La voz que faltaba en el escándalo del caso ProCultura era la de Alberto Larraín, creador de la fundación acusada de obtener financiamiento irregular y triangularlo para aportar a campañas políticas, incluida la del Presidente Gabriel Boric para llegar a La Moneda. Y ayer el psiquiatra dejó atrás su silencio y a través de un comunicado de prensa expuso sus descargos y negó vínculos económicos con cualquier campaña.

Larraín aseguró que "en 14 años de trabajo, la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos. Estuvo presente en varias regiones del país y contó con decenas de trabajadores".

"Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la expareja del Presidente de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público", continúa el texto.

Larraín insistió en que "de manera similar, se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas tendencias políticas y fue siempre de carácter voluntario".

Sin adherencia política

Ante lo que llamó una serie de "supuestos o hechos descontextualizados", Larraín dijo que "nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política. La Fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables".

"Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los Gobiernos Regionales los que acudieron a la Fundación para hacer de ejecutor", detalló.

"No me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra", sostuvo.

Contra La Moneda

Frente a toda esta problemática, el senador Sergio Gahona (UDI) afirmó en radio Cooperativa que "lo que no quieren reconocer el Presidente y el oficialismo es que este escándalo estalla en el corazón de La Moneda. El Presidente de alguna forma está involucrado y hay que aclarar cómo. Esto tiene involucrados a ProCultura, donde está involucrada la exprimera dama. Democracia Viva tiene a una diputada oficialista formalizada".

La secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, planteó que "lo que se está investigando son delitos graves. Cuando le bajamos el perfil se pierde el norte. En el caso de ProCultura está acreditado que hubo convenios que no se ejecutaron, que había un desorden administrativo importante. No se sabe dónde está la plata".

Y la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, apuntó que "jamás les hemos bajado el perfil a estas cuestiones. El propio Presidente se puso como garante de que todas las investigaciones se deben llevar hasta el final. Siempre hemos condenado el hecho de que en estos casos se haya sacado plata a los más pobres. Robar a los más pobres y usarla en cosas diferentes no es tolerable".

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, intentó distanciarse de las acusaciones de "espionaje político" realizadas por su partido y respaldadas por él en el marco de la investigación judicial sobre ProCultura y las diversas interceptaciones telefónicas.

El diputado aludió a la misiva de la colectividad en la que se mencionó que "la magnitud de las interceptaciones no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos".

Esto generó divisiones dentro del oficialismo y, en un comienzo, el abanderado presidencial se alineó con la declaración pública de su partido. Sin embargo, en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile se enredó al intentar desmarcarse de dicha declaración.

En un principio, Winter sostuvo que "no somos nosotros; la ley le pone nombre, la ley ocupa un concepto, que es el concepto específico para el acto de escuchar a alguien sin haber obtenido la autorización correspondiente del tribunal correspondiente".

Luego el candidato del Frente Amplio intentó matizar sus declaraciones y señaló que "yo prefiero no usar esa expresión", en referencia a la acusación de "espionaje político". Y al ser consultado sobre el hecho de que horas antes sí había justificado el uso del término, el presidenciable sostuvo: "Lo que yo dije con toda claridad, y evité usarla, es que ese concepto existe en la ley de delitos informáticos de la República de Chile y que efectivamente el acceder mediante determinados mecanismos por fuera de la ley a conversaciones privadas y hacer uso de ellas efectivamente podría constituir el delito de espionaje, o sea, no es un concepto mío".

Finalmente, al ser consultado si le parecía incorrecta la parte de la declaración del Frente Amplio en la que se habla de "espionaje político", el abanderado respondió al ser presionado por la periodista Mónica Rincón: "Sí, me parece mal".