Crece incertidumbre por evaluación de proyecto de cámaras de televigilancia
GOBIERNO REGIONAL. El revés que tuvo el GORE y la DPR en la última sesión del Core sigue latente. Todo indicaría que el debate de la iniciativa se retrasará.
Siguen las repercusiones luego del revés del Gobierno Regional y la Delegación Presidencial, en la votación del proyecto "Adquisición de Cámaras Televigilancia y LPR con IA, en Antofagasta, Calama y Tocopilla", cuyo monto asciende los $17 mil millones y generó un tenso ambiente en la última sesión encabezada por Ricardo Díaz, antes de su alejamiento para asumir la campaña a la reelección.
Entre las principales críticas a la iniciativa, los consejeros regionales consultados expresaron sus dudas frente al cuantioso monto implica la implementación del proyecto. En la última sesión se deslizó que la iniciativa podría ser revisada hoy otra vez, por parte de la comisión ampliada.
"He solicitado, como presidente de la comisión de seguridad, que se convoque a una nueva comisión para el 1 de octubre, tal como lo manifestamos en la sesión del jueves pasado, invitando a Carabineros, DPR y Gore", comenta el consejero Fabián Ossandón (ind.).
No obstante, algunos consejeros regionales afirmaron en reserva que la reunión podría aplazarse, puesto a que hoy es la víspera a la visita del Presidente Gabriel Boric a la región y tanto la DPR como Carabineros deben atender los requerimientos de la agenda presidencial.
Pero esa no sería la única razón por la que podría retrasarse la discusión. Uno de los argumentos levantados por los consejeros regionales es la comparación con un proyecto de la Región de O'Higgins con características similares, y cuyo costo fue de $9 mil millones.
Por lo anterior, deslizan algunos consejeros, la propuesta podría enviarse a reevaluación del Ministerio de Desarrollo Social, si es que los montos no coinciden al del mercado.
Opiniones cruzadas
Para el consejero Víctor Guzmán (PC), manifiesta que era "innecesario hacer público las diferencias" con el proyecto de O'Higgins. Esto, argumenta, podría provocar un daño "muy grave" a la institucionalidad.
"Lo correcto hubiera sido bajar el punto y señalar que había dudas. Pero en la comisión nunca se dijo las diferencias con otro proyecto. Sí se vio que faltaban antecedentes con respecto a los lugares donde se instalarían. No había diferencias sobre el presupuesto. Eso es un punto muy diferente".
En esa línea, la consejera Andrea Merino (PS) subraya que "la política es un medio para resolver problemas y no para ocasionarlos, así que es muy simple" y fundamenta que la iniciativa es requerida con urgencia en Antofagasta, Calama y Tocopilla, "tanto por la comunidad como las policías y la fiscalía, para los procesos investigativos".
La consejera concluye reafirmando su voto a favor.
Mientras, el consejero Ossandón aclara que "entendemos la urgencia en materia de seguridad y la magnitud de la inversión millonaria que se está solicitando aprobar". Por esto, agrega, "los proyectos no pueden aprobarse de manera apresurada, más en una región que ha sido tristemente reconocida a nivel nacional por mal uso de recursos públicos, con casos de corrupción como los convenios, las empresas exprés y ProCultura. Esto hace que los niveles de revisión y fiscalización que los consejeros aplicamos sean más rigurosos".
En esa línea, su par Carolina Moscoso (PSC), explica que "es crucial considerar la reevaluación de la planimetría y la habilitación de las centrales ubicadas dentro de las comisarías. Además, se debe prestar atención al personal necesario para operar el sistema y los montos propuestos, que muestran ser más elevados en comparación con los precios del mercado. Es fundamental abordar estos puntos para asegurar la efectividad, buen uso de recursos del Estado y la viabilidad del proyecto".
La consejera Katherine San Martín (ind.) asegura que se hicieron "solo dos reuniones y solo con una comisión, no con el consejo ampliado. No todos los consejeros sabíamos sobre este proyecto". Y detalla que una de sus dudas es el mecanismo de contratación, si sería licitación o trato directo.
"Hay que poner mucha atención en cuanto a esto. Cuando vivimos la pandemia, se hicieron tratos directos y muchas adjudicaciones pasaron por una visación casi directa y muy rápida. Hoy día vivimos una crisis de seguridad, y en nombre de la seguridad no se pueden hacer las cosas de manera tan mal pensada. Prefiero demorarme lo que sea necesario, pero se adjudique de la manera correcta", comenta.
Coincide su par, Gustavo Carrasco (ind. - PPD): "No voy a aprobar una iniciativa de la cual necesito, primero, tener claridad 100% al respecto, más allá de la inversión y más allá de lo prioritario que es la seguridad. No podemos poner como argumento la necesidad de la urgencia. Una cosa es hacer las cosas bien, entendiendo la urgencia, pero hacerlas como corresponde. Y ese 'como corresponde' es conocer en detalle lo que significa este proyecto".