Segundo round entre Catalina Pérez y la Fiscalía: la Corte revisará las cautelares
CASO CONVENIOS. Se espera que hoy se escuchen los alegatos del Ministerio Público y de la defensa de la desaforada diputada.
A una semana de la formalización, los representantes de Catalina Pérez y la Fiscalía volverán a verse en los tribunales, esta vez en la Corte de Apelaciones, en donde hoy se espera que se revisen las medidas cautelares que pesan sobre la diputada suspendida, luego de que ambas partes apostaran por apelar la decisión del Juzgado de Garantía.
La semana pasada, la suspendida parlamentaria del Frente Amplio fue formalizada por fraude al fisco, momento en que el tribunal decidió dejarla con arresto domiciliario total y arraigo nacional. En tanto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para Pérez, por considerarla un peligro para la sociedad y la investigación.
De los involucrados en la arista de Democracia Viva, la causa matriz del "Caso Convenios", solo el exseremi Carlos Contreras está con prisión preventiva, mientras que la exconcejala Paz Fuica y el exrepresentante de la Fundación, Daniel Andrade, están con arresto domiciliario.
¿Riesgoso?
A primera vista, podría parecer riesgoso que la defensa de Pérez apele a la medida cautelar de su representada, considerando que no se encuentra internada momentáneamente en un centro penitenciario. No obstante, los penalistas consultados concuerdan en que corresponde a un movimiento natural y esperable.
"Para la defensa de Catalina Pérez es esencial sostener la inocencia de ella en el 'Caso Convenios'. Por lo tanto, evitar cualquier medida de privación de libertad - total o parcial - es congruente con la tesis que han decidido sostener y defender ante los tribunales", explica Francisco Narváez, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la U. de Santiago de Chile.
"Considerando que lo sustancia a discutirse será si la diputada debe o no soportar una privación de libertad, y en qué grado, existen tres escenarios viables. Uno es confirmar la decisión de mantener el arresto domiciliario total. Otra posibilidad, y la más favorable para ella, es revocar el arresto domiciliario total. Y la última, que es la más intensa, correspondería sustituir el arresto actual por la prisión preventiva, situación en que la que la diputada tendría que ingresar a un Centro de Detención de Gendarmería de Chile", argumenta el académico de la Usach.
Marta Herrera, exfiscal y académica de la U. Finis Terrae, explica que Pérez "tiene todo el derecho a apelar, porque lo único necesario para estos efectos es que lo que solicitó la defensa sea distinto a lo que decretó el tribunal. Por lo tanto, si la defensa solicitó una medida cautelar de menor intensidad que el arresto domiciliario total, y el tribunal decretó el arresto domiciliario total, entonces tiene el agravio que legitima a la defensa para poder apelar en contra de esa resolución".
La también exdirectora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público detalla que, "con la apelación del Ministerio Público, lo único que estaría en discusión sería si procede o no la prisión preventiva. Y cuando la defensa apela, lo que hace es ampliar el marco de esa discusión. No vamos a hablar solo de si procede la prisión preventiva o el arresto domiciliario total, sino que la defensa acá pone otro punto, y es si procede una medida cautelar de menor intensidad".
"Es un derecho de la defensa pedir modificación de cautelares si es que entiende que los fundamentos que se dieron originalmente para decretar las medidas preventivas, aunque no sean de tan alta intensidad, no son los adecuados. Está en su derecho", coincide el exfiscal Ignacio Pinto. "Es un riesgo siempre, puesto que la corte puede revisar esto y entender que las medidas que se fijaron no son las adecuadas y deben ser más graves. Por lo tanto, siempre es riesgoso", advierte el académico.
Rodrigo Guerra, académico de la Facultad de Derecho de la U. de los Andes, manifiesta que, en casos de fraude al fisco, cuando lo defraudado supera las 40 UTM, "se impondrá una pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Si la defraudación excediere de las 400 UTM, se aplicará la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio". A esto, agrega que en ambos escenarios se aplican multas que pueden ir desde la mitad hasta el doble del perjuicio causado, junto con la inhabilitación temporal para ejercer cargos o funciones públicas.
Por lo anterior, "en caso de cumplirse las exigencias que dispone la necesidad de cautela en atención a la gravedad de la pena asignada al delito, posiblemente sea proporcionada la dictación de la medida de prisión preventiva. Sin embargo, todo esto depende de los antecedentes con que cuente el ministerio Público en su carpeta de investigación y los antecedentes que presente la defensa".
"Para la defensa de Catalina Pérez es esencial sostener la inocencia de ella en el 'Caso Convenios'. Por lo tanto, evitar cualquier medida de privación de libertad - total o parcial - es congruente".
Francisco Narváez, Académico de la Usach
"Cuando la defensa apela, lo que hace es ampliar el marco de esa discusión. No vamos a hablar solo de si procede la prisión preventiva o el arresto domiciliario total, sino que la defensa acá pone otro punto".
Marta Herrera, Exfiscal y académica de la U. Finis Terrae
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