proyecto de aborto en estos días, genera un manto de dudas sobre las verdaderas intenciones en esta materia, agregando que cabe preguntarse si se quiere legislar sobre un tema muy sensible, o hay más bien una estrategia electoral detrás.-

" Personalmente creo que no habrá un debate serio, ni sobre evidencias científicas, perdiendo una valiosa oportunidad de buscar una legislación que se haga cargo de la temática del aborto. Estoy seguro que nadie se embaraza para abortar, y que ninguna mujer aborta por gusto, por lo tanto debemos tener una ley que resuelva de buena forma esto, dentro del plazo de las 12 o 14 semanas, garantizando el acceso, sin que la decisión esté supeditada a ingresos", declaró.

Cabe indicar que de acuerdo a lo informado por el Ministerio de la Mujer el financiamiento estimado del proyecto, en base a la información recabada por el Ministerio de Salud, se estima en cerca de $2.600 millones que incluirían el tratamiento para la interrupción medicamentosa de cada paciente y los costos en recursos humanos sanitarios asociados a la atención en recintos públicos.

Por medio de un oficio dirigido al alcalde de Antofagasta Sacha Razmilic, los concejales y la comisión de la propuesta 2430-70-LR24 relacionada con el contrato de concesión del servicio de limpieza y barrido de calles, de la ciudad, el director de control (S) del municipio Alejandro Poblete, se retractó de la proposición de adjudicación contenida en la orden de servicio A-2025- 01907, de la comisión de propuesta de fecha 16 de mayo de 2025.

"Que por medio de la presente me retracto de haber sugerido la adjudicación de la licitación señalada en el epígrafe a través de la firma de orden de servicio A- 2025-01907, tras una reunión larga e intensa del comité de propuesta, donde las opiniones eran adversas y no transables", detalla el oficio 395/2025.

Cabe recordar que en la sesión del martes fue discutido el contrato entre el municipio con la empresa Trekan Spa. Instancia en que los concejales cuestionaron la falta de experiencia y el giro de la compañía.

Poblete agrega que "dicha decisión no coincide con mis opiniones, basadas en la experiencia y conocimientos adquiridos en mis largos años de trabajo, en diversas direcciones de la municipalidad y por un dejo de no afrontar más discusión, acepté firmar dicha proposición", indica.

Por último, el director de control (S) que mantiene las conclusiones de la comisión de evaluación en el segundo informe de evaluación, del check list mencionado, concluyendo que las empresas en competencia no dan cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 de los Bases Técnicas.

"Esta conclusión de la comisión de evaluación", arriba a que las ofertas deben ser declaradas inadmisibles", concluye el oficio.

Cabe indicar que la controversia quedó en evidencia durante la sesión extraordinaria del concejo, donde la administración de Razmilic propuso adjudicar el contrato, ante las críticas de concejales.

La opción de Razmilic estuvo sustentada en la interpretación de las bases que realizó la asesora y excontralora regional, Claudia Neira quien explicó al concejo que la evaluación inicial de las ofertas era la que correspondía aplicar, desestimando la evaluación vía check list.