Macarena Saavedra Ledesma

Movilizados se encuentran los distintos programas de la Corporación de Asistencia Judicial (Cajta) de la región, tras una serie de demandas no resueltas por parte del Ministerio de Justicia, además de la demandas por sobre carga laboral y falta de dotación de profesionales para atender todos los casos a nivel regional.

La Corporación que ofrece asesoría y orientación jurídica gratuita a las personas que lo requieran, en Antofagasta presenta la particularidad de acoger uno de los servicios que se encuentra mayormente aquejados, el Programa Mi Abogado (PMA), el cual se encarga de otorgar defensa jurídica especializada a todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) que hayan sido víctimas de vulneraciones y que se encuentren en modalidades alternativas de cuidado de la región.

Sobrecarga laboral

Respecto a la motivación del paro, a través de una declaración pública, los trabajadores del PMA comunicaron que el programa, al ser "una unidad de la CAJTA que depende anualmente de convenios que suscribe la Corporación con el Ministerio de Justicia, es decir todos los años hay una incertidumbre sobre la continuidad laboral. Además, al ser parte de la Corporación, nos rige el Código del Trabajo, por lo que la nueva ley de 40 horas, debería aplicar en igualdad de condiciones, algo, a lo que el Ministerio de Justicia se ha negado a nivel central".

Otra de las demandas dice relación con que, "existe una sobrecarga laboral ante licencias médicas que la Corporación de Asistencia Judicial no cubre, no contrata reemplazos para licencias que se han extendido hasta por 6 meses, y se genera una sobrecarga para el resto de los colegas", agrega el comunicado.

Asimismo, según relataron los mismos trabajadores del PMA, este es "distinto a las demás unidades, realizamos viajes a todas las comunas y localidades de la región, de costa a montaña, y no se pagan los cometidos a tiempo, nuestras compañeras conducen mas de 9 horas para llegar a las localidades a ver a nuestros representados".

Paro nacional

Movilización que también se extiende tanto hacia las regiones del norte como Tarapacá y Arica y Parinacota como al resto del país. Ante ello, Carmen Velásquez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (Afucajta), la cual comprende las tres regiones del norte del norte grande, explicó que las movilizaciones, son parte de demandas históricas.

"El año 2023 se logró hacer un acuerdo con el Ministerio de Justicia porque las corporaciones a nivel nacional logramos efectivamente firmar un protocolo de acuerdo que se llama de homologación. Nuestros trabajadores hacen, a nivel nacional la misma función, pero con distinta remuneración y se logró ese acuerdo con el ministerio para hacer el pago hacer un acercamiento de brecha de los no profesionales", dijo la presidenta de la Afucajta.

Mientras que, respecto a la sobrecarga que existe en los funcionarios, Carmen Velásquez reconoció que la Corporación "no lo ha manejado, no ha existido una gestión ni de la corporación que sería la Dirección General, ni del Ministerio".

"En Antofagasta el programa Mi Abogado tiene que cubrir toda la región, es decir que tienen que tener asistencia presencial en tribunales que no están en la en la misma ciudad y también a los niños y niñas adolescentes que están fuera de la ciudad. Eso significa una un tener que trasladarse sin tener recursos", añadió.

Homologación de cargos

Dentro de otros acuerdos con el Ministerio de Justicia que no se han cumplido está la homologación de ciertos cargos, así lo dio a conocer Eduardo Díaz, presidente regional de Afucajta.

"Estamos en un proceso de homologación de cargos que de los de los del estamento tanto técnico o administrativo como profesional y si bien se inició ese proceso, no se cumplió a cabalidad y no se comenzó a analizar la homologación de la planta profesional. Eso significa que a las mismas funciones no todos tenemos las mismas remuneraciones", relató.

Por ello, los funcionarios de la Corporación señalaron que inicialmente se trataría de un paro de advertencia, pero que se repetirá durante las próximas semanas.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la condena contra la Municipalidad de la comuna, ordenando el pago de $458.305.984 al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) por los costos generados tras la paralización de las obras en la Avenida Ejército.

El fallo, dictado de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, ratificó la sentencia del Cuarto Juzgado Civil de Antofagasta, que estableció que funcionarios municipales incurrieron en una falta de servicio al detener el proyecto en marzo de 2020, exigiendo un permiso de urbanización que no correspondía.

Según el fallo, "se acreditó que el retraso en la ejecución de las obras se debió a que funcionarios municipales paralizaron el proyecto exigiendo requisitos al Serviu y a la empresa constructora, en contravención a las normas legales vigentes y sus propios actos. Esta conducta fue calificada como negligente debido al nivel técnico y de conocimientos que deben poseer los funcionarios municipales involucrados en la etapa de diseño y ejecución del proyecto 'Mejoramiento Avenida Ejército entre H. Ávila y Ruta 28, Antofagasta'".

Tres personas fueron formalizadas en Tocopilla tras un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió desarticular puntos de venta de droga en la comuna. Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras que el tercero quedó sujeto a medidas cautelares.

La intervención policial, denominada "Operación Reflejo", se llevó a cabo en el marco del Modelo Territorial Cero (MT-0) y permitió allanar viviendas en los sectores San Pedro y 18 de Septiembre. En los inmuebles, utilizados para la venta de drogas, se incautó pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína y dinero en efectivo.El fiscal jefe de Tocopilla, Andrés Godoy Rojas, explicó que la investigación realizada junto a la Bicrim permitió identificar domicilios donde se comercializaban sustancias ilícitas a nivel barrial.

"A través de distintas técnicas investigativas, logramos comprobar el tráfico de drogas en estos inmuebles, lo que permitió solicitar las órdenes judiciales necesarias para concretar los allanamientos", detalló.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía imputó a dos de los detenidos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades y al tercero por tráfico de drogas. Ante esto, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para dos de ellos por considerar que representan un peligro para la seguridad de la sociedad, medida que fue concedida por el Juzgado de Garantía. El tercer imputado quedó con arraigo nacional y firma mensual.