Hace un año la Ley 21.561, conocida como Ley de 40 horas, inició su implementación en Chile, reduciendo la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales en su primera fase. Esta reforma, diseñada para mejorar la calidad de vida, ha traído beneficios significativos, pero también desafíos que vale la pena analizar.

Entre los aspectos positivos, tal como planteó Felipe Oelckers, director de Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello, la reducción de la jornada ha permitido a millones de trabajadores disfrutar de más tiempo con sus familias, hobbies o descanso, sin afectar sus salarios, como garantiza la ley. La flexibilidad introducida, como las bandas horarias para padres de menores de 12 años, ha facilitado la conciliación laboral y personal. Más de 5.400 empresas han adoptado el "Sello 40 Horas", implementando jornadas de 40 horas o esquemas innovadores como el 4x3, lo que ha mejorado la satisfacción laboral y, en algunos casos, la productividad. La posibilidad de compensar horas extras con hasta cinco días de feriado adicional ha sido un incentivo bien recibido, promoviendo un equilibrio más saludable.

Sin embargo, algunas Pymes y sectores intensivos en mano de obra, como el comercio y la construcción, han enfrentado dificultades para adaptar sus operaciones, aumentando costos operativos o requiriendo contrataciones adicionales. La gradualidad de la ley, aunque bien intencionada, ha generado incertidumbre en ciertos rubros sobre cómo cumplir con las próximas reducciones (42 horas en 2026 y 40 en 2028). Además, la fiscalización estricta de la Dirección del Trabajo ha presionado a empresas con recursos limitados, generando tensiones.

A pesar de los retos, la Ley de 40 horas está transformando el mundo laboral chileno, priorizando el bienestar de las personas (un tópico complejo). Con ajustes y apoyo a los sectores más afectados, el futuro apunta a un trabajo más humano y equitativo.

Hace un mes asumí la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, convirtiéndome en el primer parlamentario de la Región de Antofagasta en liderar esta corporación. Es un honor que asumo con humildad, pero también con plena conciencia de la enorme responsabilidad que implica representar a todos los sectores políticos en un momento decisivo para el país.

La Cámara es el corazón del debate democrático. Presidirla exige imparcialidad, respeto por las reglas del juego, pero sobre todo capacidad para responder con prontitud y convicción a las demandas ciudadanas. Como decía un predecesor: legislar bien es llegar con una buena política pública justo cuando la gente más la necesita. Hoy, esa urgencia tiene un nombre claro: seguridad.

La inseguridad dejó de ser una sensación. En Antofagasta, es una realidad cotidiana que golpea con fuerza a nuestras familias. El crimen organizado sigue ganando terreno y las nuevas formas de delito no dejan de avanzar, el 44% de los casos de homicidios estuvo vinculado a grupos delictuales organizados y el 58% ocurrió en la vía pública. Además, en la última década los delitos por porte de armas de fuego o explosivos aumentaron un 362%. No es aceptable que fiestas clandestinas con armas y drogas -difundidas incluso por redes sociales- se hayan vuelto parte del paisaje urbano. El temor se ha normalizado, y eso no lo podemos permitir.

A nivel nacional, la situación también es alarmante: en 2024 se registraron 1.207 víctimas de homicidio consumado, con una tasa de 6,0 por cada 100.000 habitantes, el doble que hace diez años. El crimen organizado ha ganado terreno, con bandas internacionales operando en nuestro país, involucradas en narcotráfico, trata de personas, homicidios e incluso actos de narcoterrorismo, como los que vemos en el sur.

No podemos seguir reaccionando tarde. Es urgente avanzar en una agenda legislativa sólida que refuerce las instituciones, recupere los espacios públicos, fortalezca a Carabineros y a la PDI, y modernice las herramientas de persecución penal. Por más que aprobemos leyes de inteligencia, registro de usuarios de telefonía móvil o leyes antiterrorismo, no servirá de mucho si no cerramos las fronteras al ingreso ilegal, debemos legislar en este sentido tipificando el ingreso clandestino a nuestro país como ilegal, porque por ahí entra el crimen organizado y las nuevas formas de delito. Queremos que nuestros hijos vuelvan a jugar tranquilos en las plazas, que nuestras familias caminen sin miedo y que los barrios recuperen la paz que merecen.

Debemos ser capaces de despachar con celeridad los proyectos prioritarios, respetando siempre la Constitución y nuestras instituciones. Forzar las reglas del Congreso no solo es inútil: debilita la democracia. Legislar con responsabilidad la fortalece.

También debemos valorar el rol del sector privado, los gremios, emprendedores y organizaciones sociales, que son parte fundamental del tejido que sostiene a Chile. Recuperar el país para las personas requiere un esfuerzo colectivo.

Desde la testera de la Cámara reafirmo mi compromiso con Antofagasta y con Chile: liderar con responsabilidad, escuchar todas las voces y actuar con decisión, dar un golpe en la mesa en contra de la violencia que se vive en las calles de Chile: la ciudadanía espera hechos, no discursos; soluciones, no excusas.