José Fco. Montecino Lemus

Mientras el caso de ProCultura avanza y sigue generando distintos terremotos en el oficialismo, otra acción judicial vinculada a la fundación avanza sigilosamente. Se trata de una demanda laboral ingresada en el Juzgado Laboral de Antofagasta por el equipo de profesionales que prestaban servicios en los distintos convenios firmados entre el Minvu y ProCultura. La demanda colectiva en principio en contra de la fundación involucra subsidiariamente a la seremi Minvu.

En efecto, se trata de una demanda por cobro de prestaciones, nulidad del despido, subcontratación e indemnizaciones en contra de la exempleadora de los trabajadores, la fundación ProCultura, "y solidariamente en contra de la secretaría regional ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta (...) y el Servicio de Vivienda y Urbanismo Región de Antofagasta (...) condenándolas a la nulidad del despido, subcontratación y al pago de las prestaciones e indemnizaciones adeudadas".

Entre todos los demandantes, que en total son siete, la suma total de la indemnización llega a los $46 millones, "o lo que estime conforme al mérito del proceso".

Y si bien el empleador era ProCultura, se menciona en la acción judicial que tanto la Seremi como Serviu tienen calidad de contratantes principales de los servicios de la organización, considerando que los trabajos desarrollados por los demandantes se hicieron bajo el contexto de contratos o convenios entre dichas instituciones y la fundación.

La incorporación del SERVIU y la Seremi de Vivienda en la demanda obedece a que, según lo explícito en los documentos estas entidades tienen la calidad de empresa principal o contratantes principales respecto de la Fundación ProCultura. Esto se debe a que las labores realizadas por los trabajadores, en particular en los proyectos de implementación de iniciativas relacionadas con la vivienda y urbanismo, fueron llevadas a cabo en virtud de cinco convenios que implicaron la transferencia de $500 millones a la cuestionada fundación.

Cabe indicar que el convenio con Vivienda y Urbanismo era uno de los que tenía adjudicado ProCultura en la Región de Antofagasta. El otro correspondía a trabajos de recuperación de fachadas en el casco histórico, trato que se celebró con el Gobierno Regional.

¿Y qué dice el Estado?

Lógicamente, la seremi de Vivienda se opuso a la demanda, por medio del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Se estipula que se celebraron cinco convenios en total entre ProCultura, Serviu y la representada por el CDE, y que "nos encontramos frente a convenios de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto, por lo que no es dable poder perseguir una responsabilidad de la Seremi Minvu respecto a una supuesta subcontratación, pues no se cumple con los requisitos que permiten vincular a mi representada, sin extralimitar su responsabilidad, acorde con lo establecido en los artículos 183-A y siguientes del Código del Trabajo".

Del mismo modo, la respuesta indica que "tampoco es efectivo que dicha fundación prestara servicios en calidad de contratista para Seremi Minvu. Como toda fundación, recibe aportes o recursos de diferentes fuentes. Lo anterior no transforma, bajo ningún concepto, en contratista a la fundación demandada principal, ni a sus aportantes en mandantes".

"Por otra parte, y en lo que respecta a la nulidad del despido, por tratarse de una vinculación entre el actor y la Fundación ProCultura y no con la Seremi Minvu, no existe posibilidad alguna de obtener las indemnizaciones demandadas ni tampoco la pretensión de nulidad del término contractual. Desde luego, la Seremi Minvu nunca reconoció tener un vínculo laboral con los demandantes; nunca pagó sus honorarios; nunca recibió sus informes; nunca le concedió beneficios equivalentes a los de sus empleados o funcionarios, etc. ", detalla el CDE.

Cabe indicar, que a nivel civil, el CDE también inició una acción judicial en contra de la fundación que busca, principalmente, la recuperación de la totalidad de los recursos transferidos, ello luego que tras el análisis de la autoridad de vivienda, rechazara cada una de las rendiciones presentadas hasta mayo del 2023 por la organización, obligándola a restituir el 100% de los recursos lo que no fue realizado por ProCultura.

El proceso judicial, que comenzó en abril del año 2024, no logró la conciliación de las partes y el tribunal laboral ya fijó fecha para el juicio el que debería desarrollar el 26 de septiembre próximo.

Un operativo liderado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI culminó con el rescate de dos personas que permanecían secuestradas en Antofagasta, víctimas de una red delictual dedicada a la extorsión.

La investigación se activó tras la denuncia por videos enviados a familiares, en los que se amenazaba con matar a uno de los secuestrados si no se pagaba una suma de dinero. Las imágenes mostraban a una de las víctimas amarrada, siendo golpeada con un objeto punzante y obligada a declarar que sus captores pertenecían a una organización criminal.

La gravedad del caso llevó a los detectives a aplicar técnicas de inteligencia policial, logrando ubicar el domicilio donde ambas personas estaban retenidas. Durante el allanamiento se constató el estado de shock de las víctimas y se detuvo a tres sujetos que los custodiaban.

Hallazgo

En el lugar se incautaron amarras, cables usados para agredir y $124 mil en efectivo, monto transferido previamente desde Perú por familiares de las víctimas bajo amenaza.

"El trabajo investigativo y la rápida acción de los detectives permitió el rescate de las víctimas y el desmantelamiento de esta peligrosa red delictual dedicada a la extorsión y secuestro", señaló el subprefecto Manuel González, jefe de la unidad.

Los detenidos, todos de nacionalidad venezolana, fueron formalizados por secuestro extorsivo y microtráfico de drogas, quedando en prisión preventiva con un plazo de 100 días para la investigación.

En paralelo, en el ámbito del convenio entre ProCultura y el Gobierno Regional para el proyecto que buscaba la remodelación y pintado de fachadas del casco histórico, también se presentó una demanda laboral colectiva por parte de los 19 trabajadores que fueron "contratados" por la ONG y que esperaban ser capacitados en el marco de la ejecución del proyecto. La acción judicial por despido indirecto y cobro de prestaciones de aproximadamente $10 millones de pesos para cada uno de los demandantes, también se encuentra en la etapa de juicio el que está agendado para el 12 de septiembre.