Una inesperada situación quedó en evidencia ayer, tras la audiencia de formalización de la ex concejala Paz Fuica, en el marco del Caso Convenios. Y es que a la hora de discutir la ampliación del plazo ante las múltiples diligencias pendientes para el cierre de la investigación, la magistrado Sissi Bertoglio-Talap comunicó a los intervinientes que a la fecha, la diputada Catalina Pérez aún no ha logrado ser notificada, esto por cuanto en el domicilio registrado, en el sector centro sur de la ciudad, nadie ha atendido, ni tampoco los vecinos han respondido los llamados que sirvan para realizar la notificación de la imputada.

Ante ello, el fiscal Cristián Aguilar, solicitó reiterar la diligencia teniendo en cuenta que la audiencia para formalizar a la parlamentaria está fijada para el próximo 12 de mayo.

"Teniendo en consideración lo señalado, que se ordenaba la notificación respecto a la imputada de manera personal o conforme al artículo 44, se ordena reiterar la notificación a doña Catalina Pérez al domicilio que se indicó...Se utiliza notificación por artículo 44, habilitación de día y hora inhábil y cita bajo presente del artículo 33. Aunque en caso de incomparecencia se podrá despachar orden de detención en su contra", determinó en su resolución la magistrado.

Formalización

La audiencia de ayer en tanto, abordó la situación procesal de la exconcejala, Paz Fuica (FA) en la arista relacionada con la Fundación para la Superación de la Pobreza (Fusupo). En ella, el Ministerio Público solicitó formalizar a Fuica como autora de un delito consumado de fraude al fisco.

De acuerdo a la cronología expuesta por el fiscal Aguilar, Fuica, en su calidad de concejal, infringió gravemente los deberes de su cargo como funcionaria pública al suscribir un contrato de prestación de servicio con la Fusupo para desempeñar funciones en dependencia de la seremi, en materias asociada al programa de Asentamientos Precarios, utilizando bienes fiscales, con acceso a información reservada y haciendo uso de una casilla de correo electrónico institucional.

De acuerdo con la Fiscalía, Fuica firmó el contrato a sabiendas que no realizaría las prestaciones consistente en la realización de las consultorías e intervención de campamentos para Fusupo. El contrato de la exedil totalizó $11.500.000.

"Con esta acción la imputada que infringió al principio de probidad administrativa, la preeminencia del interés general en la función pública, el principio de imparcialidad y los principios de eficiencia, eficacia y control y transparencia por la que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente y idónea administración de los medios fiscales, indicó Aguilar.

Ante ello el tribunal resolvió ampliar el plazo de investigación por 45 días, dejando la audiencia para el cierre de investigación el próximo 16 de junio.