Macarena Saavedra Ledezma

A través de una declaración pública el Colegio Médico de Chile (Colmed) criticó las medidas de fiscalización sobre la emisión de licencias médicas y apuntó a que no existe "garantías ni debido proceso" por parte de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

"El Colegio Médico de Chile manifiesta su total rechazo a la forma en que actualmente se está llevando a cabo la fiscalización de la emisión de licencias médicas, sin las garantías mínimas de un debido proceso y poniendo en serio peligro el derecho de los trabajadores al reposo en caso de enfermedad", declaró la organización.

Seguidamente, el documento reconoce que "diariamente recibimos denuncias desde todo Chile de casos insólitos de colegas sancionados sin previa notificación del proceso de fiscalización que se ha llevado a cabo y la aplicación de multas y suspensión de la facultad de emitir licencias a médicos que han actuado correctamente en la prescripción de reposo a sus pacientes", agregaron.

Core suspendido

Si bien la fiscalización habría afectado a varios doctores a nivel nacional, cabe recordar que a nivel local uno de los suspendidos fue el consejero regional Víctor Guzmán, quien ejerce como neurocirujano en el sector privado y que, emitió 813 licencias médicas en un año.

"Suspéndase al profesional, Dr. Víctor Guzmán Rojas, la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días, a contar del día 18 de abril de 2025, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por la(s) licencia(s) médica(s) individualizadas previamente", detalla la resolución de Compin.

Al ser consultado Guzmán recalcó que no se trata de un caso de venta de licencias médicas y que el problema se originó en la no presentación a tiempo de informes de licencias de 42 pacientes.

Seremi de salud

Sobre la forma en que se fiscalizará a los médicos, desde la Seremi de Salud Antofagasta explicaron que de manera permanente la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) implementa procesos de fiscalización a la emisión de licencias médicas en el marco de las facultades que le otorga la Ley 20.585.

"El objetivo de estos controles es resguardar el buen uso de los recursos del Fondo Nacional de Salud. Durante 2024 se identificó a más de cien médicos cuyo alto número de licencias emitidas en un periodo de tiempo fue considerado como una eventual conducta de riesgo, por lo que se les solicitó la debida documentación para respaldarlas", explicó el seremi de Salud, Alberto Godoy.

Detalló que durante el año pasado en la región se efectuaron seis procesos de fiscalización a profesionales emisores de licencias. Mediante estos procedimientos se solicitaron antecedentes a cada uno de los profesionales identificados con eventuales conductas de riesgo en relación al número de licencias médicas fiscalizadas, contando con siete días corridos para entregarlos.

En específico, puntualizó la autoridad sanitaria, se les requirió acompañar la ficha clínica de cada paciente conforme lo establece el Decreto Nº 41 del 2012 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre fichas, el informe médico de cada licencia fiscalizada y el bono de atención o comprobante del pago por la prestación según corresponda.

"Asimismo, el profesional fiscalizado cuenta con siete días corridos , en primera instancia, para aportar los antecedentes. y, en caso de no hacerlo, ese periodo se extiende por un nuevo periodo de siete días más, contabilizando 14 días en total. Si el profesional fiscalizado no aportó los antecedentes requeridos en tiempo y forma, se configura la hipótesis dispuesta en el inciso 2º de la Ley 20.585", indicó Godoy.

Cabe indicar que la ley faculta sancionar al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 UTM , además de suspender tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas hasta por 15 días.

Una extensa operación policial permitió desarticular una red delictual dedicada al robo, acopio y exportación ilegal de cobre desde distintas regiones del país.

La investigación, liderada por la Fiscalía de Focos Investigativos de Coquimbo junto a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de La Serena, duró cerca de dos años e involucró allanamientos en más de 20 domicilios en comunas como Calama, Antofagasta, La Serena, Quilicura y Lampa.

En el marco de la denominada "Operación Oro Rojo", se logró la detención de 18 imputados -chilenos y extranjeros- que mantenían una estructura organizada para sustraer cables y otros productos de cobre, procesarlos y luego enviarlos a mercados como India y Bélgica. Durante la intervención, se incautaron más de 50 toneladas del metal en diversas presentaciones, junto con $160 millones en efectivo y moneda extranjera, además de 10 vehículos utilizados en la operación.

"El trabajo de inteligencia policial permitió identificar una organización transregional que actuaba en todas las etapas del proceso: desde el acopio y fundición, hasta la exportación bajo declaraciones falsas de chatarra", detalló el prefecto inspector Ernesto León, jefe policial en la Región de Coquimbo.

El fiscal regional Patricio Cooper explicó que las formalizaciones se extendieron por cuatro días y que 15 de los 18 imputados quedaron en prisión preventiva.

"Logramos acreditar delitos como asociación ilícita, lavado de activos, receptación reiterada y delitos aduaneros. Este es un precedente importante para futuras investigaciones", indicó.

Parte de la operación también incluyó la incautación de un container con 23 toneladas de cobre en el puerto de Valparaíso, acción en la que participó el Servicio Nacional de Aduanas. "Se intentó sacar mercancía ilícita como si fuera chatarra, cuando en realidad eran lingotes de cobre. Esto demuestra la sofisticación del delito", señaló Pablo Zambrano, director regional de Aduanas.