Alfredo Larreta Granger asumió hace dos meses como abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Antofagasta, luego de que Carlos Bonilla dejara este cargo que desempeñó durante más de 37 años.

En conversación con El Mercurio de Antofagasta, el

abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Derecho de los Mercados Financieros abordó los desafíos del CDE mencionando dentro de estos, el reforzamiento de su capacidad de acción para la persecución oportuna de delitos de corrupción, además de un adecuado desarrollo del rol del CDE en los litigios relativos a las actividades mineras, y continuar reforzando su labor en la defensa y protección del patrimonio ambiental.

Asimismo, profundizó en el rol que ha tenido el CDE en el caso Convenios destacando, por ejemplo, en materia penal, que el Consejo ha presentado tres querellas en Antofagasta, principalmente por delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho y apropiación indebida, y que en el caso de la región las acciones se enmarcan en las investigaciones en curso relacionadas a las fundaciones Democracia Viva, Procultura y Tomarte.

¿Cuáles son los desafíos del Consejo de Defensa del Estado en Antofagasta?

-El reforzamiento de nuestra capacidad de acción para la persecución oportuna de delitos de corrupción es uno de ellos. El Consejo se ha propuesto desarrollar un enfoque multidisciplinario que permita abordarla de forma integral, no solo desde una perspectiva jurídico penal, sino también desde una mirada financiera, contable y presupuestaria. A nivel regional, incrementaremos las iniciativas de coordinación y colaboración con organismos claves como la Contraloría, la Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones.

Además, nos preocuparemos especialmente del adecuado desarrollo del rol del CDE en los litigios relativos a las actividades mineras, mediante una mirada global que no se limite solo a la constitución de servidumbres, sino que permita abarcar todos los aspectos en que al Consejo le corresponde intervenir, en vista que se trata del sector productivo más importante del país (...).

En relación con la defensa y protección del patrimonio ambiental, continuaremos reforzando la labor que desarrolla la Unidad de Medio Ambiente del servicio, promoviendo la coordinación y colaboración en el foro regional entre organismos públicos con competencia ambiental, rol que el CDE ha logrado articular, con oportunidad y eficacia, para la presentación de demandas de reparación y para la persecución de delitos contra el medioambiente, entre los que se incluyen las nuevas figuras penales ambientales y aquellas que nuestro organismo ya se encontraba persiguiendo, como la afectación de monumentos nacionales; el tráfico de residuos peligrosos; loteos y urbanizaciones ilegales, entre muchas otras.

Caso convenios

Sobre el Caso Convenios, ¿se presentarán nuevas querellas o se sumarán a las ya presentadas?

- La labor desarrollada por el Consejo para el estudio y definición de las estrategias con que se han abordado estos asuntos muestra resultados concretos. Nuestras actuaciones en distintas regiones del país han sido eficaces. Hemos mantenido una estrecha comunicación con las fiscalías y coordinado el ejercicio de nuestras atribuciones penales y civiles para intervenir en aquellos casos que revisten carácter de delito, así como para obtener la restitución de los recursos fiscales a través de medidas precautorias prejudiciales.

El Comité Penal del Consejo, las procuradurías fiscales en regiones y la Unidad de Coordinación Judicial de la División de Defensa Estatal mantienen en constante vigilancia más de 100 investigaciones penales. En el ámbito civil, hemos aumentado sostenidamente el número de acciones ejercidas en virtud de requerimientos de aquellos servicios públicos que efectuaron este tipo de transferencias, principalmente, secretarías regionales de Vivienda y Urbanismo y gobiernos regionales.

En materia penal, el Consejo ha presentado nueve querellas, tres de ellas en Antofagasta, principalmente por delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, cohecho y apropiación indebida. Las querellas que hemos interpuesto son nominativas y se dirigen contra 76 personas, naturales y jurídicas. En el caso de esta región, nuestras acciones se enmarcan en las investigaciones en curso relativas a las fundaciones Democracia Viva, Procultura y Tomarte. El avance de los procesos nos ha permitido determinar nuevas acciones. En febrero pasado, por ejemplo, ampliamos la querella presentada en la causa de Democracia Viva.

