Pocos profesionales que trabajan en inclusión quedaron indiferentes a lo ocurrido estas últimas semanas con alumnos con diagnóstico del espectro autista en sus entornos escolares.

Tal como se ha conocido a través de la prensa, dos estudiantes con la Condición del Espectro Autista (CEA), protagonizaron situaciones graves de violencia, develando una crisis profunda del sistema educativo, específicamente en cuanto a la implementación de la normativa vigente referida a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Estos conflictos, según Alejandra Ríos, directora del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello, han generado una confrontación de las diferentes posturas que han salido en defensa de unos y otros involucrados. Sin embargo, "más que atrincherarnos adoptando posiciones de defensa o crítica, debiéramos movilizarnos en la búsqueda de soluciones para que nunca más se repitan estos actos de violencia".

Diferentes especialistas han salido a explicar que, si bien las personas CEA pueden presentar dificultades en la regulación emocional, las conductas agresivas no son una característica propia del autismo. Esta aclaración resulta crucial toda vez que, situaciones como las ocurridas, ponen en riesgo las voluntades de avanzar hacia la construcción de espacios educativos que realmente pongan en valor la diversidad de sus comunidades.

La preocupación debe estar en la capacitación de profesores, a quienes se les pide una gestión de la diversidad para la que no fueron preparados; en el trabajo intencionado con los estudiantes, para que no sólo respeten, sino que valoren la riqueza de la diversidad en el aula; en involucrar a los padres, quienes deben transformarse en los primeros aliados; en definitiva, en sumar a toda la comunidad educativa, para que podamos dejar de hablar de inclusión y sólo nos ocupemos de convivir.

A propósito de que la Contraloría desestimó la denuncia en contra del Director Nacional del Trabajo, es oportuno precisar qué es la violencia en el trabajo.

La Ley Karin define violencia en el trabajo como aquella que es "ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a las trabajadoras y a los trabajadores, con ocasión de la prestación de servicios, por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros."

La definición es genérica, sin distinguir si la violencia es ejercida de forma física o verbal. Si bien, los actos de violencia física quedan comprendidos dentro del concepto, lo cierto es que los casos de violencia verbal, tales como gritos, amenazas, garabatos, palabras ofensivas deben ser analizados conforme al principio de razonabilidad y criterio de magnitud: habrá casos en que las expresiones verbales resultan inequívocamente como actos de violencia verbal (por ejemplo, insultos, groserías o amenazas), pero no pueden descartarse hipótesis en que dichas expresiones pueden constituir lo que se ha denominado como "incivilidades". Alzar la voz o derechamente gritos, por ejemplo, ¿será siempre un acto de violencia?, no hay una respuesta precisa para ello, pues dependerá de las demás circunstancias concomitantes con el hecho que, en estas situaciones, resultan ser relevantes para la calificación de los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, un requisito esencial es que el agente de la violencia, es decir, quien cometa la violencia, sea una persona externa a la organización, pues las y los trabajadores "no sólo están expuestos a tratos de violencia ejercidos por quienes participan del proceso productivo, sino que también terceros pueden afectar sus derechos con ocasión de la prestación de los servicios, sin que esté limitada su ocurrencia al lugar de trabajo" (Dictamen N°362/19 DT). Son terceros, por ejemplo, clientes, proveedores, usuarios, u otros. Ya se han registrado casos de violencia ejercida por clientes de aerolíneas, pasajeros de autobús y residentes de un edificio respecto de conserjes.

Como se trata de actos ejercidos por terceros, no existe una potestad de mando del empleador hacia ellos, pues el agente de la violencia no forma parte de la relación laboral. Entonces, ¿cuál es la razón y qué medidas puede adoptar el empleador contra un extraño? La explicación precede a la Ley Karin, pues el artículo 184 del Código del Trabajo impone al empleador adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de las y los trabajadores, norma que se ha visto reforzada con la Ley Karin al regular la violencia ejercida por terceros. En consecuencia, el deber del empleador no sólo se limita a conjurar los riesgos intramuros de su organización entre sus trabajadores y sus condiciones laborales, sino que, además, ese deber incluye los riesgos extramuros que pueden ser producidos por terceros. De ahí la importancia de mapear correctamente estos riesgos mediante la elaboración e implementación de un protocolo de prevención que se haga cargo de las condiciones de trabajo y sus entornos, incluyendo a terceros.