La semana pasada concluyó la etapa probatoria de la causa que busca la remoción del alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez presentada por seis concejales en el Tribunal Electoral Regional (TER) por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa.

En las audiencias realizadas el 23 y 24 de octubre, por la parte requerida declararon diez testigos. Dentro de ellos, el director de Secoplan, Felipe Guzmán, la administradora municipal Yessael Leiva, el director de Secoplan, Felipe Guzmán, el director de Seguridad Pública Luis Fres, el abogado de gabinete de alcaldía, Miguel Araneda, el jefe del departamento de Estudios y Diseño de Secoplan Claudio Quinquincha , el abogado de jurídica, Raúl Arán y el secretario ejecutivo de la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) Erik Portilla, quienes abordaron los catorce puntos que considera la acusación.

Mientras que por la parte requirente lo hicieron la concejal Paz Fuica, la exdirectora de Control Cecilia Aqueveque, el exdirector jurídico Marco Ascencio; y el director de un medio local, Cristian Reyes.

De acuerdo al acta testimonial de la causa del TER, Quinquincha descartó que haya habido alguna ilegalidad en la gestión del exvertedero La Chimba, destacando los avances alcanzados en el tema.

En tanto, el abogado Miguel Araneda aseguró que el alcalde no instruyó asumir el patrocinio en las causas personales que lo involucraban (dentro de ellas, la de la profesora), y que habría sido una decisión del director de jurídica de la época.

El jefe del Departamento de Estudio y Diseño de Secoplan Claudio Quinquincha descartó que el alcalde haya incurrido en ilegalidades en la gestión del exvertedero "La Chimba". "No veo que haya cometido alguna ilegalidad, dado que, él continuó varios procesos que venían de gestiones y administraciones anteriores y que, durante el periodo que él ha estado como alcalde, ha desarrollado las acciones que se han ido coordinando con otros servicios públicos, como tareas que la municipalidad tenía que ir cumpliendo. Como, por ejemplo, el contrato con una empresa de guardias para el vertedero", indicó. Asimismo, menciona los procesos para licitar el plan de remediación realizados desde el municipio. "En el año 2023, nuevamente se licita, que es la que está actualmente el 2024, entonces, el proceso de generar intervenciones hacia el vertedero, sí se han llevado a cabo y ha sido continuo desde años atrás", recalcó.

Respecto a la efectividad que Velásquez incurrió en graves omisiones en el manejo contractual del local comercial que ocupa la empresa McDonald´s, emplazado en una concesión marítima bajo administración municipal, el abogado del equipo jurídico, Raúl Arán comentó que el sector de McDonalds tenía un contrato de arriendo a 20 años, por un monto cercano al millón de pesos, el cual concluía al terminar la concesión, que fue renovada el año 2020, y en ese año se celebraron diversos contratos con la empresa Arcos Dorados, representante de McDonald's. "Se celebra un contrato siempre de forma desfasada, pues cuando inicia el tema con esta empresa, siempre fue después de renovada la concesión, se renueva la concesión y recién se pudo legalizar", indicó. Agrega que a la fecha se encuentran aprobados todos los decretos, que regularizan a lo menos, hasta diciembre del 2024 los arriendos con McDonald's, y que a la fecha no mantendría deudas con el municipio.

En cuanto a si el alcalde incurrió en ilegalidades a raíz del contrato entre la Corporación Cultural de Antofagasta (CCA) para el Festival de Antofagasta 2023 por un monto de $600 millones, el director ejecutivo de la CCA, Erik Portilla indicó que "no hay ninguna ilegalidad y si bien es cierto tuvimos observaciones desde control, estas fueron contestadas en su momento y adjuntada la documentación que requería la dirección de control", indicó. Sobre la falta de las credenciales de los guardias, Portilla indicó que al ser notificada la productora en tiempo y forma por la Corporación, la empresa presentó sus descargos a las multas, y que tras la investigación que realizaron se estableció que no contaban con las credenciales, ya que en pandemia se dejaron de imprimir, por lo que no fueron exigidas. "Solo que tuviera OS 10 al día, lo que bastaba para que ejercieran como guardias de seguridad", precisó.

Sobre la efectividad de que el alcalde empleó para sus litigios personales los servicios de abogados del municipio, el abogado de gabinete de alcaldía Miguel Araneda dijo que las notificaciones de las causas, recursos de protección respecto del Diario Antofagasta y de una profesora, las notificaciones que llegan por oficina de partes o al despacho del alcalde, "la regla general" es que estas sean derivadas directamente a la dirección jurídica para que evalúe la gestión a llevar a cabo. Respecto de las notificaciones de estos recursos de protección aseguró que no fueron notificados personalmente al alcalde ni tampoco ingresaron por oficina de partes. "El alcalde en estos dos recursos, no instruyó formalmente asumir la representación o patrocinio de esas causas, entiendo que fue una toma de decisión del director jurídico de la época, desconozco qué consideraciones tuvo presente para encomendar a sus subalternos asumir estas defensas", declaró.

La Mesa de Seguridad Ciudadana conformada por 42 organizaciones de la sociedad civil organizó un conversatorio con los candidatos a alcaldes por Antofagasta, el cual se realizará este jueves 3 de octubre, a las 16:30 horas en la Sociedad Protección Mutua la Mujer, ubicada en calle Sucre 828, centro de la ciudad.

El evento contará con dos momentos clave. En el primero, cada candidato presentará tres de sus ejes principales, uno de los cuales deberá estar enfocado en seguridad.

Asimismo, se formalizará la firma de una carta de compromiso por parte de los candidatos, la cual incluirá aspectos que la ciudadanía considera de vital importancia, como la vinculación real con las autoridades comunales para mejorar la calidad de vida y la seguridad de los habitantes, y el cumplimiento de la probidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

Mesa ciudadana

La Mesa de Seguridad Ciudadana surgió en junio del 2022 en respuesta al creciente aumento de la violencia en la comuna, generando un estado de inseguridad en diversas áreas de la ciudad.

Las organizaciones que la componen acordaron como objetivo principal trabajar de manera transversal en temas de seguridad, fomentando un vínculo directo con las autoridades para de esta manera establecer un diálogo sobre las realidades que enfrentan los barrios, así como también las necesidades y preocupaciones de las comunidades.