En 2024, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) a nivel global, con más de un millón de nuevos casos diarios, incluyendo clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Esta realidad también afecta gravemente a la población joven en Chile, donde, lamentablemente, no contamos con datos públicos actualizados que permitan dimensionar con claridad esta problemática.

Si bien el Ministerio de Salud promueve la realización gratuita de exámenes para ITS y VIH en la atención primaria, y existen tratamientos garantizados, Macarena Arriagada, directora de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, la falta de acceso abierto a información limita el debate público, la fiscalización ciudadana y el diseño de estrategias preventivas efectivas. Esta invisibilidad no es casual ni técnica: es una decisión política que tiene consecuencias concretas en la salud y el bienestar de miles de jóvenes. La situación es especialmente crítica en regiones como la nuestra que muestra comportamientos sexuales más desinhibidos.

Sabemos por fuentes oficiales, que las ITS más frecuentes en el país son sífilis, gonorrea, clamidia, VIH y herpes genital. Sin embargo, muchas y muchos jóvenes desconocen que estos exámenes y tratamientos están disponibles gratuitamente, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la difusión y la educación sexual integral desde edades tempranas.

En el área de salud sexual y reproductiva, es clave que las autoridades transparenten periódicamente las cifras de ITS e inviertan en políticas públicas que informen, protejan y prevengan. Visibilizar es cuidar. La salud sexual también es un derecho.

La Región de Antofagasta es mucho más que un punto de paso en el Corredor Bioceánico. Somos la puerta del Pacífico, el corazón logístico del norte de Chile y un territorio que, por su ubicación estratégica, exige condiciones de resguardo superiores para no transformarse en un punto crítico de exposición frente al crimen organizado. Por eso sorprende y preocupa que se hable de conectividad e inversión sin asegurar, desde el inicio, una estrategia sólida de control y seguridad territorial.

La advertencia del fiscal regional Juan Castro Bekios fue clara: este corredor, si no se gestiona con los resguardos adecuados, podría ser aprovechado por redes criminales transnacionales. Y no es una hipótesis lejana. En nuestra región ya enfrentamos delitos como tráfico de drogas, trata de personas, ingreso irregular de migrantes, robo de vehículos, comercio ilícito y circulación de armas; problemáticas que se han expandido con fuerza y ante las cuales el Estado ha respondido de manera tardía e insuficiente.

Cuando se nos presentó este proyecto en el Consejo Regional, durante mi período como consejero y presidente de la Comisión de Seguridad -comisión que creamos precisamente para abordar con más fuerza estos desafíos-, fui enfático en manifestar la importancia del rol que cumple y debe seguir cumpliendo la Policía Marítima. En particular, advertí que su exclusión del diseño operativo del Corredor Bioceánico era una omisión grave, especialmente considerando el rol estratégico que tendrán los puertos del norte, como el de Antofagasta, en la cadena logística internacional.

Esperamos que esos alcances hayan sido considerados, porque la seguridad regional y nacional no puede quedar subordinada a criterios técnicos que no consideren el impacto real que tendrá esta ruta en el norte del país. Este corredor requiere una estructura de resguardo operativa, articulada entre Carabineros, Policía de Investigaciones, Policía Marítima, Aduanas y Migraciones, y apoyada por tecnología moderna: camiones escáner, sistemas de trazabilidad de carga, lectores automatizados de patentes, vigilancia portuaria y monitoreo satelital constante, entre otras.

Una infraestructura de esta magnitud debe proyectarse con una mirada integral, que considere no sólo su potencial económico, sino también su impacto en la seguridad pública, el control fronterizo y la protección de los puntos de acceso internacionales. El Corredor Bioceánico no puede ser entendido solamente como una obra vial; debe insertarse en una estrategia nacional de desarrollo seguro, con planificación interinstitucional, enfoque preventivo y visión de largo plazo. Esto implica actuar desde ya con criterios claros de seguridad, orden y control, pilares esenciales para evitar que esta infraestructura sea aprovechada para la comisión de delitos.

La Región de Antofagasta ya enfrenta suficientes desafíos en materia de seguridad y control. Por eso, si este proyecto quiere cumplir su promesa de integración y desarrollo, debe garantizar desde su diseño condiciones reales de control de la mercancía y protección de las localidades por dónde se transitará. La seguridad regional y nacional no puede ser una nota al pie en una obra de esta envergadura; debe ser parte central del diseño, la inversión y la implementación. El Corredor Bioceánico debe ser una oportunidad para el país, y no una carretera para la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.