Ya van dos años desde que comenzó a regir la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, coloquialmente conocida como Ley "Papito Corazón". La cifra de dinero retenido generó impacto, considerando que llega a $2.5 billones, equivalentes a más de 52 campañas de la Teletón.

La sorpresa no es ajena a la región. En total, a la fecha se ha retenido el total de $7.524.816.843 por medio del pago extraordinario en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que considera cuentas bancarias o de otros instrumentos financieros de los deudores, lo que ha ido en beneficio de más de 10 mil alimentarios o representantes legales.

Pero la cifra es más alta si se revisa el pago especial, que implica saldar la deuda por medio de los dineros de los fondos previsionales. En la jurisdicción de Antofagasta, se ha ordenado pagar la cifra de $225.770.189.361, la tercera jurisdicción con el monto más elevado, solo detrás de la Corte de Santiago y la de Valparaíso, y superando a la de Talca (ver gráfico).

Desde este mecanismo, en tanto, los alimentarios o representantes que recibieron el pago llegaron a más de seis mil (ver gráfico).

"Terminé gestionando este trámite porque ya habían pasado muchos meses en donde el padre de mi hijo no se hacía presente en cuanto dinero", dice una madre que apeló a la ley, quien prefiere mantener su nombre en reserva. Si bien aclara que nunca hubo problemas en cuanto a visitas y tiempos extras con el menor, "nunca fue suficiente para que lograra entender la importancia que su hijo tiene gastos económicos y necesitábamos cubrir. Aunque yo trabajara, el dinero tampoco me alcanzaba del todo".

"Es por eso que recurrí a la ley y hacerme pago de todos los meses que no estuvo presente económicamente", dice la mujer, destacando su experiencia. Ya con el pago, comenta que se puso al día con gastos básicos, colegiatura, transporte escolar, además de artículos de higiene personal, y poder ahorrar.

Saldar una deuda

Eleyn Ehrlich, directora de Ehrlich Servicios Jurídicos (@ehrlich.servicios.juridicos), se dedica a asesorar a quienes recurren a la normativa y las etapas del procedimiento.

"La ley ha sido de un gran impacto, muy beneficiosa también para muchas madres", señala.

Ejemplifica con las diversas historias de sus clientas y lo que han hecho con el dinero: pagar el pie de un departamento, algunas le comparten fotos de las remodelaciones que han hecho en sus casas, pagar temas de salud, "como por ejemplo frenillos para sus hijos, y todo ese tipo de cosas", menciona.

"(La ley) vino un poco a subsanar una deuda que la sociedad tenía con ellas, porque no había un procedimiento que sirviera para esto", destaca Ehrlich.

En todo caso, Ehrlich detecta las mejoras que aún falta, especialmente en la cantidad de funcionarios por jurisdicción para revisar los casos. "El tribunal de Antofagasta es uno de los más rápidos a nivel nacional. Pero en su momento fui funcionaria y falta gente. Esta ley ha traído una carga de trabajo muy grande para los tribunales, como el de San Bernardo, que se demora hasta dos meses en un escrito, y Antofagasta se tarda 15 días", señala.

Avance concreto

La seremi de Justicia, Trissy Figueroa, aborda los factores que explican el alto monto de pago desde las AFP.

"Se trata de un fenómeno que, por un lado, se ve impactado por un mayor nivel de ingresos de los deudores en nuestra región, pero, además, implica que este mecanismo de imputación de las deudas de alimentos a los fondos previsionales representa una mayor resistencia al pago de manera directa y regular, razón por la cual se torna necesario el uso de esta medida frente al incumplimiento general".

En tanto, la seremi de la Mujer, Hanna Goldener, expresa que la norma es un un avance concreto que ha permitido saldar una deuda histórica con miles de mujeres y familias.

"Todos los datos con los que contamos respecto al pago efectivo de pensión de alimentos, tanto de procedimientos ordinarios como extraordinarios que incluyen la retención de fondos previsionales, dan cuenta del sistema está funcionando".

Hace dos años comenzó la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como "Ley Papito Corazón", una respuesta concreta a una realidad que nos dolía como país y que sabíamos era una de nuestras prioridades en estos cuatro años de gobierno: la pandemia no golpeó a todos por igual. Miles de mujeres emigraron del mercado laboral, precarizando su situación económica, pero manteniendo un rol que históricamente han debido asumir: sostener solas a sus hijos e hijas frente al incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, una realidad que la crisis sanitaria visibilizó con más fuerza.

Según el Registro Nacional de Deudores, un 96% de quienes adeudan la pensión corresponde a hombres, lo que en la práctica significa que son las mujeres quienes han tenido que cargar con las consecuencias de ese incumplimiento, porque cuando la pensión no llega, los niños y niñas no dejan de requerir almuerzo, colación, uniforme escolar, terapias, y la diversidad de necesidades que tienen durante su desarrollo. Las cuentas no se suspenden por falta de pago, y la infancia no puede esperar. Esto genera no sólo un empobrecimiento material, sino un daño emocional, pues hasta antes de esta ley, eran las propias madres quienes debían hacer de investigadoras para rastrear la situación financiera de los deudores cuando decidían judicializar las causas.

Para enfrentar esta realidad presentamos esta iniciativa, nacida desde el diálogo con organizaciones, abogadas y madres de todo Chile, así como con parlamentarias y parlamentarios de diversos sectores políticos, y que logró transformarse en una política concreta, diseñada para aliviar una carga histórica. Una ley que nació del cansancio, pero que dio paso a la esperanza de miles de familias.

Luego de 2 años vemos resultados concretos: hasta mayo de este año se ha ordenado el pago de cerca 2,5 billones de pesos, beneficiando a más de 280 mil familias. Para dimensionarlo, equivale a más de 52 teletones. Adicionalmente, vemos que hay más mujeres dispuestas a judicializar las deudas y exigir su cumplimiento, y por eso en 2024 destinamos 4328 millones de pesos en fortalecer los Tribunales de Familia, y se incorporaron 193 nuevos funcionarios para apoyar el proceso de implementación. Seguimos trabajando con el Poder Judicial y la Comisión del Mercado Financiero para desarrollar los sistemas y mejoras que la ley requiera.

Así, esta ley vigente desde el 2023 ha permitido materializar que la responsabilidad parental no sea optativa, que las mujeres no están solas y donde el Estado asume mayores compromisos para concretar el pago de la pensión adeudada a miles de menores. Hoy, con esta política, avanzamos hacia una sociedad más justa, donde cada niño, niña y adolescente puede crecer con el respaldo que merece.

"Hasta mayo de este año se ha ordenado el pago de cerca 2,5 billones de pesos, beneficiando a más de 280 mil familias. Para dimensionarlo, equivale a más de 52 teletones".

"Según el Registro Nacional de Deudores, un 96% de quienes adeudan la pensión corresponde a hombres, lo que en la práctica significa que son las mujeres quienes han tenido que cargar con las consecuencias de ese incumplimiento".

*Ministra de la Mujer y Equidad de Género; ministro de Justicia y Derechos Humanos.