Cabe hacer presente que el Consejo ha interpuesto querellas criminales en todas las causas en que el Ministerio Público ha formalizado la investigación, lo que da cuenta de la seriedad y robustez de nuestros fundamentos.

Me parece importante subrayar, también, lo realizado en materia civil. A la fecha, el Consejo ha presentado 15 acciones de restitución de fondos, respecto de las cuales, se ha logrado retener un monto de $1.169.932.879. De estas acciones, nueve se han interpuesto ante tribunales de la Región de Antofagasta, dirigidas contra seis entidades: Democracia Viva, Procultura, Fibra, Tomarte, Urbanismo Social y Campamento de Ideas.

Asimismo, hemos presentado nueve acciones de disolución y cancelación de la personalidad jurídica de determinadas entidades a requerimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fundadas, principalmente, en el incumplimiento del objeto social de sus estatutos, ocho de las cuales se encuentran en etapa de tramitación y una con sentencia favorable al interés fiscal. Me refiero al fallo que a comienzos de mayo pasado acogió la solicitud del CDE y ordenó la disolución y cancelación de la personalidad jurídica de la fundación Democracia Viva.

Democracia viva

¿Cuáles son los avances respecto al caso Democracia Viva?

-Restando aproximadamente solo un mes para el vencimiento del plazo otorgado para la investigación penal en esta causa, la primera de este tipo de asuntos que salió a la luz pública, las actuaciones del Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Antofagasta, dan cuenta del oportuno ejercicio de sus atribuciones penales y civiles. Es así, que el 26 de julio del 2023, se solicitó la medida prejudicial precautoria de retención de bienes contra la fundación Democracia Viva, por un monto de $391.768.516, solicitud que fue acogida por el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Antofagasta.

El 27 de julio 2023 se logró la retención de $294.957.312, únicos dineros disponibles en la cuenta corriente de la fundación, mientras que el 29 de agosto 2023 se presentó una demanda civil de restitución de fondos contra la fundación por la suma de $391.768.516. Actualmente, la causa se encuentra en estado de resolver los recursos de reposición interpuestos por el CDE y la demandada contra la resolución que recibió la causa a prueba.

Mientras que el 1 de septiembre 2023 se presentó una querella criminal por el delito de fraude al Fisco en contra de Carlos Contreras y Daniel Andrade, y el 13 de febrero 2024 se presenta ampliación una querella en contra de Paz Fuica Contreras por el delito de fraude al Fisco.

Causas medioambientales

¿Cuál ha sido el aporte del Consejo de Defensa del Estado en torno a causas relacionadas con reparación ambiental?

- Sin lugar a duda, ha sido creciente y sustancial para la obtención de altos estándares de reparación del medioambiente. Su defensa y protección, en representación del interés público, constituye uno de los ejes de nuestra planificación estratégica, que se concreta en una diversa gama de asuntos que integran materias y normativas que consideran componentes ambientales.

Resulta medular en esta labor el trabajo coordinado entre la Unidad de Medio Ambiente del Consejo, las procuradurías fiscales y los comités Laboral Medioambiental y Penal. De esta manera, se estudian y construyen estrategias en asuntos de elevada complejidad técnica y jurídica, de carácter multidisciplinario, que se tramitan ante distintos tribunales del país.

Tenemos legitimación activa para ejercer la acción de reparación de daño ambiental. En efecto, el Consejo es la entidad que ha presentado el mayor número de demandas de reparación a lo largo del país. Ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, por ejemplo, hemos perseguido la reparación de daños provocados en salares, como consecuencia de actividades mineras. En el último trienio, puedo mencionar los procesos iniciados a partir de nuestras demandas dirigidas contra quienes dañaron los salares de Atacama, Pedernales, Punta Negra y, recientemente, respecto del salar de Surire (...).