Una decisión drástica experimentó la investigación del denominado Caso ProCultura luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidiera remover de la causa al persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper. La determinación se tomó tras conocerse el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal y arbitraria una interceptación telefónica a Josefina Huneeus, la ex esposa del principal investigado, Alberto Larraín.

Horas después de conocerse el fallo, el fiscal nacional anunció la remoción de Cooper, reasignando la investigación al perscutor regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, quien ya tiene a cargo otras causas vinculadas al Caso Convenios. La Fiscalía Nacional justificó la medida en el "resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público", buscando "velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía".

Reacciones Cruzadas

La decisión y el tenor del fallo generaron inmediatas reacciones en el ámbito político, particularmente entre los candidatos presidenciales.

En Chile Vamos, la abanderada presidencial, Evelyn Matthei (UDI), emplazó al nuevo fiscal a cargo a actuar con celeridad para "convencer a los chilenos que la remoción del fiscal Cooper no fue una forma de taparlo todo". Matthei subrayó la existencia de "mucha evidencia que apunta a gente cercana al Presidente de la República" y la gran cantidad de dinero involucrado. Expresó "muchas dudas sobre si ese dinero fue a financiar campañas políticas" e insistió en que "los chilenos necesitan y merecen saber toda la verdad".

José Antonio Kast (Republicanos) calificó la remoción como "una vergüenza". A través de redes sociales, el excandidato presidencial expresó que "el peor escándalo de corrupción de la historia reciente se resuelve de la peor manera posible, favoreciendo la impunidad".

Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) centró sus críticas en el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, al que atribuyó "apreciaciones políticas en su fundamentación". En un punto de prensa, el diputado señaló que la comparación realizada por el tribunal con "tiempos pretéritos" era "perfectamente innecesario" y no constituía una argumentación en derecho, lo que a su juicio, "nos da indicios respecto de la imparcialidad de los magistrados".

Recién empieza

Desde el oficialismo, la candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, respaldó la institucionalidad y la decisión del fiscal nacional.

"Más que la opinión que yo como candidata pueda tener de la posición del fiscal Cooper, la Corte ayer fue sumamente clara", sostuvo.

Jara afirmó que "el fiscal nacional ha tomado medidas al respecto y espero que la investigación ahora sí sea rápida y objetiva". La exministra llamó a que las investigaciones se lleven a cabo "con celeridad y objetividad", criticando que se han puesto "elementos que tienen que ver con la contingencia política más que con conclusiones de un caso que recién empieza".

La bancada de diputados de la UDI solicitó formalmente al fiscal nacional, Ángel Valencia, reconsiderar su decisión y reasignar la causa a Cooper.

Mediante un comunicado, los legisladores gremialistas señalaron que, si bien respetan la autonomía del Ministerio Público, no comparten "en lo absoluto" la decisión de Valencia, tomada como "aparente consecuencia" de una resolución judicial que, argumentan, "no se encuentra firme y aún restan recursos por ejecutarse".

La bancada defendió la labor del fiscal y consideraron que una "situación puntual no debería desacreditar la labor sostenida y rigurosa".

Además, manifestaron su "preocupación" de que el cambio abrupto de fiscal, en medio de una causa por "posibles actos de corrupción que involucran a funcionarios públicos", pueda "terminar alterando no sólo la estrategia definida, sino que el ritmo de las diligencias en desarrollo.